¿QUí‰ INFORMARíN EN MATERIA DE SEGURIDAD?

Análisis Polí­tico

Por: Gabriel Contreras Velázquez

En los medios de comunicación especializados en la investigación y difusión de los temas de seguridad nacional, recientemente se han ofrecido datos para sustentar la hipótesis acerca de la ruptura del liderazgo de una de las “bandas del crimen organizado” conocida a nivel mundial como los Zetas.

Se habla de que existe una confrontación directa por el poder de ésta empresa transnacional de la delincuencia, entre dos de sus figuras emblemáticas: Heriberto Lazcano Lazcano (conocido también como “El Verdugo”, “El Lazca” y “Z3) y Miguel íngel Treviño Morales (“Z40”, “El Cuarenta” y “Comandante Cuarenta”).

Los hallazgos del pasado 9 de agosto en San Luis Potosí­ donde fueron encontrados sin vida los cuerpos de catorce personas dentro de una camioneta que se ubicaba en la carretera que conecta con el Estado de Zacatecas, dieron pie al tema que comenzarí­a a dibujar nuevas aristas que apuntan hacia la posible ruptura dentro de ese grupo.

Más tarde se dio a conocer por parte de la Secretarí­a de Defensa Nacional, a una persona que habrí­a sobrevivido al sonado ataque en San Luis Potosí­. Con el nombre de “Iván”, las declaraciones del tamaulipeco acerca de los responsables de la matanza de catorce personas apuntaban a su vez a un crimen perpetrado unos dí­as antes.

El 6 de agosto, en un hotel de la capital de San Luis Potosí­ (antes conocido como Camino Real) fue asesinada una mujer de 25 años de edad, de nombre Marí­a Luisa Garcí­a Quintero. Las autoridades informaron que el móvil fue un supuesto robo.

En el diario “El Zócalo de Saltillo” al dí­a siguiente también surgió información que señalaba que el asesinato habí­a sido a escasos metros de un filtro de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, que la mujer era originaria del Estado de Coahuila, y que fue acribillada sin que se llevaran su auto.

Todo parecí­a indicar que el homicidio fue el resultado de un intento frustrado de robo. Sin embargo, el hallazgo realizado tres dí­as después en la carretera de San Luis Potosí­ â€“ Zacatecas alejarí­a a este crimen de un simple intento de hurto, y lo sumarí­a a una posible estrategia de “acción reacción” dentro de la hipótesis de la ruptura de mando en el grupo de la delincuencia organizada mencionado, ya que las lí­neas de investigación y averiguaciones apuntan, hasta ahora, a que las personas asesinadas posiblemente participaron en el “robo frustrado” a Marí­a Luisa.

Dentro de este contexto se inserta la aparición de narcomantas, de manera simultánea, en Monterrey, Tamaulipas y Zacatecas el mes de junio. En estas mantas se habla de la traición de Miguel íngel Treviño a Heriberto Lazcano para romper al grupo delictivo a su vez en dos y generar un nuevo núcleo de la delincuencia, o simplemente para dar un golpe a la cabeza de las funciones de esta corporación organizada.

La hipótesis vuelve a reforzarse cercano a esos meses de mayo y junio, cuando en pleno proceso electoral se abren diversas lí­neas de investigación al ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington (1999 al 2005). Las indagatorias arrojaron la participación económica de los hermanos Treviño Morales en el proceso electoral que ganara Yarrington en aquellos años y que lo llevaron al gobierno de su estado natal.

Treviño Morales, investigado por la DEA debido a la colaboración para ejecutar al candidato priista tamaulipeco Rodolfo Torre Cantú, tení­an como mediador frente al ex gobernador Yarrington a Antonio Peña Argí¼ello, quien fue acusado por el “Comandante Cuarenta” de haber robado cinco millones de dólares para la protección de Los Zetas en Tamaulipas, situación por la cual su hermano Alfonso Peña fue asesinado.

El interés del paí­s vecino del norte por llevar paso a paso el caso de corrupción y cercaní­a con el crimen organizado en el gobierno de Tomás Yarrington, como se habí­a dicho con anticipación en este espacio, es porque precisamente el ex gobernador mantení­a una relación cercana con el texano George W. Bush, a su vez ex presidente de los Estados Unidos. En aquellos dí­as habí­amos indicado que las averiguaciones agudizaban y coincidí­an con el venidero proceso electoral en aquél paí­s.

Hoy, las informaciones sitúan como colaborador cercano con las autoridades al mismo Treviño Morales con la intención de aminorar la influencia y capacidad de maniobra de Heriberto Lazcano. Es ahí­ donde la disputa por las plazas de Zacatecas y San Luis Potosí­ tiene sentido dentro de la hipótesis de la ruptura del grupo criminal.

Estamos a unas cuantas semanas de que la administración actual presente su segundo informe de gobierno. Coincidentemente se ha desarrollado una maniobra federal para replegar el poder de la corporación “Los Templarios” en Michoacán, de la que se espera un “rebote” de criminales en los estados aledaños. Tal parece que el contexto violento depreciará nuevamente al mensaje.

A toda acción… múltiples reacciones.

-        El dí­a 20 de agosto INEGI dio a conocer la información preliminar, a nivel nacional y por entidad federativa, de los homicidios registrados en el paí­s en 2011. En la tabla de homicidios por entidad federativa según el año de registro, Zacatecas registró en 2008 la cantidad de 100 homicidios. Hacia 2009 ese número incrementarí­a a 131.

En 2010, con el cambio de gobierno el mismo indicador se posicionó en 143, y el año pasado el numeral sufrió un descalabro al posicionarse en 290 homicidios. Casi se duplica el número registrado de homicidios en el segundo año de gobierno de esta administración.

Ninguna de las autoridades locales puede negar que existan datos veraces con respecto a la medida del incremento de la violencia en Zacatecas. Igualmente, no pueden caer en el vicio de seguir comunicando a la sociedad que el fenómeno de violencia es un mal “heredado” de otras administraciones. No al menos cuando en un año se han duplicado el número de homicidios, y la prioridad del gobierno expresada en el mismo Plan de Desarrollo Estatal ha sido “contener” y “reducir” la violencia.

Claro, pueden seguir buscando las culpas en el pasado, sin embargo eso hablarí­a de la ineptitud de la administración actual para poder diagnosticar y participar en un fenómeno nacional con propuestas que reflejen una realidad distinta. Las autoridades no deberí­an caer en la mediocridad de enviar señales de pasividad (recargando la culpa en lo que otros hicieron) cuando son responsables de lo que sucede hoy en el estado. Eso serí­a un signo de incompetencia, más que una respuesta polí­ticamente correcta.

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