Gabriel Contreras Velázquez
El ruido que genera el conflicto entre los intereses de grupo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) -compuesta por docentes “disidentes” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)- y la reforma en materia de educación, diseñada bajo la lógica del consenso entre las tres grandes fuerzas partidistas del país (en el caso del PAN y PRD, sólo algunos de sus segmentos) auspiciada por el Pacto por México, ha enturbiado la imagen concreta de lo que se puso en juego mediante este rediseño jurídico federal.
Revisando la Ley del Servicio Profesional Docente, aprobada a las 11 de la noche con 39 minutos del domingo 1 de septiembre (apenas unas horas después de la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados), una conclusión es definitiva: al supeditar el servicio público a un proceso de evaluación, en donde después de tres exámenes con la capacitación correspondiente para cada uno de ellos, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa generará estándares de medición para saber qué ciudadanos pueden seguir laborando en las aulas.
El golpe es contundente a un solo lugar: las demandas de basificación, propuestas por la CNTE como uno de sus pilares de lucha en contra del “Estado en poder de la burguesía” (según sus documentos de identidad), dejan de ser el arma de asalto de los disidentes para imponer una fuerza política al interior del sistema educativo.
¿Por qué “arma de asalto”? El ejemplo es claro, y expone las condiciones con que la CNTE ha fortalecido y legitimado sus tácticas de presión, a cambio de obtener satisfacción a sus pliegos petitorios. El pasado 29 de mayo de 2013, en el diario Reforma, de circulación nacional, se informa que “la Sección 22 de la CNTE, encabezada por su secretario general, Rubén Núñez, negocia en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) la basificación de 11 mil maestros de Oaxaca.»
Esto es, que la basificación de la plantilla magisterial obedece a un acuerdo político, y no a un proceso administrativo realizado y vigilado por instituciones de gobierno, así como organizaciones no gubernamentales en la materia educativa.
¿Qué alcance tendría entonces la reforma a la administración gubernamental de la educación –que no es lo mismo que reforma educativa, sin embargo entra en ese mismo espacio- en el ejemplo anterior? Que el gobierno, con la intención de reconstruir el Estado de Derecho en el espacio educativo (fortaleciendo y legitimando su institucionalidad) buscó romper las ataduras donde algunos poderes fácticos le restaban poder y representatividad.
¿Entonces, la reforma es para el mejoramiento de los estándares educativos? En apariencia la nueva normatividad podría tener ese objetivo, pero para lograrlo primero debía abrirse camino mediante una reforma eminentemente política, la cual ha dado como resultado, no el debilitamiento del sindicato, como quiere verse. No, por el simple hecho de que el contrato colectivo no fue modificado.
Lo que cambia, lo que estuvo en juego, y lo que resultó de este ejercicio de tensión de las relaciones de interés, es que el gobierno retoma el ejercicio propio del poder y deja a las organizaciones gremiales supeditadas a un nuevo equilibrio de fuerzas. Un contrapeso en donde a los sindicatos ya no les resultará tan fácil paralizar la labor educativa para satisfacer sus demandas colectivas, sino que una nueva institución encargada de la evaluación, impondrá los parámetros para la permanencia o destitución del personal docente.
Indirectamente, pero de manera política, por ahora el magisterio ha sufrido una lesión en su zona vertebral: el poder colectivo de organizar y movilizar masas. Una vez que ha perdido la fuerza para regentear la basificación, la CNTE se ve ahora obligada a repensar su presente como “frente de masas” y analizar políticamente la realidad en la que ha aterrizado, si es que quiere seguir siendo un órgano de lucha dentro del espacio educativo.
Por lo que toca al gobierno federal, el resultado de la construcción de consensos en un Congreso de la Unión congestionado, así como el repliegue de la Coordinadora Nacional por toda la Ciudad de México, son dos elementos a tomar en cuenta para la agenda de reformas que ha inaugurado con ésta primera modificación del marco jurídico en materia de educación.
Si bien las marchas no se hubieran ahorrado, el hecho de haber dialogado semanas atrás con la CNTE, como se tenía planeado en las mesas de trabajo del Pacto por México, sí hubiera disminuido la reacción incendiaria y la paralización total de los recintos legislativos. El hecho de haber minimizado un elemento de esas dimensiones por analistas y asesores oficiales, sigue complicando el panorama: el magisterio ha anunciado movimientos multitudinarios por todo el país. He ahí el contexto de las siguientes reformas.
Agenda Política
Lic. Ciencias Políticas y Administración Pública (UNAM)