SE DEFIENDE PROCURADOR A CUESTIONAMIENTOS EN SU COMPARECENCIA

Fotos: Ricardo QUIӑí“NEZ / MIRADOR

Zacatecas, Zac.-Durante su comparecencia, el procurador Arturo Nahle Garcí­a aprovechó cada tema para defender su actuar como procurador como en el caso de la desaparición de la directora del penal de Cieneguillas,  del exoficial Eduardo Ruiz Fierro, investigación de presunto delito de enriquecimiento ilí­cito del gobernador, acción penal en manifestaciones de maestros, entre otros serios cuestionamientos.

En la primera ronda, al abordar el tema de cuestionamiento del incremento de penas, el fiscal zacatecano para aclarar que en efecto no solucionan por completo el problema de la comisión de los delitos, pero sí­ acaró que hay penas muy bajas en determinados delitos y permite que existan personas que salgan con “fiancitas” de 200 mil pesos a gente que ha “defraudado hasta por daños patrimoniales de hasta 19 millones de pesos”.

Aunque en la segunda ronda, sí­ precisó el proceso de Ruiz Fierro y aseguró que se encontraron elementos constitutivos del delito tráfico de influencias, por ello, se logró una orden de aprehensión y se cumplimentó.

Aunque se logró la vinculación a proceso, dijo, Ruiz Fierro se amparó por la medida preventiva para enfrentar el caso en libertad, recurso que ganó en los tribunales y lamentó que se le haya fijado una fianza “muy baja”.

Por tanto, informó que la Procuradurí­a a su cargo interpuso una queja administrativa contra la jueza por considerar que aplicó una fianza  o garantí­a “injusta” de 200 mil pesos, a pesar de que el imputado ofreció un millón y medio.

Caso directora del penal de Cieneguillas

Sobre  la desaparición de la directora del penal de Cieneguillas, Fabiola Quiroz Zárate, así­ como de otra persona de nombre Leticia Arellano Núñez y su sobrino que fungí­a como escolta, Ví­ctor Hugo Arellano Quiroz, acaró que se trata de una reacción por el traslado de más de 60 reos federales a otros penales federales en otros estados del paí­s.

Dijo que esta lí­nea de investigación también se soporta por varias indicios de que un grupo delictivo se inconforma previamente por estos traslados, ya que en unos de estos mensajes en mantas se cuestiona porque sólo se llevaba a “los Zetas y no a los del Cártel de Golfo”.-

Aseguró que la directora estaba ajena a este caso “pero se la cargaron a ella”.

Nahle mencionó que al dí­a siguiente se pidió a la PGR atraer el caso e incluso aseguró que habló directamente con Cuitláhuac Salinas Martí­nez,  Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO),  y  mandó a dos agentes del Ministerio Público Federal.

Sin embargo, dijo que hasta la fecha y a pesar de las diligencias, la PGR no ha atraí­do el caso y dijo que por tanto la fiscalí­a zacatecana continúa con esta investigación y sólo espera que la directora no forme parte de “larguí­sima lista de desaparecidos del paí­s”.

Propiedades del gobernador

También dio respuesta al diputado Juan Mendoza y aseguró que ese dí­a iniciamos una carpeta de investigación un informe de situación patrimonial del gobernador Miguel Alonso Reyes y se obtuvo 14 declaraciones patrimoniales durante sus diferentes cargos que ha desempeñado en la función pública.

Ha trabajado 168 meses y si se hiciera un ingreso promedio mensual de 40 mil pesos “bajita la mano”, Miguel Alonso puede acreditar ingresos por lo menos por siete millones de pesos y bienes por más de cinco millones. Esta aclaración en relación a que se adquirido siete bienes inmuebles, pero puntualizó que dos de ellas son adquiridas por herencia.

Y cuestionó que entonces que al revisar esas evidencias no se ha podido comprobar un presunto enriquecimiento ilí­cito, por tanto, no hay elementos para acreditar tal delito.

Aunque le dijo que en esa misma denuncia pública también se inició otro expediente de investigación en contra del diputado Juan Mendoza por otro delito de falsificación de documentos que acredita el valor de la propiedad.

Caso alcalde de Florencia

Respecto al caso de los avances sobre el asesinato del ex alcalde Florencia de Benito Juárez, dijo que debido a mensaje delictivo que se dejó en el cuerpo del alcalde y de su acompañante Gilberto Pérez en el que se hací­a alusión que dicha ejecución fue por uno de los cárteles que operan en Zacatecas, por ello, este caso se trabaja con la PGR.

Investigaciones de maestros manifestantes

También se defiende sobre los cuestionamientos, sobre la presunta represión de la Procuradurí­a ha emprendido contra los maestros que han obstruido las ví­as de comunicación, porque es un delito dentro del Código Penal de Procedimientos del Estado de Zacatecas, por ello, se ha tenido que investigar, ordenes de aprehensión y este caso no se ha perdido, sino que el juicio se sobreselló por conciliación entre las partes.

Debilidades de la procuración de justicia

A la par, el procurador también aceptó que lamentablemente 88 de los delitos no se denuncia a nivel nacional “por desconfianza y/o por miedo”  porque no se confí­a en el Ministerio Público y lo que da pauta a que exista esa cifra negra, pero afirmó que ya trabajan todas las procuradurí­as del paí­s.

El fiscal comenzó  respondió a la diputada Marí­a de la Luz Domí­nguez, quien cuestionó que no se ve una real estrategia en materia de prevención, ya que se revictimiza a los muertos.Al respecto el procurador consideró que justamente la prevención es un tema de la mayor importancia que, no obstante, es una labor del gobierno estatal, federal y municipal, escuelas y familia.

Reconoció que las cifras no coinciden las oficiales no coinciden lo que manejan la sociedad o “rumores” del vecino y también coincidió que a veces si se revictimiza a los muertos, pero no puede ser cuando a un sujeto está acompañado de armas y que es evidente la presunción que son miembros de la delincuencia organizada.

El procurador aseguró que Zacatecas no es de los estados más inseguros en las estadí­sticas nacionales y oficiales, ya que la incidencia delictiva más complicada es Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango Michoacán y Veracruz.

Ante los reclamos de que el fiscal asume funciones que no le competen como si fuera secretario general de gobierno o secretario de seguridad pública, y reconoció que en efecto no es lo mismo el policí­a del estado que la del abogado del pueblo, pero justificó que lo que hace es informar a la sociedad.

A la par, el procurador también aceptó que lamentablemente 88 de los delitos no se denuncia a nivel nacional “por desconfianza y/o por miedo”  porque no se confí­a en el Ministerio Público y lo que da pauta a que exista esa cifra negra, pero afirmó que ya trabajan todas las procuradurí­as del paí­s.

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