Siguen asesinatos de mujeres y autoridad no previene
Por Isaín Mandujano
Tuxtla Gutiérrez(Cimacnoticias/Chiapas Paralelo).- Alarmadas las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y activistas de Chiapas por al menos 54 asesinatos de forma violenta en lo que va de 2013.
En al menos 40 de ellos se tipifica el feminicidio, por lo que han propuesto declarar por su cuenta la “Alerta Ciudadana de Violencia de Género”, ante la pasividad del gobierno estatal y federal.
En 2012 en Chiapas fueron asesinadas de manera violenta 97 mujeres; al ritmo que van los crímenes violentos, alertan las organizaciones y activistas que la cifra podría superarse en 2013.
Por eso con marchas y protestas se han movilizado para exigir al gobierno acciones que frenen la oleada de crímenes en la entidad.
FEMINICIDA LIGADO AL PVEM
El caso de mayor impacto social fue el de Omar Fernando Rosales Toledano, asistente del senador del PVEM, Luis Armando Melgar, quien asesinó a su novia Viridians Flores Ramírez el pasado 8 de junio, en un hotel de San Cristóbal de Las Casas, para después irla a tirar debajo del puente San Cristóbal entre Tuxtla y esa ciudad.
En una barranca de 200 metros fue encontrado el cadáver de Flores en estado de descomposición. Pero fue tras la presión social de su familia, amigos, los medios y las redes sociales, como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a Rosales Toledano escondido en un hotel de Tapachula, a unos 500 kilómetros de la escena del crimen.
Con el auto de formal prisión y un proceso penal en curso, amigos y familiares de Viridians Flores Ramírez temen que Rosales Toledano pueda evadir la prisión en cuanto los casos de feminicidio recientes dejen de preocupar a la sociedad y a los medios.
El caso de Viridians exhibió la oleada de crímenes que habían iniciado en enero de 2013 y visibilizaron los que se fueron registrando en Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán y Palenque, principalmente.
SIN PROTOCOLO CONTRA EL DELITO
A decir de la activista Patricia Chandomí, la PGJE no tiene protocolos para atender este tipo de delitos. En 2013 ya son 37 mujeres víctimas de feminicidio.
Explica que el feminicidio no es el equivalente de homicidio, aplicado a las mujeres; el feminicidio es un delito y hace referencia a los asesinatos que llevan un mensaje de odio, desprecio y dominio sobre las mujeres.
Sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los Derechos Humanos de las mismas.
El feminicidio es el resultado de la violencia misógina llevada al extremo, es la muestra más visible de múltiples formas previas de hostigamiento, maltrato, daño, repudio, acoso y abandono hacia las mujeres, dice Chandomí.
El feminicidio se caracteriza también porque se da en un contexto de arbitrariedad e impunidad social y judicial para los perpetradores.
Para la abogada Martha Figueroa, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, hay 20 detenidos por este delito; 20 procesados y 6 sentencias condenatorias. Desde que se tipificó el delito se estima que un 50 por ciento de los feminicidas están siendo juzgados.
A diferencia de otros estados, donde la mitad o más de la mitad de los victimarios son desconocidos, en Chiapas el 70 por ciento de los crímenes fue cometido por algún conocido de la víctima, principalmente pareja, ex pareja, pretendiente, novio o amigo del novio.
La edad de las víctimas de este delito oscila de los 15 a 35 años; aunque en Chiapas se tiene el registro de cuatro mujeres de 80 años víctimas de feminicidio y una niña de dos años. Por tasa de población, el número de casos de feminicidio para Chiapas es alta, explica Patricia Chandomí.
DECLARACIÓN DE ALERTA DE GÉNERO ALTERNATIVA
Para la abogada Martha Figueroa aunque hubiera una sola asesinada es suficiente para luchar porque se cumpla a cabalidad el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Agrega que la sociedad civil en San Cristóbal propone decretar su propia alerta de género, luego de que no se logró que el estado la declarara de manera oficial, aun cuando había fundamento y base legal en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Para la activista “es urgente extender e institucionalizar la alerta de género a nivel estatal”. La propuesta para Chiapas es implementar la alerta junto con las autoridades, e implementar protocolos de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas.
