APRUEBAN REFORMAS PARA ORDENAR LA DEUDA EN ESTADOS Y MUNICIPIOS

foto carlos puente, posicionamiento

El Senado de la República aprobó en su sesión de hoy el dictamen que contiene reformas a la Constitución Política para establecer una política nacional de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera. Una vez aprobada la modificación a la Carta Magna, el Congreso de la Unión expedirá la Ley general correspondiente.

El senador por el Estado de Zacatecas explicó que a partir de la aprobación de este dictamen se regulará, fiscalizará y transparentará el 100 por ciento del endeudamiento público de los tres órdenes de gobierno, sin violar la soberanía de las estados y municipios. En este nuevo diseño institucional, los Congresos locales expedirán sus propias leyes en la materia y aprobarán los montos de deuda y las obligaciones contraídas con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, previo análisis de su destino y capacidad de pago.

El nuevo marco constitucional establece un sistema de advertencias de calidad de la deuda pública. En otras palabras, detalló Puente Salas, cuando haya problemas de endeudamiento, los gobiernos locales podrán firmar un convenio con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que la federación quede como aval, con ellos se controlarán las tasas de préstamo ofrecidas por el mercado y el Senado dará su aprobación final. En caso de que los estados y municipios no presenten complicaciones, no se ejercerán los controles jurídicos federales.

Con la aprobación de esta reforma constitucional, el Senado de la República aborda de manera integral la fiscalización de los recursos públicos. Primero, al aprobar modificaciones a la Ley de Contabilidad Gubernamental para que los ciudadanos puedan conocer a detalle la forma en que el gobierno gasta el dinero. Segundo, al ordenar y transparentar la contratación de deuda pública. Tercero,  con la creación posterior de la Comisión Nacional Anticorrupción.

Finalmente, Carlos Puente subrayó que con la aprobación de esta reforma constitucional, las y los mexicanos pueden estar seguros que no se empeñará el futuro de los niños y jóvenes de México.

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