Análisis Político
Gabriel Contreras Velázquez / MIRADOR
Politólogo
En los últimos días del pasado periodo extraordinario de sesiones, los representantes legislativos Ana María Romo Fonseca (PRI) y Gerardo Romo Fonseca (PRD) pusieron en marcha la campaña publicitaria âEl color es lo de menos, lo importante es la unidadâ.
Tal cual, dicha campaña es una herramienta publicitaria para posicionar a la LX Legislatura en una percepción pública más asimilable para la sociedad. Esto debido a que desde 2010 en que los diputados de esta legislatura entraron en funciones, ha trascendido el desacuerdo y la falta de discusión y aprobación de propuestas de ley (las de más urgencia son las propuestas por el gobernador).
Incluso las informaciones dejan dudas en el aire. Justo hace unos días se desato una controversia, donde la diputada María de la Luz Domínguez reprobó públicamente un supuesto plagio por parte de la bancada priista a la iniciativa de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Luz Domínguez refiere que ha venido trabajando desde hace 6 meses con la diputada Geovanna Bañuelos y un grupo nutrido de especialistas, para concretar el proyecto de ley citado. Y no solo censura el aun no comprobado plagio, sino que además hay una agravante en la propuesta que ofreció la bancada del partido del gobernador.
La diputada comentó que âlo que busca este dictamen (del PRI) es subsanar casos de impunidad, reglas claras y precisas en cuanto a procedimientos específicos. En su iniciativa ellos no establecen las sanciones de forma individualizada y pretenden que se quede en lo general para tener un margen de discrecionalidad para poner sanciones.â
En pocas palabras, sancionar las posibles responsabilidades en las que incurran los funcionarios, sin establecer aun el precio específico según sea la falta que se castigue. O sea, una ley sin dientes o con pocos y apenas afilados. La pregunta es obvia: ¿Para qué?
El segundo tema, en el cual profundizaré, es la pretendida Ley de Protección a Periodistas del Estado de Zacatecas. Este proyecto de ley nace también del Foro: Periodismo y Democracia, convocado por la misma LX Legislatura, y en donde los invitados insistieron a los diputados en no dejar pasar la oportunidad para dictaminar y reglamentar una ley que proteja la profesión periodística.
La diputada Ana María Romo Fonseca y el actual representante de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, Felipe Ramírez Chávez (ambos priistas), ajustaron la mira y apuntaron a dicha propuesta.
Desde hace tres semanas, se convocó a algunos medios a participar en las mesas de trabajo, las cuales pretenden desembocar en una Ley de Protección a Periodistas del Estado de Zacatecas. El detalle más importante es que no todos los sectores fueron invitados, y si lo fueron, no todos los sectores están representados. Al menos los medios impresos han permanecido ajenos a estas mesas de trabajo.
Los cálculos políticos comienzan a fluctuar con esta convocatoria. En primer lugar, la bancada priista está trabajando por su lado en una Ley que debe interesar a todos los partidos y todos los sectores involucrados en las tareas de comunicación.
Incluso imprimen un ritmo atareado a la discusión, evidenciando la necesidad de que dicha ley esté lista para este mismo periodo ordinario. Llama la atención que, además de que no se había visto en Zacatecas una campaña publicitaria para sacar del atolladero a la Legislatura, existan iniciativas de ley que se realicen a cortapisas y no a conciencia.
Las únicas propuestas que han aterrizado es generar un padrón de periodistas, mismos que una vez enlistados obtendrán una certificación âoficialâ, que los identifique como tales. La premura es llegar a las elecciones federales con estas acreditaciones, para diferenciar al padrón del Instituto Federal Electoral de este otro âoficialâ.
Se les olvida que, dentro de las funciones de la autoridad electoral se encuentra vigilar y hacer prevalecer la seguridad durante la jornada electoral. En dicho caso estarían legislando sobre reglamentos ya existentes y que competen al IFE.
En esta premisa de duplicidad de funciones, existe un riesgo aun mayor. Las mesas de trabajo ni siquiera han definido en la letra el âclima de inseguridadâ que altera las condiciones para el ejercicio periodístico.
¿A qué se refieren con clima de inseguridad? ¿Qué es inseguridad para los periodistas? ¿Qué es para los editores? ¿Qué es para los jefes de información? Claro está que todos ellos participan del flujo de información. La diferencia es cómo vive cada uno esa âinseguridadâ.
¿Inseguridad son solo los riesgos que enfrentan los periodistas durante sus labores? ¿Inseguridad es el flujo limitado y auto censurado de información por miedo a represalias? ¿Inseguridad por parte de las autoridades las cuales no vigilan el quehacer del periodista? ¿Esas autoridades que dicen (en voz de su bancada) estar preocupadas por la libertad de expresión?
Pues bien, si fuese el caso entonces habríamos de pasar por alto las declaraciones del ombudsman estatal Joel Correa Chacón. En entrevista para Periódico Mirador mencionó que desconoce por qué el gobierno de Zacatecas aun no ha puesto en marcha las medidas cautelares que blindarían de alguna forma la labor informativa.
Esto gracias a que varios de los compañeros de los medios han sufrido vejaciones, quienes en solo un caso reportado, fue la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien invitó a las autoridades de seguridad y procuración de justicia a dar de alta aquellas medidas de seguridad.
Hasta que no se tenga en claro las preguntas que un colaborador aporta, la acreditación âoficialâ que tanto urge a algunos periodistas tendrá sentido de ser. De lo contrario ¿para qué una acreditación âoficialâ, si las condiciones para realizar la profesión siguen sin ofrecer la tan anhelada seguridad? Más parece que algunos periodistas buscan un privilegio y no aportar a un fenómeno que vive la sociedad en su conjunto (no por partes).
Se habla también de la necesidad de incorporar a esta Ley el conocido Secreto Profesional Periodístico, el cual tiene como finalidad de otorgar el derecho jurídico y ético al periodista, de mantener el secreto de identidad de las fuentes que hayan facilitado información.
Insisto ¿Sin los sectores de periodistas debidamente representados? ¿Sin la aportación de otras bancadas en el congreso? La intención es positiva, lamentablemente esta iniciativa de ley que probablemente vea la luz en este periodo ordinario, adolece de un gran problema: es anacrónica.
Se les olvida que el fenómeno delictivo está transformándose constantemente. Es por ello que los alcances de la pretensa ley podrán verificarse en un par de años, fecha en que encontrarán caducidad.
¿Por qué? Muy sencillo, puesto que las autoridades aun no aceptan enfrentar al crimen organizado desde la corrupción y la efectiva impartición de justicia. Se sigue diagnosticando el problema como uno de violencia, no como de resquebrajamiento institucional y del tejido social.