Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF.(CIMAC).- El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) llamó al Senado a aprobar la iniciativa de reforma a la nueva Ley de Migración, que entre otras disposiciones deroga el artí­culo 93, el cual criminaliza a esta población en su estancia en México y expone a las migrantes a sufrir violencia.

Gretchen Kuhner, coordinadora del Programa Mujeres en Migración del Imumi, aseguró que si la propuesta es avalada “será positiva” principalmente para las mujeres migrantes, ya que el artí­culo 93 actualmente permite que sus parejas las acusen penalmente ante el Instituto Nacional de Migración (INM) por comisión de delitos, cuando ellas se atreven a denunciar que son ví­ctimas de violencia.

A pesar de haber sido defendida como una ley que protege los Derechos Humanos de las y los migrantes en México, la actual Ley de Migración contiene disposiciones que criminalizan y discriminan a las personas extranjeras.

Muestra de ello es el artí­culo 93, el cual señala que “el instituto recibirá y atenderá las denuncias formuladas en contra de extranjeros por la presunta comisión de delitos, las cuales deberá turnar en forma inmediata a la autoridad competente”.

Kuhner explicó que esa disposición legal “fomenta la discriminación porque permite a civiles denunciar a migrantes por ser migrantes, no hay una justificación para acudir al INM cuando deberí­an acudir al Ministerio Público”.

Cuando las personas migrantes son mujeres la situación se agrava, advirtió. “Hemos documentado casos en que ellas son acusadas por sus esposos de cualquier delito, en venganza porque los denunciaron o se alejaron de ellos por violencia familiar”, comentó.

EL CASO DE LAURA

Laura, de origen venezolano, es un claro ejemplo de esa situación, narró la activista. Ella conoció a Antonio –de nacionalidad mexicana– en su paí­s, donde se casaron y tuvieron una hija en 2004. En ese año viajaron a México para establecer su residencia; aquí­ el INM autorizó su estancia como dependientes económicas de su cónyuge.

Poco tiempo después, Antonio comenzó a agredirla fí­sica y psicológicamente, le quitó su pasaporte y forma migratoria, así­ como los documentos de identificación de su hija.

Después de llegar al hospital en varias ocasiones y pese a la amenaza del mexicano de denunciarla para que la deportaran, la venezolana lo acusó de violencia familiar en un Centro de Atención a Ví­ctimas de Violencia Intrafamiliar e inició su trámite de divorcio.

Laura solicitó al INM que su estatus migratorio cambiara para que le autorizaran trabajar en México. En este proceso la venezolana pidió ayuda a su embajada, pero ésta se la negó.

Como represalia, en 2007 Antonio la denunció penalmente ante el INM por robo. El instituto la buscó para informarle que debí­a demostrar que su estancia era regular y desmentir lo denunciado, luego el INM verificarí­a el procedimiento y posteriormente darí­a a conocer su resolución a las autoridades.

Durante los últimos cinco años, Laura enfrentó múltiples obstáculos para defender sus derechos. Finalmente logró divorciarse y obtuvo una sentencia favorable para que Antonio pague la pensión alimenticia de su hija.

URGE REFORMA

En 2010 fueron deportadas 8 mil 663 mujeres migrantes a sus paí­ses de origen, reportó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Según la CNDH, entre 2005 y 2011 del total de las tres mil 997 quejas de migrantes, el 19.4 por ciento son de agravios cometidos contra mujeres.

Kuhner lamentó que la historia de la venezolana se siga repitiendo, debido a que la nueva Ley de Migración mantiene en el artí­culo 93 “lo relacionado a las denuncias formuladas en contra de extranjeros por la comisión de un delito, ya que nuevamente pone en desventaja y en situación de vulnerabilidad a las migrantes, quienes pueden ser ví­ctimas de civiles (esposo, compañeros, empleadores u otros)”.

Por ello convocó a que la iniciativa de reforma a la ley, presentada el mes pasado por las bancadas del PRD y PRI, “se discuta en breve, cuando las y los senadores reinicien labores”, apuntó. Cabe recordar que mañana 4 de enero se instala la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el Senado.