Por Anayeli García Martínez
Experta critica el poder que podrá tener el Ifetel

México, DF. (Cimacnoticias).-  La investigadora y experta en telecomunicaciones, Clara Luz Álvarez, sostiene que aunque la reforma constitucional en la materia –aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada– significa un avance en el sector, en los hechos ignoró los derechos de las audiencias al enfocarse en controlar intereses corporativos.

Aplaudida por unos y vituperada por otros, la reforma busca fomentar la competencia y regular los mercados convergentes de telefonía fija y móvil, televisión abierta y restringida e internet, sin embargo, en opinión de la experta esta iniciativa fue omisa al no incluir los derechos de las audiencias.

En entrevista con Cimacnoticias, Clara Luz Álvarez, ex comisionada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones  (Cofetel) y ex relatora de la Unión Internacional de Telecomunicaciones explica que la minuta enviada al Senado para su ratificación tiene aspectos positivos pero aún no se puede decir que significa un cambio real para la ciudadanía.

La reforma “de claroscuros”, como ella la califica, modifica los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, plantea la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), reconoce como un derecho el acceso a internet y establece el término de concesiones de uso social, entre otras bondades.

“Se espera que todos estos cambios traigan una mayor calidad para las telecomunicaciones, que mejoren los procesos, pero eso es algo que, si bien nos va, veremos  en el mediano plazo. No es algo que vaya a cambiar de la noche a la mañana”, destaca.

La investigadora explica que la reforma se enfocó en aspectos institucionales al hacer énfasis en las facultades de los órganos del Estado que van a revisar las telecomunicaciones y enfocarse en controlar los intereses corporativos, pero olvidó que la ciudadanía es la audiencia que históricamente ha sido desdeñada e ignorada.

Si bien durante la discusión de la iniciativa, durante la noche del 21 de marzo y la madrugada del 22, en la Cámara de Diputados hubo legisladores que promovieron reservas para incluir temas como los derechos de las audiencias, en la realidad –dice Álvarez– la sesión se convirtió en un monólogo porque ninguna reserva pasó.

En el texto aprobado se incluyó el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones, internet y banda ancha, pero la experta critica que no se consideró que hay regiones del país donde las empresas no invierten porque no son rentables y por tanto esa población no accederá a ese derecho.

“Hay zonas que no van a ser interesantes para que se lleven esos servicios de internet y banda ancha  por lo que esta reforma debió establecer que en aquellas zonas donde la competencia y el sector privado no lleven servicios de internet y telecomunicaciones, el Estado se encargará de ver  qué se necesita para que estos servicios se presten”.

Sobre la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones destaca que  no queda claro si este organismo tendrá la facultad de revisar los contenidos de los medios de comunicación y determinar si son discriminatorios o fomentan la violencia de género.

Y es que el artículo 6 constitucional dice que la ley establecerá un organismo público encargado de asegurar el acceso a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica y la igualdad entre mujeres y hombres.

Este organismo también deberá asegurar la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

Al respecto la investigadora destaca: “Hay dos puntos, esta iniciativa habla de que se establecerán las condiciones que regirán contenidos y eso desde el punto de vista de la libertad de expresión es terrible porque lo que menos quieres es que alguien determine si algo está bien o está mal”.

“Por otra parte este instituto aparentemente tendrá facultades de verificar que se cumpla con los criterios que señala el artículo tercero de educación y de identidad nacional como lo marca el artículo primero. Entonces va a ser un órgano todo poderoso: verá quiénes tienen la infraestructura, verá  contenidos y sancionará a quienes sean dominantes y cometan prácticas monopólicas”.

La autora de libros como Internet y Derechos Fundamentales (2011) y Derecho de las Telecomunicaciones  (2008) acota que en países como Estados Unidos el regulador de telecomunicaciones revisa contenidos “a posteriori”, es decir, no hay censura, porque se estudian ciertos casos donde hay un dilema.

Cuando se presenta esta disyuntiva el órgano regulador revisa si los contenidos están protegidos por la libertad de expresión o determina si, por ejemplo, se trata de algo que invade la privacidad de una persona. “Pero son casos muy concretos, no se le pide que verifique que los contenidos difundan la identidad nacional”.

El argumento de la experta es claro, la función de revisar contenidos debe ser de otro órgano. “No me parece que sea la función del regulador de las telecomunicaciones el tema de contenidos. No tendrían por qué estar (en esta reforma), lo que se acostumbra en otros países es que los reguladores vean temas de concesiones, de infraestructura, de prestaciones de servicios, pero no tienen facultades en cuanto al contenido mismo”.

Aunque Clara Luz Álvarez afirma que los contenidos que difunden los medios es un tema que se maneja por separado señala que debe ser materia de análisis. Aún falta que el Senado apruebe la reforma constitucional para después ver cómo quedará la ley secundaria y revisar si en esta última se incluyen las audiencias o los derechos de las mujeres.

Porque hasta ahora hay temas que simplemente se quedaron fuera, como la propuesta de la diputada del PRD Martha Lucía Micher Camarena –recuerda Álvarez– quien pugnó porque se estableciera la prohibición de que los medios difundieran  estereotipos de género y que incitarán al odio y la violencia.

Otro pendiente fue la propuesta de la diputada del PRD, Roxana Luna, quien pidió que las telecomunicaciones fueran accesibles a las personas con discapacidad y quien destacó que si bien la ley crea la figura de “medios de uso social” no queda claro si en este concepto  entran las radios comunitarias, las televisoras universitarias y los canales creados por colonos u organizaciones.

La reforma establece que habrá medios de uso comercial, público, social y privado pero no hace una definición detallada de cuáles son los medios de uso social y cuáles serán los requisitos para que obtengan una concesión del espacio radioeléctrico ni si explica si les prohibirá obtener ingresos por los servicios que ofrecen.

“En esos temas creo que fue omisa la reforma. Para la ciudadanía esto sí hubiera representado un cambio verdadero e inmediato”, finaliza Clara  Luz Álvarez.