Zacatecas, Zac.- Durante la sesión legislativa de este martes 15 de mayo, el diputado perredista Juan Mendoza Maldonado, presentó una iniciativa de punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Secretarí­a de Seguridad Pública, para que a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, se lleve a cabo la reorganización de los centros penitenciarios.

En su propuesta, el legislador argumenta que teóricamente la sobrepoblación y hacinamiento de reos en los centros penitenciarios propicia la corrupción, el consumo de drogas y alcohol, la prostitución, el enfrentamiento entre internos o entre grupos rivales, pero sobretodo, la sobrepoblación carcelaria eleva los riesgos de fuga de reos.

Reconoció sin embargo que en Zacatecas, el sobrepoblamiento en los CERESO’s no es un problema, ya que en nuestra entidad, el Sistema Penitenciario no padece hacinamiento ni sobrepoblación, ya que cuenta  tan solo con un 53.5% de ocupación carcelaria.

Por ello, dijo, resulta absurdo y apenas creí­ble lo acontecido en el centro penitenciario de Calera estos últimos dí­as, donde ingresaron dos individuos con suma facilidad, sin resistencia o vigilancia alguna y sacaron a la calle a diez reos.

Aseguró que ante esta situación, “es impostergable un nuevo rediseño administrativo y de control de nuestras cárceles del estado que evite la fuga de más reos en el corto plazo”.

Propuso que la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, comience la implementación de un proceso de reorganización consistente en una nueva distribución regional de los centros penitenciarios a efecto de optimizar los recursos en beneficio de los propios reclusos.

Asimismo, que se instrumenten eficientes programas de capacitación para el trabajo, nuevos proyectos sobre mejoramiento de la  salud y  educación, así­ como novedosos programas deportivos y culturales para los internos.

Lo anterior, para que se hagan realidad las premisas contenidas en el artí­culo 18 constitucional y el párrafo segundo del artí­culo 81 de la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado, que dispone claramente que la infraestructura penitenciaria debe permitir la realización de actividades con seguridad, dignidad y optimización constructiva.

Por otra parte, en la sesión de este dí­a, se presentó la iniciativa de Ley Estatal de Servicios Integrales para el Desarrollo Infantil y el paquete de iniciativas de Ley enviadas por el gobernador Miguel Alonso Reyes.

Asimismo, se presentaron los dictámenes a favor de un estado laico y las cuentas públicas 2010 de Atolinga y Vetagrande, en las que se fincaron responsabilidades resarcitorias de alrededor de 160 mil pesos a la alcaldesa de Atolinga y de cerca de 300 mil pesos al alcalde de Vetagrande.