“La procuraduría está deteniendo a los agresores y está identificándolos, pero necesitamos más, necesitamos prevenir, no es lo mismo detener al feminicida que prevenir el feminicidio”, acota.
“No entienden en el gobierno local que el problema no es detener feminicidas sin detener el femicidio. Porque muchos crímenes empezaron antes con denuncias penales, con agresiones y violencia física que llegaban a denuncias penales y nunca procedían”, dice Figueroa.
Señala que en Chiapas, en 7 de cada 10 casos, los feminicidas fueron un familiar o un conocido, cuando en el contexto nacional es 3.5 de cada 10 casos.
Ante la oleada de crímenes abunda que la PGJE empezó a presumir sus cifras de “éxitos”, pero no se ha dado cuenta que el problema es la prevención no la reacción.
Explica que en Chiapas siempre ha habido una guerra de cifras entre organizaciones no gubernamentales y la PGJE.
El pasado martes apareció muerta Tatiana de los Santos en una colonia al nororiente de la capital del estado. Desde el sábado que desapareció sus vecinas la reportaron a la PGJE, pero dijo que deberían esperar 72 horas para empezarla a buscar.
Cuando pasó ese lapso, la policía la buscó y la encontró enterrada en el patio de su casa. Su esposo desapareció con sus dos hijos. Finalmente los menores de edad fueron recuperados y el feminicida capturado. Tatiana ya había sido víctima de agresión física por parte de su esposo.
SITUACIÓN CRÍTICA SIN PRECEDENTE
Para la diputada local del PRD Alejandra Soriano Ruiz, lo que pasa en Chiapas es una situación crítica sin precedente, donde si bien cada vez más se visibilizan los crímenes, también ha desnudado la inexistencia de un programa para evitar la violencia de género.
El Código Penal de Chiapas refiere en su artículo 164 Bis que a quien cometa el delito de feminicidio se le sancionará con prisión de 25 a 60 años.
La legisladora detalla que en Chiapas en la mayoría de los casos de feminicidio, unos 20, los victimarios usaron un arma blanca, otros provocaron la muerte con golpes contusos, otros por asfixia y en uno o dos casos usaron armas de fuego.
Agrega que en el 74 por ciento de los casos, el victimario tenía algún tipo de relación con la víctima.
Por ejemplo, la violencia de mujeres alcanzó el número más alto en sólo incidente en marzo pasado, en la comunidad Yaxté, municipio de Chilón, donde después de discutir con su padre, mató a machetazos a cuatro integrantes de su familia, su abuela de 83 años, su madrastra, y sus dos menores hermanas de 13 y cuatro años.
El pasado 21 de marzo, varias mujeres marcharon y encendieron velas frente a la Catedral de San Cristóbal de Las Casas, por Tomasina Gómez, de 83 años; Albina Guzmán, de 33; Milenia y Norma, de 13 y 4 años de edad, respectivamente, asesinadas a machetazos por su familiar Gaspar Silvano López.
Fue tras la presión de los organismos civiles que la PGJE capturó al multifeminicida.
En abril pasado, el procurador estatal Raciel López Salazar indicó que 60 por ciento de las muertes de mujeres se han dado por “desencuentro” entre parejas.
El pasado 9 de julio, el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, se reunió con su gabinete para “delinear estrategias conjuntas para erradicar la violencia hacia las mujeres”.
Sin embargo, las agrupaciones civiles ya se organizan desde San Cristóbal de Las Casas para declarar la “Alerta Ciudadana de Violencia de Género en Chiapas”.
Según Martha Figueroa, no van a esperar a que el gobierno estatal o federal la declare porque nunca lo va a hacer. Recuerda que ya fueron rechazadas otras solicitudes de Alerta de Violencia de Género en entidades como el Estado de México.