Son explotadas como jornaleras en los campos de Chihuahua
Por Patricia Mayorga Ordóñez, corresponsal
Como en la esclavitud, mujeres jornaleras que migran de sus comunidades indígenas en Chihuahua laboran hasta 13 horas al día bajo el sol inclemente.
Afectadas por la sequía, miles de mujeres âen su mayoría indígenasâ provenientes de la sierra Tarahumara y de los estados de Hidalgo, Sonora, Veracruz, Guerrero y Durango, abandonan sus comunidades de origen para emplearse en condiciones de explotación en los campos agrícolas del noroeste de Chihuahua.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reporta que desde mayo de 2011 más de un millón 500 mil familias han sido afectadas en gran parte del país por fenómenos naturales como inundaciones y la sequía.
La región más dañada por el cambio climático en el país es la sierra Tarahumara, de donde han sido expulsadas más familias en busca de alimento, precisa la Sedesol.
Los grupos poblacionales que más emigran de sus comunidades en busca de la sobrevivencia son mujeres, niñas, niños y adolescentes, en porcentaje menor hombres adultos.
De acuerdo con datos oficiales, la emigración mayor de las y los chihuahuenses corresponde a la etnia rarámuri, quienes viven en diferentes municipios de la sierra Tarahumara.
Casi la totalidad de las y los jornaleros carece de prestaciones mínimas como seguridad social, de acuerdo con una investigación de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh).
La antropóloga Ana Loreley Servín explica que las y los migrantes temporales rarámuris tienen dos destinos preferentes en Chihuahua: las ciudades y los ranchos en zonas de agricultura intensiva.
Las y los indígenas tarahumaras migran para conseguir un empleo temporal que les permita sobrevivir. Si llegan a tener un mal año agrícola con insuficientes cosechas, como ocurrió en este 2012, la migración aumenta.
EXPLOTACIÓN SEGURA
La mano de obra de mujeres y hombres tarahumaras es de alta demanda en los cultivos agrícolas de las diferentes regiones del estado de Chihuahua, por su disciplina y limpieza para trabajar el campo, pero también porque ignoran sus derechos básicos, lo que hace que no peleen por ellos ante sus patrones.
El sistema de pago más común es a destajo, es decir, se paga de acuerdo con la cantidad de kilos que las y los pizcadores logren recolectar por día, porque de esta forma se logra una pizca más rápida y efectiva.
Así, mujeres, hombres, niñas y niños indígenas contribuyen a levantar la cosecha y obtienen un mejor ingreso familiar, según la cantidad de kilos que recolecten por día.
La región noroeste de Chihuahua âdedicada primordialmente al cultivo de la manzanaâ es la que más jornaleras y jornaleros contrata.
Según un estudio de la UACh, son alrededor de 25 mil jornaleras y jornaleros que al año trabajan en zonas agrícolas de la entidad norteña.
La delegación estatal de la Sedesol registró en 2011 a 14 mil 20 jornaleros, de ellos 6 mil 564 eran mujeres, y 7 mil 456 hombres. Como suele migrar toda la familia, también se reportó la presencia en los campos agrícolas de 6 mil 695 niñas y niños. La edad de mil 905 de ellas y ellos fluctuaba entre cero y cinco años.
La impunidad con la que contratan muchos empresarios productores a las y los jornaleros porque no les otorgan las prestaciones de ley, se evidenció el pasado 3 de junio cuando 11 trabajadores agrícolas fallecieron en un accidente automovilístico.
Hasta ahora ninguna familia ha recibido la indemnización que les corresponde por ley. Una familia completa de origen indígena murió cuando regresaba a la comunidad de Yeguachique, en el municipio tarahumara de Guachochi.
Los integrantes de esta familia eran Margarita Cruz Holguín, de 34 años, su esposo Bernardino González Castillo, y los hijos de ella: Ever y Flor Hidalí de 9 años y 3 meses de edad, respectivamente.
En ese mismo accidente resultaron 12 personas lesionadas, quienes fueron hospitalizadas; seis de ellas de gravedad, quienes tampoco recibieron la atención que les correspondería si hubiesen estado registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las víctimas quedaron en la indefensión porque no cuentan con cobertura médica ni con seguro de gastos funerarios.
Aún se desconoce quién era el patrón de las y los jornaleros, por lo que el presidente municipal de Guachochi, Andrés Balleza Carreón, envió una persona para investigar, pero el dueño de las huertas de manzana del campo número 101 âen el municipio de Cuauhtémocâ donde la familia laboraba, no reconoce haber sido el patrón de las víctimas.
La familia González Cruz laboró en condiciones de explotación durante 18 días en el campo 101, toda vez que trabajó en jornadas de 5 de la mañana a 6 de la tarde, bajo temperaturas superiores a los 40 grados centígrados.