Análisis Político
Gabriel Contreras Velázquez
Llama la atención la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual le permitió recuperar una curul más al Partido Revolucionario Institucional, con lo que lograría la mayoría simple en la Cámara de Diputados, en caso de que mantuviera una alianza con las bancadas del PVEM y el Partido Nueva Alianza (Panal) en la próxima legislatura.
La disposición que discutía la diferencia de 500 votos para designar a un candidato ganador, y que viene a restar esa curul al Partido Movimiento Ciudadano, fue analizada en la Sala Regional del TEPJF con sede en Toluca, Estado de México. Este recurso de impugnación se realizó desde el primero de julio, en que los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares del IFE arrojaban una diferencia mínima entre ambos partidos.
A diferencia de la configuración presente de la 61 Legislatura federal, en la cual el PRI se encuentra representado por 237 diputados, la impugnación que podrá ser reconsiderada por el TEPJF no cambia sustancialmente el panorama político del Congreso de la Unión. En el caso del Senado, el Revolucionario Institucional alcanzó 41 curules, a comparación de las 32 con las que cuenta actualmente.
La mayoría simple compuesta por el Verde Ecologista, el Revolucionario Institucional y el Partido Nueva Alianza, permitiría a este grupo tomar decisiones únicamente con respecto a las iniciativas de ley o de reforma de ley a la legislación federal.
Si se tratara de una reforma constitucional, la Coalición Compromiso por México necesitaría un nuevo aliado más (ya sea PRD o PAN), para lograr las dos terceras partes de la composición de la legislatura, y de esta manera poder votar cualquier modificación a la Constitución.
El sistema político mexicano, a partir de la reforma política de 1996 se ha entrampado en mecanismos sofisticados y complejos para tratar de mantener los equilibrios entre partidos, evitando una sobre representación de los intereses de un solo grupo.
Frente a esta constante obstaculización de los consensos a nivel federal, en la 61 Legislatura federal, cuando se discutía la reforma política (misma que ya no aplicaría para esta pasada elección), la bancada priista identificada con el ex gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, pedía la inclusión de la âcláusula de ingobernabilidadâ para poder aceptar el conjunto de cambios a la norma propuestos por los otros partidos.
Aquella propuesta de âcláusula de ingobernabilidadâ era explicada en esos días por César Camacho Quiroz, igualmente ex gobernador del Estado de México, cuando defendía la propuesta peñista de eliminar el 8% de sobre representación en plurinominales, con lo que el partido que obtuviera mayor cantidad de distritos con menor cantidad de votos sería quien repoblaría en Congreso de la Unión sin que la oposición representara un obstáculo para ello, aun teniendo ésta última votaciones nutridas en pocos distritos.
La urgencia del equipo de trabajo de Peña Nieto era precisamente evitar enfrentarse con las condiciones que nuestro sistema político ha impuesto, desde el siglo pasado. El hecho del âretornoâ de toda una estructura de gobierno -que en realidad nunca se ha ido, sino que sólo ha mutado a través del tiempo de acuerdo a las coyunturas- también implica que esa estructura ha atravesado una curva de aprendizaje, relativamente fuera del poder.
El PRI si bien no ha encabezado el gobierno a lo largo de 12 años, ha mantenido cotos de poder en los Estados, ya sea con la bandera tricolor, o pidiendo asilo en partidos opositores. En estos dos sexenios en que el Revolucionario Institucional reconstruyó su agrietada estructura, y la maquilló con una buena cantidad de dinero invertido en consultorías de marketing político, al mismo tiempo replanteó un esquema de gobierno que genere las âtransformacionesâ que más âurgenâ al país.
Cualquier presidente que mantenga esfuerzos en el sistema político presente habrá de enfrentarse con el dilema del âgobierno divididoâ. Es ahí mismo donde Calderón jugó con su reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; y si nos mantenemos atentos veremos que la propuesta de reforma energética de Peña Nieto no variará sustancialmente de la del mandatario panista. Fue también ahí donde el ex presidente Vicente Fox escasamente logró la âaperturaâ del gobierno a la transparencia y la rendición de cuentas.
Los consensos dentro de un Congreso de la Unión dividido, a quienes ha de favorecer es a la oposición: PRD y PAN. En sus manos se encuentra la negociación de un âpaquete de reformas estructuralesâ, en donde las ganancias podrían ser a su vez nuevos espacios de poder en los gobiernos de los estados, o iniciativas de ley y reformas de ley planeadas desde estos dos partidos. Imaginando estos escenarios, la oposición buscará entonces generar dividendos restando poder a la nutrida estructura de poder priista.