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Zacatecas, Zac.- Diputados de la LX Legislatura del Estado, presentaron este martes 21 de marzo, una iniciativa con proyecto de decreto para crear la Fiscalí­a General del Estado y se propuso tipificar en el Código Penal de la entidad, el delito de “halconeo” y busca implementar penas de dos a diez años de prisión y multas de 200 a 400 cuotas de salario mí­nimo “a quien aceche

Bañuelos de la Torre a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó dicha iniciativa y destacó que en los últimos años en el estado se ha venido desempeñando una figura delictiva, el “halconeo”, la cual mina considerablemente la eficacia de las fuerzas armadas en la calle, pues resulta sumamente complicado poder armar una operación sorpresa con tantos ojos reportando cada paso que dan.

Mencionó asimismo que algunos estados como Nuevo León, Tabasco, Nayarit, Colima y Tamaulipas; que son severamente golpeados por el narcotráfico ya legislaron sobre el tema y ahora es considerado como delito. Y es aseguró, la delincuencia organizada incluyó dentro de su estructura criminal a los llamados “halcones”, quienes son los encargados de vigilar los movimientos de los cuerpos policiacos, la Armada y el Ejército.

Destacó que por ví­a radio o teléfono celular, los “halcones” se comunican entre sí­ y reportan cada operativo, cada retén y cada patrullaje en la ciudad donde se encuentren y así­ prevenir que los sicarios sean descubiertos en algún hecho delictivo. Generalmente los “halcones” son enviados primero a un lugar donde se va a cometer un levantón, secuestro o ejecución; para asegurarse que sea una zona segura para ellos y libre de cualquier presencia policiaca.

Refirió que no solo se debe combatir el “halconeo” por el daño que hace a las operaciones militares sino por sobre todas las cosas, debido a las repercusiones que tiene en la descomposición social, quien además subrayó que son innumerables los casos de jóvenes que fueron contratados como “halcones” y que hoy desempeñan funciones de sicarios dentro de los cárteles argumentó la legisladora, por lo que es urgente legislar sobre el tema.

Con la iniciativa propuesta se contempla implementar una pena de dos a diez años de prisión y multa de doscientas a cuatrocientas cuotas a quien aceche, vigile o realice actos tendientes a obtener información sobre la ubicación,  actividades,  operativos y en general, las labores de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o la ejecución de penas. La pena será superior hasta en la mitad de la sanción privativa de la libertad que le corresponda a quien para cometer dicho delito, utilice vehí­culos  de transporte de servicio público.

PROPONEN CREAR LA FISCALíA GENERAL DEL ESTADO

Por su parte, el diputado Xerardo Ramí­rez (Partido Verde Ecologista) a nombre propio, así­ como del legislador Jorge ílvarez Máynez (PRI), presentó al pleno la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual pretenden reformar la constitución polí­tica del Estado, para crear un órgano autónomo denominado Fiscalí­a General del Estado.

En México existe una gran inquietud sobre la transformación y evolución del Ministerio Público, por ser la única institución facultada para hacer funcionar la maquinaria del proceso penal mencionó Ramí­rez Muñoz, por lo cual es de suma importancia vigilar y garantizar su actuación, a fin de hacer respetar todas y cada una de las garantí­as de las a personas sujeta a proceso.

Debido a la importancia que tiene la actuación del Ministerio Público, así­ como la injerencia directa del Poder Ejecutivo en el nombramiento y sobre todo en la destitución del titular, se originan una serie de concepciones en las cuales se cree que es necesario un desprendimiento del Poder Ejecutivo, así­ como de dotar de mayores facultades al Ministerio Público, que le permitan una verdadera profesionalización y sobre todo consolidarse como un órgano constitucional autónomo.

Chiapas es un antecedente en el tema, ya que en noviembre del 2004 se realizaron distintas reformas a la Constitución Polí­tica de aquel Estado, en el cual se constituyó al Ministerio Público como un órgano autónomo denominado  “Fiscalí­a General del Estado de Chiapas”, misma que contaba  con  Ley Orgánica y Reglamento General propios. Sin embargo la propuesta original de autonomí­a se vio dañada porque  el fiscal general era propuesto por el Gobernador del Estado y designado por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la Legislatura Local,  lo que permitió que el nuevo órgano quedara a cargo exactamente del mismo personaje que fungí­a como titular de la Procuradurí­a General de Justicia de aquel Estado.

Con la iniciativa propuesta por los legisladores locales, en Zacatecas el ministerio público tendrí­a la obligación de dirigir la investigación de los hechos que la ley señale como delitos; ejercitar la acción penal ante los tribunales y adoptar medidas para proteger a las ví­ctimas y testigos, conforme a lo previsto por las leyes correspondientes. Para el cumplimiento de su objeto el Ministerio Público estarí­a a cargo de la Fiscalí­a General del Estado, el cual serí­a el órgano con autonomí­a técnica y de gestión y que se auxiliará de la policí­a ministerial, la cual estará bajo su autoridad y mando inmediato, así­ como de las instancias policiales y de seguridad tanto públicas como privadas, de acuerdo con lo que establezcan las leyes.

El Fiscal General del Estado será designado por la Legislatura local, y durará en su cargo ocho años y podrá ser removido únicamente a solicitud del Consejo de la Fiscalí­a o del Poder Legislativo, siempre y cuando se encuentre en los supuestos y términos de la ley.