Nueve meses han sido suficientes para constatar que, contrario a las promesas hechas por Enrique Peña Nieto a los mexicanos durante su campaña a la presidencia de la República, la calidad de vida de la mayoría los ciudadanos de este país se ha deteriorado de tal manera que los niveles de precariedad económica y de violencia que padecemos amenazan con poner al país al borde de una crisis social y económica sin precedente.

En el poco tiempo que lleva como presidente de la República, Peña Nieto se ha encargado de convencernos que, de seguir por la ruta a la que está encaminado al país, antes de que termine su sexenio se ahondará la etapa de nulo crecimiento económico y de inseguridad producto de las actividades de los grupos del crimen organizado que se vivió durante 12 años de panismo.

Si el crecimiento promedio anual del producto interno bruto (PIB) durante el sexenio de Felipe Calderón fue de 1.66 por ciento, las cifras oficiales del propio gobierno federal auguran un negro panorama financiero para finales del 2013.

Ello incluye un crecimiento como país apenas por arriba del 1 por ciento, una cifra de 54 millones de mexicanos sumidos en la pobreza extrema, casi 3 millones de desempleados (5 por ciento de la Población Económicamente Activa), al menos 21 millones de personas viviendo de la informalidad sin prestaciones ni seguridad social y la ausencia de una política laboral capaz de responder al millón de plazas que se requieren para satisfacer las necesidades de las nuevas generaciones.

En lo que respecta al tema de la inseguridad y a las actividades del narcotráfico en nuestro país, el gobierno de Peña Nieto va que vuela para dejar atrás el record de sangre y muertes impuesto por su antecesor panista.

Aunque Peña Nieto presume que de diciembre de 2012 a junio pasado se consignaron sólo 7 mil 110 homicidios vinculados con el crimen organizado, reportes periodísticos basados en cifras oficiales ofrecidas por las procuradurías locales de las 32 entidades de la República señalan que en realidad durante los primeros ocho meses del gobierno del priista se han registrado 13 mil 774 asesinatos, lo que deja muy atrás los 8 mil 867 asesinatos reconocidos por Felipe Calderón durante su primer año de gobierno.

Asimismo, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), el número total de secuestros que se denunciaron –no los perpetrados- en el país entre enero y julio de 2013 se convirtió en el más alto de la última década, al llegar a los 911 casos, cifra que deja atrás la alcanzada en los primeros siete meses de 2011, cuando se iniciaron 791 querellas en todo el país por dicho delito.

Con ello, Peña Nieto incumple la promesa de campaña que hizo el 13 de octubre de 2012, cuando dijo que su meta era reducir al menos en un 50 por ciento la tasa de homicidios y secuestros en México, durante su primer año de gestión.

Desafortunadamente, el nivel que ha alcanzado la violencia durante el gobierno de Peña Nieto no se circunscribe sólo al alto número de asesinatos y secuestros cometidos durante los primeros nueve meses de su gestión, sino que incluye a las personas que han sido desplazadas de sus lugares de origen por la violencia, que según cálculos conservadores abarca al menos 140 mil personas y que en el peor de los casos podría alcanzar la cifra de 450 mil en todo el país. De igual forma incluye a las 26 mil personas desaparecidas, en su mayoría mujeres, que el Gobierno Federal ya ha reconocido como cifra oficial.

Asimismo, la ausencia del Estado de derecho durante la gestión de Peña Nieto se ha hecho cada vez más evidente, y la violación de los derechos humanos de los mexicanos, pero en especial de las mexicanas, se ha convertido en un acto sistemático, como lo demuestra el cada vez más elevado número de mujeres (muchas de ellas migrantes) que son esclavizadas contra su voluntad con fines sexuales, actividad que después del tráfico de drogas es la más redituable, pues arroja ganancias anuales en México por más de 32 mil millones de dólares.

Con Peña Nieto, el México de plena igualdad, de respeto a la mujer y a sus derechos que pregonó durante su campaña a la Presidencia es letra muerta. Durante su gobierno persiste la política de criminalización hacia las mujeres instrumentada por Felipe Calderón, pues a la fecha, por medio de leyes locales vigentes en varios estados de la República se les sigue coartando su derecho a ejercer con libertad su sexualidad, condenándolas a penas corporales cuando por causas legítimas han optado por abortar.

A unos días de entregar su primer informe de labores, Peña Nieto enfrenta a un sector magisterial enardecido por su obstinación de sacar adelante una reforma educativa que, aunque necesaria, siempre se negó a incluir en la dinámica de modernizar el sector educativo del país las opiniones de los profesores, que sin duda son el ingrediente principal de la receta de enseñanza que pretende.

Las manifestaciones que se realizan en las calles, que amenazan con desestabilizar el inicio del segundo periodo de sesiones de la LXII Legislatura, son un adelanto de lo que puede ocurrir en caso de que el gobierno federal y los diputados del PRI sigan empeñados en ignorar la opinión de la gente respecto a la reforma energética, que sería un error avalarla con el mayoriteo que tanto PRI como el PAN pueden alcanzar con la suma de sus votos en la Cámara de Diputados.