CONDENAN A MÉXICO POR PERMITIR QUE MUJERES SEAN VIOLENTADAS

Tribunal ciudadano acusa omisión de autoridades

Por Anayeli García y Yunuhen Rangel, enviadas
 
Guadalajara. (Cimacnoticias).- Académicas, feministas y activistas condenaron al Estado mexicano por permitir que las mujeres sean violadas, desaparecidas y asesinadas, y por no cumplir su responsabilidad de garantizar justicia y reparación del daño a las víctimas y sus familias.

En el Tribunal de los Derechos de las Mujeres, que se realizó durante el Noveno Encuentro Nacional Feminista en la capital de Jalisco, las participantes encontraron culpables a las autoridades y funcionarios que por acción u omisión se convirtieron en cómplices de la violencia de género.

Este acto de carácter simbólico consistió en tres sesiones públicas que se realizaron los días 25, 26 y 27 de octubre en Guadalajara, a fin de recrear un juicio ético y moral contra un Estado que en opinión de las feministas avala o desestima los crímenes contra las mujeres y las periodistas.

Los casos analizados en el tribunal ciudadano fueron la violación sexual de la indígena nahua Ernestina Ascencio, quien presuntamente fue agredida por militares en la sierra de Zongolica, Veracruz, en 2007, ataque que le provocó la muerte.

El segundo caso juzgado fue el de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, una joven estudiante que desapareció en 2004 en el Estado de México cuando se dirigía a la universidad. A pesar de que este caso llegó a instancias judiciales hasta ahora nada se sabe de ella.

También se presentó el asesinato de Nadia Muciño Márquez, quien fue ultimada por su pareja y su cuñado frente a sus tres hijos en Villa Nicolás Romero, Edomex, en 2004. En este caso de feminicidio uno de los culpables fue condenado a 40 años de prisión y luego absuelto por un tribunal de justicia.

Por último se analizó el asesinato de la periodista y corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez Pérez, asesinada en su domicilio en Xalapa, Veracruz, en abril de 2012, y cuyo caso no termina de ser esclarecido por las autoridades.

El tribunal –integrado por la nicaragüense Nadia Femli, la guatemalteca Carmen Tacam, y las mexicanas Leonor Aída Concha y Montserrat Díaz– condenó al Estado mexicano por permitir la violencia sexual, las desapariciones de mujeres, el feminicidio y las agresiones contra periodistas.

VIOLENCIA SEXUAL

A decir de Montserrat Díaz, integrante del Colectivo Feminista de
Xalapa, y Montserrat Zepahua, de la agrupación Cal y Luz Marina, la violación sexual de Ernestina fue tergiversada porque el entonces presidente Felipe Calderón y la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervinieron para que quedara en la impunidad.

Las activistas que documentaron el hecho para presentarlo en este tribunal afirmaron que este crimen estuvo plagado de irregularidades, porque si bien en un principio se acreditó la violación sexual, en el transcurso de la investigación se perdieron pruebas y hubo una contradicción entre peritajes.

Al final se concluyó que la indígena murió por una gastritis; por ello Nadia Femli, coordinadora del Observatorio de Mujeres Indígenas contra la Violencia, y Carmen Tacam, ex alcaldesa de los 48 Cantones Indígenas en Guatemala, condenaron al Estado mexicano.

Entre las recomendaciones, las mujeres dijeron que se deben establecer mecanismos de prevención de la violencia contra las indígenas, hacer peritajes antropológicos si la víctima es de algún grupo étnico, y cumplir con los tratados internacionales en materia de acceso a la justicia.

FEMINICIDIO Y DESAPARICIONES

Para hablar de las desapariciones y asesinatos de mujeres, la Asociación de Mujeres Abrazando México (AMAM) presentó los casos de Mónica Alejandrina Hernández Alvarado y Nadia Muciño Márquez, cuyas familias han realizado sus propias pesquisas y siguen sin obtener justicia.

En estos casos se pronunció la activista Leonor Aída Concha, quien fungió como jueza y que criticó que en el país haya una violencia exacerbada contra las mujeres, por lo que llamó a defender los derechos femeninos y demandó al Estado investigar y castigar a los funcionarios negligentes en estos casos.

Las participantes señalaron que en los últimos tres gobiernos en el Edomex se ha dado pie a la impunidad en la violencia de género y al incremento del feminicidio, las desapariciones y la trata.

Las juezas recomendaron al Estado aplicar los lineamientos marcados en los tratados internacionales y en las leyes nacionales encaminadas a proteger a las mujeres, erradicar la discriminación y fomentar la igualdad.

AGRESIONES A PERIODISTAS

En el tema de periodistas, las comunicadoras Daniela Pastrana, Jade Ramírez y Norma Trujillo expusieron el asesinato de la reportera Regina Martínez, y aseguraron que el Estado mexicano se basó en prejuicios de género para eludir su obligación de procurar justicia a la víctima.

Recordaron que las autoridades de Veracruz desestimaron que la periodista fuera asesinada por su labor informativa, y desde el primer momento sostuvieron que el crimen fue consecuencia de un robo y de una relación personal con su presunto victimario.

En opinión de las informadoras, este caso es ejemplo de que las periodistas reciben un trato diferente en la investigación y procuración de justicia, pues mencionaron que alrededor de 150 diligencias realizadas para esclarecer el crimen se centraron en el entorno personal y emocional de Regina.

Asimismo citaron el “Informe Diagnóstico de Violencia contra Mujeres Periodistas en México”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), que indica que la violencia contra mujeres periodistas va en aumento y que la violencia sexual, la difamación personal y profesional son poco denunciadas.

Las mujeres fallaron contra el Estado y dijeron que desde el gobierno se debe respetar el derecho a la libertad de expresión y el derecho de toda la sociedad a estar informada, y que los mecanismos de análisis de riesgo deben identificar la discriminación y la violencia de género para ofrecer atención adecuada.

La conclusión de todas las juezas que participaron en las audiencias fue que en el país hay diversas expresiones de violencia de género, y que las autoridades deben emprender acciones para erradicar este flagelo. En tanto, dijeron, ellas seguirán haciendo estas denuncias ciudadanas.

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