Agenda Política
Por: Gabriel Contreras Velázquez
«El gobierno que habré de encabezar será absoluta y estrictamente respetuoso de la decisión que, apegada a derecho, tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación». Fue así como el 17 de Octubre del 2012, en una conferencia de prensa posterior a una reunión con el también recién electo primer ministro francés, Francois Hollande, el Ejecutivo Federal mexicano condicionó la reapertura de las relaciones entre Francia y México a partir de âno meter la manoâ en la polémica generada por la detención de Florence Cassez en 2005.
âHe comentado al señor Presidente (Hollande) que es un asunto que en este momento se encuentra bajo el ámbito del Poder Judicial (…) de mi país, y que el gobierno que habré de encabezar será absoluta y estrictamente respetuoso de la decisión que, apegada a derecho, tome la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y he pedido que este tema, este asunto, no sea el que marque o señale la relación de México con Franciaâ, dijo Peña Nieto en esa misma conferencia.
El âaffaire mexico-francésâ heredado en esta administración por los manejos políticos de la justicia que definieron buena parte del sexenio calderonista, representó un golpe mediático fuerte en la sociedad mexicana, ante la percepción de la impartición de justicia.
Si bien el tema es netamente político, la comentocracia lo ha convertido en uno donde se cuestiona la legitimidad y legalidad de la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando unos meses atrás, la ministra Olga Sánchez Cordero daba a conocer a los medios que llevaría a revisión los fallos previos donde se inculpaba a la francesa como secuestradora.
El punto más débil se encontraba sustentado en dos argumentos: no se respetaron los derechos de la extranjera al ser detenida; y el âmontaje mediáticoâ a partir del cual el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar, en 2012, logró la unanimidad de opiniones en la Sala Suprema. Sin ser esto aun suficiente para lograr la liberación de la ciudadana gala.
Para entonces, la opinión pública mexicana (cercanas las elecciones de 2012, y buscando desgastar la figura de García Luna) coincidía con la que hoy, bajo una estrategia mediática nacionalista, el chauvinismo francés convirtió a su ciudadana en âmártirâ.
El costo de la liberación de Cassez, para el gobierno mexicano ha sido tal que tres figuras fuertes del gabinete: el presidente, el secretario de gobernación y el procurador de justicia, tuvieron que dejar a un lado lo que aquél octubre de 2012 habían prometido, para cambiar de ruta.
Osorio Chong soltó ante la presión de la prensa que, debido al descontento mostrado apenas de conocerse la decisión de la SCJN, se buscaría fortalecer el marco jurídico mexicano para evitar que pudiera repetirse un escenario tal, y sensiblemente buscó salida a la tensión política entre sociedad y gobierno, al buscar neutralizar la imagen de impunidad antes los funcionarios implicados en el caso: âen cuanto haya un señalamiento público, oficial, entraremos a revisarâ¦â.
El enemigo público, por ahora, tiene nombre: Luis Cárdenas Palomino. En el proyecto de sentencia del ministro Zaldívar es señalado como el artífice de aquella âescenificación ajena a la realidadâ. El perfil del funcionario menciona que se integró en 1989 al recién creado Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). En 1993 comandó el Centro Nacional de Control de Drogas (CENDRO) de la PGR, pasando en un trienio a convertirse en primer jefe de la Unidad Antisecuestros. En los gobiernos panistas se le vio activamente en los altos puestos de la nueva (hoy extinta) Agencia Federal de Investigación, terminando como jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal en 2010, donde los operativos conjuntos eran la cotidianeidad en el tema de la âlucha frontalâ al narcotráfico.
La gira por Europa que realizó el presidente Peña en los meses de la âtransiciónâ, han comenzado a dar resultados en el plano político. Si bien el golpe mediático compromete a la nueva administración a seguir indagando ante las irregularidades cometidas en el sexenio pasado, el rumbo de las relaciones con Francia han abierto una nueva oportunidad para evaluar la balanza económica (de la que dependemos en un 80% de Estados Unidos), al mismo tiempo que renueva la imagen diplomática que la ex canciller Patricia Espinosa se encargó de desdibujar.
Es tal la apuesta del nuevo gabinete por asumir costos y generar una nueva percepción de nuestro país en el extranjero, que en los días en que Cassez regresaba a Francia, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en el Foro de Davos (Suiza), entregó un articulado proyecto de inversión a las potencias mundiales teniendo como eje fundamental la apertura del sector energético. El Pacto por México (garantía de reformas) fue su carta de presentación.