PROTECCIӓN PARA HIJOS DE NADIA, VíCTIMA DE FEMINICIDIO EN EDOMEX

Piden a procurador mexiquense información sobre investigación

Por Guadalupe Cruz Jaimes, enviada

Toluca, (CIMAC).- Marí­a Antonia Márquez, madre de la ví­ctima de feminicidio, Nadia Alejandra Muciño, solicitó al procurador General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alfredo Castillo Cervantes, que le informe sobre lo que ha hecho la dependencia a su cargo para cumplir con la orden de aprehensión en contra de Bernardo López Gutiérrez, uno de  los dos presuntos homicidas de su hija, así­ como medidas precautorias para los hijos de Nadia.

En una breve reunión realizada esta mañana en Toluca, con Italy Desiree Ciani Sotomayor, titular de la Subprocuradurí­a Especializada en Delitos Contra Mujeres, Marí­a Antonia Márquez entregó la petición solicitando estas medidas pues sus nietos (los hijos de Nadia) son los únicos testigos presenciales del asesinato y por lo tanto teme por su integridad fí­sica y psí­quica, señaló a Cimacnoticias Alejandro Rojas, coordinador del írea Jurí­dica, de la Oficina de Defensorí­a de los Derechos de la Infancia.

Nadia Alejandra fue asesinada por su esposo, Bernardo López Gutiérrez -ayudado por su hermano Isidro apodado “Matute”- ante su hija de 2 años y sus hijos de 4 y 5 años de edad, únicos testigos del homicidio cometido el 12 de febrero de 2004 en Villa Nicolás Romero, Estado de México.

De 2005 a 2010 922 mujeres han sido asesinadas en la entidad.
En 523 asesinatos (56.7 por ciento) se desconoce al asesino, de acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio obtenidas de la PGJEM.

En 2005 se registraron 98 homicidios dolosos, en 2006, 138; en 2007; 161; para 2008, 176; en 2009, 205; y hasta agosto de 2010 se denunciaron 144. El 54 por ciento de los asesinatos se concentran en 10 municipios mexiquenses.

Respecto a la orden de aprehensión en contra de Bernardo López, Alejandro Rojas, representante legal de Marí­a Antonia Márquez, señaló que la tardanza de 6 años para arrestar a un acusado de homicidio doloso es “demasiado” y se debe a que “o no se trabaja o se trata de incompetencia en la institución, incluso de corrupción”.

Por ello, solicitaron a Castillo Cervantes que entregue información por escrito y detallada por mes y año del desarrollo de la orden de aprehensión así­ como el nombre de la persona encargada de la investigación.

La solicitud pide también que la Procuradurí­a General de la República apoye a la autoridad mexiquense en el marco de los convenios de colaboración y “se aboque a la orden de aprehensión para se inicie un proceso en contra de Bernardo López Gutiérrez”.

Marí­a Antonia Márquez también pidió que se investigue a los magistrados que dejaron en libertad a Isidro López Gutiérrez “Matute”, quien en 2009 fue condenado a más de 40 años de prisión por el asesinato de Nadia.

Cabe recordar que después de que Isidro López fue condenado, apeló la sentencia y fue absuelto por la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado, “quienes descalificaron el testimonio de los niños por ser niños, si dichas declaraciones hubieran sido rendidas por adultos, los homicidas estarí­an presos”, detalló Alejandro Rojas.

La solicitud a la PGJEM consiste en que se investigue la actuación de los magistrados para que sean sancionados si resulta que no procedieron conforme al principio de justicia, y “los resultados se reflejen en su permanencia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado”.

Marí­a Antonia Márquez y Alejandro Rojas, dieron a conocer las peticiones y denuncias hechas ante la PGJEM a la subprocuradora quien se comprometió a dar seguimiento a las solicitudes.

Al término de la breve reunión, la madre de Nadia Alejandra señaló a Cimacnoticias que espera que las autoridades “cumplan con su trabajo, que investiguen y posibiliten el acceso a la justicia, que no la obstaculicen”, como ha ocurrido hasta ahora, motivo por el que en octubre del año pasado, Marí­a Antonia Márquez, acompañada de organizaciones defensoras de derechos humanos, presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

*

*

Top