EL IFE VS CIUDADANOS Y PARTIDOS

Análisis Polí­tico

Gabriel Contreras Velázquez

El martes 6 de marzo del presente año, Manuel Clouthier Carrillo, diputado federal con licencia e hijo del opositor electoral en las elecciones presidenciales de 1988, Manuel “Maquí­o” Clouthier del Rincón, soltó ante los medios de comunicación su postulación por una “candidatura ciudadana” a la presidencia.

Dos de sus declaraciones son clave, para entender el conflicto en el que se encuentra el Instituto Federal Electoral. Dijo que “he llegado a esta decisión después de un análisis y conclusión de que el paí­s está en crisis. Los partidos polí­ticos y el sistema polí­tico están en crisis, y México está en crisis.”

Cualquier podrí­a sostener que como buen diputado con licencia, después de haber gozado la beneficencia abrupta del erario público “es más de lo mismo”. Sin embargo, cuando se sigue su trayectoria polí­tica como diputado o como ex miembro del Partido Acción Nacional, puede concederle el beneficio de la duda a sus palabras y acciones.

El postulante recuerda a su padre cuando explica el por qué de buscar una candidatura. “Así­ como Maquí­o, mi padre, abrió un boquete al sistema, el sistema monopólico de partido que existí­a, hoy es necesario hacerle un nuevo boquete al sistema.”

Sobre amenaza, no hay engaño. El IFE, la institución electoral de mayor trascendencia en el sistema polí­tico mexicano, tiene un reto importante: si se sustenta como un organismo público, autónomo y ciudadano, habrá de vigilar y garantizar, hasta sus últimas consecuencias, los derechos polí­tico electorales del ciudadano Manuel Clouthier.

Ahora bien, este proceso polí­tico comienza el 10 de junio de 2011, con la reforma al artí­culo 1° constitucional en materia de derechos humanos y otros tratados internacionales. Como consecuencia, la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos se “armoniza” con aquellas convenciones y tratados con otros paí­ses.

El artí­culo 1° indica que “las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano”. En ese sentido, los tratados internacionales establecerán también principios básicos en nuestro paí­s. Dos de esos principios están en juego: votar y ser votado.

El segundo obstáculo con el que sabe se enfrentará Clouthier, es el artí­culo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ese apartado del COFIPE sostiene en su párrafo primero que “corresponde exclusivamente a los partidos polí­ticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a elección popular.”

La lucha de Clouthier muestra los lí­mites temporales de las instituciones del Estado, con respecto a la vertiginosa y compleja realidad social. Ya en otras entregas habí­a aterrizado que si bien la ley define los márgenes del conflicto, la polí­tica le da contexto, temporalidad, y por ende, relevancia al mismo. Y es gracias también a las contradicciones polí­ticas que la ley ostenta vigencia o prescripción.

A menos que al IFE se lo olvide que no tiene plena facultad potestativa, y que sus consejeros no son quienes ofrecen las concesiones a las candidaturas, la institución electoral de nuestro paí­s tiene que replantear sus objetivos, y actuar única y exclusivamente por la vigilancia y el cumplimiento de aquello que marca la ley.

Al mismo tiempo, los especialistas en derecho electoral ya pronunciaron que los consejeros Marco Antonio Baños (muy cercano al PRI), Lorénzo Córdova y Benito Nacif, dado a sus juicios y opiniones respecto a la postura de Clouthier se encuentran recusados, con lo que probablemente pierdan la posibilidad de participar en la votación que desahogue este proceso polí­tico y jurí­dico.

El otro tema que tiene el IFE en evaluación (por ahora), es el que toca al registro de candidatura de Josefina Vázquez Mota. El sábado anterior, Josefina arribó a las instalaciones del IFE para realizar el trámite, al cual anexó algunos documentos que no son requeridos por le legislación, y pidió al consejero presidente incorporarlos a un expediente.

Los documentos sustentan un examen toxicológico y una prueba evaluatoria de polí­grafo. Por su parte el toxicológico acredita que la aspirante presidencial no ha consumido algún tipo de estupefaciente.

Mientras que en el polí­grafo no se identificaron ví­nculos con la delincuencia organizada, así­ como finanzas sanas de la campaña, fuera de recibir recursos o beneficios ilí­citos. También se aclaró que su coordinador de campaña Roberto Gil, está aceptado por el Consejo Nacional de Seguridad.

Los resultados de aquellos exámenes han tomado relevancia ante el inoperante marco jurí­dico del IFE, el cual está sujeto a los pocos acuerdos legislativos del Congreso de la Unión. Al igual que el proceso polí­tico de Manuel Clouthier, los consejeros no pudieron atajar las exigencias mediáticas del presidente Calderón y de su partido (tema que tratamos en Periódico Mirador el 15 de febrero de 2012).

Con esto, la abanderada panista impacta la opinión pública, rebasando polí­ticamente la jurisdicción electoral. Conflicto que amenaza constantemente la credibilidad institucional.

A toda acción… múltiples reacciones.

La semana pasada la sociedad zacatecana atestiguó el evento por el cual el gobernador Miguel Alonso Reyes expidió el decreto de ley para la liquidación de pagos multianuales por prestación de servicios a la empresa L.L. Operaciones y Servicios, por la construcción de Ciudad Gobierno.

El año pasado la LX Legislatura aprobó la solicitud del ejecutivo del estado, para adquirir un monto por arriba de los 5 mil millones de pesos a algunos bancos para “saneamiento de deuda”. Esto debido a los pasivos registrados en la entrega recepción de la administración gubernamental de Amalia Garcí­a (el gobierno dijo que heredó 7 mil 303 millones de pesos).

El llamado “rescate financiero” pone al estado en una situación crí­tica en tanto que sus participaciones federales están comprometidas para pago de deuda. Zacatecas no se distingue por recaudar fuertes ingresos por concepto de impuestos. La única carga gubernamental que más ingresos obtení­a, fue rebajada al erogar la tenencia vehicular para automóviles con un costo menor a los 200 mil pesos.

Hasta ahí­ todo parecerí­a indicar una necesaria adquisición de créditos bancarios para liquidar la deuda. Sin embargo, el gobernador Fausto Vallejo, recién instalado en la cabeza del ejecutivo de Michoacán nos da un ejemplo bastante interesante.

Al entrar a la cabeza del ejecutivo de Michoacán, sus primeras declaraciones de acuerdo al estado en que se encontraban las finanzas que habí­a recibido de un gobierno de izquierda (al igual que en Zacatecas), mostraban un endeudamiento de 5 mil millones de pesos.

Sus declaraciones, recuperadas por el diario de circulación nacional La Jornada, deberí­an ser escuchadas en Zacatecas. Dijo que será necesario sacrificar el gasto corriente y reubicar algunas oficinas donde se pagan rentas exorbitantes, como la Secretarí­a de Educación en el Estado, que debe siete millones de pesos a sus arrendadores. “Hay inmuebles por los cuales se pagan más de 300 mil pesos mensuales. Además, es necesario emprender un proyecto de racionalización del gasto en celulares, papel, agua y telefoní­a convencional.”

En Zacatecas los esfuerzos fueron menos, antes de endeudar el gasto público.

  Gabriel.contrerasvz@gmail.com

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