Agenda Política
Gabriel Contreras Velázquez
La población zacatecana se encuentra inmersa en un fenómeno novedoso. La marginalidad en que los habitantes de las zonas rurales han permanecido, desde hace cuatro o cinco décadas, había sido apenas satisfecha por la migración hacia los Estados Unidos de, en su mayoría, provincianos jóvenes o adultos en edad productiva. Según datos del INEGI, estadísticamente de los 15 a los 49 años se muestra una mayor emigración internacional, alcanzando su máximo pico entre los 25 y 34 años.
Las remesas sostuvieron a buena parte de la sociedad zacatecana en los municipios, siendo éstas el ingreso económico más importante (y a veces el único) de las familias de las zonas rurales. De esta manera, el flujo monetario de un país a otro, se acomodó como un indicador fundamental de las percepciones monetarias del hogar, específicamente en las ciudades y municipios del norte del país.
Ese fue el contexto en que el nuevo fenómeno del narcotráfico, administrado complejamente y a nivel transnacional por la organización de la delincuencia alrededor de actividades ilícitas altamente lucrativas, se encontró con la migración (de manera especial la ilegal, provocada por la marginación) y la miró como un espacio más dónde extender su monopolio ilegítimo.
Fue así que incluso las bandas delictivas controlaron de manera férrea las zonas fronterizas -del norte y del sur de México- ya que eran las puertas de ingreso de los estupefacientes al mercado de mayor demanda a nivel mundial: los Estados Unidos.
Ahora bien, cuando la estrategia presidencial en términos de seguridad (que no es lo mismo que abordar el problema desde su dimensión económica, política y/o jurídica) puso la mira en la erradicación de esos grupos de criminales organizados, el juego de alianzas y rupturas para la protección de la “plaza” o los límites territoriales de la extensión del monopolio de cada organización criminal, generó una espiral de violencia que al día de hoy no ha cesado.
En dicha confrontación de grupos paramilitares por el resguardo y extensión de los espacios donde su mercado subsiste, y donde su marca es la única que obligadamente ha de venderse, la migración pasó a ser una actividad ilícita que buscaba ser controlada por el poder de los países vecinos, a una actividad ilícita más en el mercado negro de la delincuencia organizada. La complejidad de este escenario se encuentra en la disputa abierta del poder ilegítimo de la delincuencia, frente al poder mermado (por el pecado original de la corrupción) en las instituciones.
Con información de INEGI, actualizada a junio de 2005, 1.1 millones de mexicanos mayores de 5 años vivían en otros países, 18% radicaba en Estados Unidos. En el último par de años en Zacatecas se registró un movimiento de 31 mil 817 habitantes hacia Estados Unidos, con 10 mil 388 de ellos en retorno. Al año 2000, INEGI había registrado 65 mil 631 zacatecanos emigrando hacia los Estados Unidos, con lo que nos encontramos con un descenso sustancial en un lapso de dos sexenios, en que el gobierno fue manejado por el “partido opositor” más longevo de la historia de México.
El modelo explicativo podría arrojar dos hipótesis acerca del descenso de la dinámica del flujo migratorio hacia Estados Unidos, especialmente en la población zacatecana: emigrar hoy en día es más caro (no sólo se debe pagar soborno a las instituciones, también está la tajada a las bandas delictivas) y/o más inseguro (debido a que el paso de fronteras se encuentra en tensión por la espiral de violencia suscitada). Eso por el lado del análisis de las condiciones en que se encuentra la emigración hoy en día.
En términos concretos, en Fresnillo el asesinato a golpes de un profesor por un grupo de jóvenes menores de edad, debido a la negativa de aquél de entregarle su automóvil a éstos, retrata de forma cruda pero objetiva esas condiciones de marginación en que muchos jóvenes han vivido desde años atrás. Relegados en buena medida de las instituciones, anteriormente se refugiaban en la promesa de una mejor vida tomando los riesgos que implica el “irse al otro lado”. Hoy, han perdido todo respeto por las mismas instituciones que los reconocieron de manera escasa, al desafiar abiertamente la ley privando de la vida y la propiedad al ciudadano en comento.
Independientemente de que no exista un marco jurídico suficiente para procesar de manera penal a un menor de edad por el delito de privación de la vida, el encarcelamiento sólo refuerza la dinámica marginal. A un criminal no se le reinserta a la sociedad, sino que se le estigmatiza; con ello se le separa moralmente del grupo, y busca espacios donde la ilegalidad es imperante –y donde sí es aceptado por su mismo estigma.
¿Qué se puede esperar de las propuestas partidistas, sin análisis serios?