Senadores del PRD propusieron reformar la Ley Federal de Radio y Televisión para establecer el derecho de los medios electrónicos de servicio público de financiar su operación con ingresos adicionales al presupuesto público, a fin de que puedan resolver con éxito la transición digital.

Mediante una iniciativa, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografí­a, Antonio Mejí­a Haro, y el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Carlos Sotelo Garcí­a, plantearon un modelo mixto de financiamiento para los medios públicos y comunitarios; es decir, que éstos puedan recibir recursos públicos, pero también donativos, en dinero o en especie, hechos de manera libre y voluntaria por personas fí­sicas o morales de nacionalidad mexicana.

Además, la propuesta plantea la venta de productos y/o servicios acordes con su capacidades tanto legales como operativas; patrocinios; proyectos de financiamiento y convenios de co-inversión con otras dependencias y entidades de la Federación o de las entidades federativas.

De este modo, explicó el senador Antonio Mejí­a Haro, se mantiene como forma principal la responsabilidad del Estado en el mantenimiento, desarrollo y promoción de los medios públicos, pero se abren los mecanismos para adquirir recursos para invertir en infraestructura y equipamiento necesarios para la transición digital de la radio y la televisión.

Al presentar la propuesta ante el Pleno del Senado, el legislador por Zacatecas señaló que el objetivo es “permitir que los medios públicos afronten con éxito el apagón analógico que obligatoriamente tendrán que cumplirse”, por lo que también planteó crear un fondo público para financiar la migración y transición digital de las estaciones de radio y televisión de servicio público.

“Es necesario proveer a los medios públicos de los recursos suficientes para que lleven a cabo los cambios necesarios para constituirse en una opción competitiva en el nuevo marco global de la comunicación en la era digital.

“Indudablemente que el empeño debe consistir en legislar el andamiaje jurí­dico necesario para garantizar que la aplicación de las nuevas tecnologí­as  se convierta en detonante para la democratización de las comunicaciones, y no en nueva fuente de exclusión”, concluyó.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografí­a, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.