LOS RETOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN Mí‰XICO

Por: Lic. Catarino Martí­nez Dí­az

Recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer la evaluación del Sistema Penitenciario Nacional, resultados correspondientes al año 2010, toda vez que las visitas realizadas a los centros penitenciarios se efectúan durante el segundo semestre de cada año, y se hacen conjuntamente con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, luego se clasifica y evalúa para emitirse los resultados al año siguiente.

Los criterios bajo los cuales se realiza dicho análisis, superan entre otros aspectos una serie de recorridos a las cárceles más representativas del sistema penitenciario de toda la República.

En el caso de Zacatecas fueron seleccionados los CERESOS varonil de Cieneguillas, Varonil de Fresnillo y Femenil de Zacatecas, ubicado también en la comunidad del mismo nombre. Correspondiendo las calificaciones en el periodo de evaluación 7.04; 6.91 y 7.34 respectivamente.

Los aspectos que se calificaron fueron:

a)    Situación jurí­dica de los internos.

b)    Una estancia digna y segura en prisión.

c)    Integridad fí­sica y moral.

d)    Desarrollo de actividades productivas y educativas.

e)    Vinculación social del interno.

f)      Mantenimiento del orden y la aplicación de sanciones.

g)    Derechos humanos de grupos especiales dentro de los CERESOS.

En el primer rubro, mucho tiene qué ver la separación de internos del fuero común con los del fuero federal, la separación entre procesados y sentenciados, la clasificación criminológica de los internos y la tramitación de libertades anticipadas a que algunos de ellos tienen derecho. í‰sta sigue siendo una circunstancia difí­cil de superar, toda vez que los espacios son insuficientes y las cárceles de los Estados, terminan siendo el destino de aquellos reclusos del fuero federal, que por la vinculación al proceso deben permanecer en las Entidades donde cometieron dichos ilí­citos.

La problemática que se vive en una cárcel no es menor, por el contrario, es sumamente compleja dado que las personas que ahí­ conviven, sus caracterí­sticas criminológicas y las actividades que realizaron antes de ingresar,  generan grupos de poder al interior de las cárceles y grupos de confrontación permanente que conlleva al complicadí­simo manejo de los reclusorios. Es decir, en un espacio no siempre adecuado conviven las conductas más complejas del grupo social.

La condición criminológica, económica y vinculatoria con grupos externos de identidad entre unos y otros, sigue prevaleciendo aún dentro de los CERESOS. No son pocas las ocasiones que las diferencias entre organizaciones delincuenciales que se generan fuera, continúan dentro de los penales. El patrocinio de unos y otros sigue vigente y con frecuencia, los agravios y venganzas acuñadas al exterior, se llevan a cabo dentro del confinamiento.

El riesgo de ejecuciones, motines y sustracciones planeadas desde afuera, es permanente y causa de de convulsión del sistema carcelario en general.  Nada hay más complejo que evitar los grupos de poder y la fricción entre unos y otros, acostumbrados al mando y al autogobierno.

Considero que éste es uno de los más grandes desafí­os del sistema en general, y el rezago que tenemos en ello es verdaderamente difí­cil de superar, si no se aplican medidas que vayan al fondo del problema.

La integración fí­sica y moral de los reclusos, resulta un verdadero reto para la autoridad, los espacios de segregación aparte de ser los adecuados, requieren mantenimiento e higiene permanentes, presupuesto que no alcanza.

Alguna ocasión, en mi época de litigante al final de la década de los años noventa, acudí­ al Penal Federal de Nuevo Laredo Tamaulipas, en defensa de un paisano que regresó de los Estados Unidos, se trajo un rifle para cacerí­a y con ese motivo, fue detenido por hacerlo sin el permiso correspondiente, sujeto a proceso por la probable comisión del delito de contrabando de armas incluyendo las de uso exclusivo del ejército.

Debo aclarar que la presunción de inocencia estuvo ausente y mientras se acreditó, pasó un verdadero infierno en la cárcel de aquel lugar, donde el hacinamiento era el menor de los males. Las condiciones de sobrevivencia entre procesados y sentenciados de ambos fueros estaba presente, la “convivencia” entre criminales de altí­simo rango y primo delincuentes eran verdaderamente lamentables.

En los recorridos de evaluación que se hacen al Sistema Penitenciario Mexicano, un aspecto toral es que todo centro cuente con módulos de atención médica y éstos, deberán prever la atención psiquiátrica, recordemos que los usuarios y gran parte de los sentenciados por delitos contra la salud, pasan o pasaron por el flagelo de las adicciones. El adicto como tal no es un recluso más, es un ser enfermo que requiere no sólo la comprensión de la autoridad sino una atención especializada, que brinde personal capacitado y preserva su derecho tanto a la salud como a la rehabilitación, ambos siguen siendo derechos humanos, y si para los adictos en libertad rehabilitarse resulta complejo, para los adictos en confinamiento resulta muchí­simo más.

