¿Y LOS GOBERNADORES?

Gabriel Contreras Velázquez

Lic. Ciencia Política y Administración Pública (UNAM)

En los próximos días serán atendidas las propuestas de los magistrados de los tribunales electorales estatales, quienes, al igual que las presidencias de los organismos locales, a petición formal ante las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, en el Senado, manifestarán su desacuerdo ante la desaparición de las instancias estatales, dando paso a la creación del Instituto Nacional Electoral.

La correlación de fuerzas al interior del Congreso de la Unión, se ha movido intensamente desde la semana pasada. Se han intensificado los frentes de lucha al interior de los partidos, que, según la tendencia, traerán un fuerte dolor de cabeza a la aprobación de la reforma político electoral, como víspera del consentimiento a la reforma energética (postura inamovible de Gustavo Madero, líder nacional del PAN).

Las tres fuerzas partidistas al interior del Pacto por México han encontrado reticencias recientes en la reforma político electoral. El intenso cabildeo de los representantes de las autoridades electorales locales, así como de las instancias federales, ha dado paso a que tanto en el PRD (Jesús Zambrano y Acosta Naranjo en contra de Camacho Solís y Alejandro Encinas), el PAN (Gustavo Madero contra Ernesto Cordero) y el PRI (Cesar Camacho contra su propia bancada en el Senado) dificulten el cumplimiento del compromiso número 90 del acuerdo para la Gobernabilidad Democrática en el Pacto (el INE).

Resulta de interés el caso específico del PRI, partido en el gobierno, donde las posturas muestran falta de consenso en el seno de la reforma política. Su presidente nacional, de la mano del Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, gestionan la creación del Instituto Nacional de Elecciones. Mientras, los líderes de las bancadas priistas en el Congreso de la Unión (Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa), quienes son los encargados de la construcción del consenso en torno a la reforma, no se han pronunciado definitivamente con respecto al tema de la autoridad única.

En lo que sí coinciden los dos hombres fuertes del partido en ambas cámaras es en buscar las mejores condiciones para la gestión de un gobierno de coalición, así como el impulso a las candidaturas ciudadanas y las iniciativas preferentes. Desde sus espacios de representación popular, se encuentran decididos a la restricción de las prerrogativas de los partidos, y la redefinición de las normas del juego electoral.

Quienes no han asomado ni para pronunciarse en contra ni a favor de dicha reforma, en cualquiera de los temas ahí expuestos, son los gobernadores de las entidades. Una veintena de priistas, y otros mandatarios provenientes de la coalición PAN-PRD aplican la máxima popular “calladito te ves más bonito”.

¿A qué obedece el mutis en el que se encuentran los ejecutivos estatales, frente a un escenario donde se les culpa de intromisión y abuso de facultades en los procesos electorales? A que no se encuentran del todo incomunicados en ambas cámaras. El empuje del consenso ante la posible creación de un organismo nacional de elecciones, ya ha despertado el recelo de una buena parte de legisladores del partido en el gobierno.

Al parecer han aprovechado el espacio de conflicto en el Congreso de la Unión para gestionar, mediante sus correas de transmisión, una reforma menos radical que no tenga como origen el argumento de la intromisión de sus intereses en los cuestionados organismos autónomos. Recordemos que en política las declaraciones son apenas el telón de lo que se teje en el escenario, y el silencio de los gobernadores, así como la guerra de posiciones en el Congreso de la Unión, dejan entrever la cantidad de intereses trastocados con una reforma de ese tamaño.

Si a ello le sumamos el análisis de los especialistas en materia electoral, encontramos un común denominador de costos políticos únicos, que se encuentra en la base misma de todo este proceso de reforma electoral.

Quienes se manifiestan en contra de la creación del INE (entre ellos José Woldenberg), como solución al fenómeno de desequilibrio de poderes, aceptan de por medio el problema. Argumentan que la solución se encuentra en favorecer la restricción del poder de los ejecutivos estatales, sin dejar lugar a duda de que se habla de un fenómeno real, tangible y medible en la democracia mexicana.

Entonces. Imaginemos un escenario donde no se concreta la propuesta de creación del INE. La reforma política no dejará a un lado el problema ya diagnosticado (intromisión de gobernadores en los organismos autónomos), y se habrán de buscar soluciones concretas para limitar dicho ejercicio. En tal caso, las presidencias de los organismos locales habrán de endurecer los pronunciamientos en contra del argumento donde se les acusa de no satisfacer los estándares de autonomía suficiente, ante el poder de los gobernadores.

Semana de definiciones. En los símbolos se reflejan los intereses.

 

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