Es una obligación de las Comisiones Defensoras de Derechos Humanos, evaluar año con año las condiciones de los CERESOS, tomando en cuenta además, las actividades productivas, educativas, recreativas y las condiciones de aulas y talleres, instrumentos de trabajo, condiciones de la biblioteca etc.

La Vinculación social del interno, pasa por la comunicación de éste con sus familiares en el exterior, la visita í­ntima, la visita familiar y las condiciones en que éstas se dan, son evaluadas en dichos recorridos. El teléfono convencional y la correspondencia, son derechos vigentes y se rigen por un reglamento. Al interior de las cárceles se encuentran también adultos mayores, personas que viven con VIH/SIDA; enfermos mentales, homosexuales e indí­genas. Como se ve el horizonte poblacional es muy diverso y complejo.

Quizá el reto mayor, se presenta con quienes cumplen su sentencia, y salen a la calle sin saber para dónde ir, sin trabajo, sin reconocimiento de la sociedad, porque cuando obtienen el beneficio de la libertad, inmediatamente se ven señalados y discriminados, imposibilitados para valerse por sí­ mismos. En todas partes les pedirán cartas de recomendación y hasta de no antecedentes penales, para brindarles una oportunidad laboral.

Frente a esa circunstancia y sobrevivir en un ambiente tan adverso, el recién liberado vuelve a delinquir y poco tiempo después regresa al reclusorio. Si la permanencia en un penal es compleja, la reinserción a la sociedad, es todaví­a más, para la que desde mi punto de vista, deben revisarse y mejorarse las polí­ticas públicas, que enfrenten el problema y que tengan la solución adecuada para el mismo.

En todo este universo de atención penitenciaria, los Estados de la República mejor calificados, fueron Tlaxcala (8.60), Querétaro (8.56) y Jalisco (8:28), que cumplieron con los estándares de seguridad, equipamiento y situación jurí­dica de los reclusos, de la mejor manera. Los Estados con menor calificación fueron: Quintana Roo (4.45), Tabasco (4.01) y Sinaloa (3.88), cuya evaluación por desgracia, ha seguido el mismo comportamiento y en el caso de Tabasco, ha venido de más a menos. Si la media nacional se ubica en una calificación de 6:75 quiere decir que el Estado de Zacatecas quedó calificado en un buen lugar, ya que ocupó el número 12 de 32 posibles.

Cabe señalar también que sólo Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua y Colima, están por encima de la media nacional (6.75), en la que se ubican  justamente Baja California y Campeche. El resto no pasan la prueba, y se conforma por las cárceles de: Yucatán, Estado de México, Durango, San Luis Potosí­, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Morelos, Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco y finalmente Sinaloa, todos en ese orden.

El proceso evaluativo se da en momentos de perturbación y los enfrentamientos que recientemente se presentaron en los penales de Apodaca, Nuevo León y Topo Chico de Monterrey, que pese a estar calificados por encima de la media nacional, probablemente las condiciones de autogobierno y la probable cooptación de custodios y autoridades penitenciarias, desembocó en una de las más cruentas tragedias de evasión y enfrentamientos al interior de las cárceles mexicanas. El esfuerzo de las autoridades se diluye con acontecimientos como el ocurrido ahí­, el sistema penitenciario enfrenta una crisis severa, la falta de espacios para separar a los criminales del fuero federal sigue siendo el principal factor de riesgo.

Recientemente escuchamos que el Presidente de la república inauguró tres CERESOS federales más, ubicados en Sonora, Nayarit y Coahuila, seguramente serán de utilidad, permitirán el mejor manejo de reos, la ubicación y traslado de cárceles estatales hacia esos nuevos espacios de confinamiento, no serí­a sano desdeñar el esfuerzo que se hizo y que hacen todas las autoridades estatales y municipales.

Pero qué buena noticia serí­a escuchar también que a la par de la inauguración de nuevos centros penitenciarios, se inauguren tres o más universidades públicas. Universidades que reciban a los miles de jóvenes rechazados por la insuficiencia de capacidad presupuestal en las ya existentes o porque no disponen de los recursos para costearse los estudios de preparatoria y la carrera que habrán de seguir.

Nos falta mucho por hacer, de muy poco servirá si los sentenciados cuando cumplen su pena, regresan a las calles para volver a delinquir, mucho más redituable en términos sociales, será que todos nuestros niños y jóvenes, encuentren las facilidades para estudiar de manera ordinaria, en escuelas públicas que por denominación deben ser gratuitas o en las privadas cuyos padres puedan costearles sus estudios, en unas y otras en las que se oferte una carrera para su formación.

Se hacen grandes esfuerzos, hagamos muchos más y respaldemos de mil maneras el esfuerzo del Estado Mexicano, eso nos beneficia todos.

 

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