Agenda Política

Por: Gabriel Contreras Velázquez

Zacatecas, Zac.-La frivolidad con que se aborda la percepción de seguridad en nuestra entidad, por parte de las autoridades de gobierno, muestra cierta autocomplacencia. Lo comentaba en una entrega anterior, y unos días después otra nota ratificó la percepción negativa de la ciudadanía hacia quienes nos gobiernan. La minimización de la situación de inseguridad ahora vino por parte del secretario general de gobierno, Francisco Escobedo, segundo a bordo de la presente administración, y rector de la política interna.

Escobedo Villegas definió la calificación que impone Estados Unidos a Zacatecas como “injustificada”, dejando en claro que el gobierno de Miguel Alonso “no comparte” la medición que realiza el gobierno estadounidense, porque, dice, “no tiene autoridad alguna para realizarlo”. Aderezando la retórica nacionalista, explica que el gobierno norteamericano sobreviene los límites de la soberanía, ya que la alerta representa una “franca intromisión” a la política estatal y nacional.

Fuera de su papel de funcionario de gobierno para minimizar la percepción de inseguridad, le asiste la razón cuando cuestiona la discrecionalidad del método utilizado por el gobierno vecino para ponderar el clima de “inseguridad” que prevalece en Zacatecas. Sin embargo, incluso conociendo los elementos que rodean la métrica propuesta por el gobierno norteamericano, con escepticismo digo que el secretario pudiera obtener algo fructífero de ese documento.

Esto por el simple ejemplo que el mandatario Alonso Reyes dio a su gabinete, en días anteriores, al desdeñar el Índice de Percepción sobre Seguridad Pública de INEGI; una institución doméstica. El gobierno estatal está empeñado en lograr que los ciudadanos se convenzan de la “importante” labor que han realizado en materia de contención de la violencia, pero los funcionarios equivocan completamente el terreno sobre el cual se deben de germinar los esfuerzos para comunicar y persuadir.

No se trata de abrir controversias contra la sociedad (pésimo error), que pretendan responder si la ciudadanía valora o no su forma de gobierno –lo cual habla de un grado de vanidad-, o de si la ciudadanía muestra o no gratitud por los esfuerzos para reducir la violencia. Es el simple y sencillo hecho de que si la mayoría reprueba las condiciones de seguridad que la rodea, es obligación del gobierno trabajar sobre los puntos rojos que arroja esa medición (la cual, en el caso de INEGI, es íntegramente corroborable).

Lo llamativo es que, a tres años de distancia del inicio de su administración, Alonso Reyes no muestre el tacto político necesario para abordar una temática sensible. Si INEGI ofrece datos que miden las condiciones con que se construye un nivel de percepción, es imperante que el gabinete estatal de seguridad desmenuce las cifras y con ellas construya políticas de gobierno.

Justo lo que más ha hecho falta en los gobiernos actuales es la inyección de recursos en sistemas de diagnósticos, paso primordial para la construcción de planes de gobierno. Resulta además un despropósito que los pocos datos con los que disponemos sean descalificados por la cabeza de la administración pública estatal y su segundo a bordo.

Pues bien, el tema no sólo se quedó en el desánimo y la sensiblería de la burocracia estatal, sino que detonó la respuesta de un estado donde la estrategia de contención de la violencia ha dado resultados de mayor alcance, y con un grado de percepción mayormente aceptada: Aguascalientes.

Se esperaría que una crítica al gobernador zacatecano de “sinvergüenza” viniera de parte de algún partido de oposición, pero en esta ocasión, el diputado hidrocálido, Jorge Varona Rodríguez, nada más y nada menos que coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en aquella entidad, lanzó visceralmente aquél descrédito, ante lo que califica como tibieza la actitud de Alonso Reyes para atacar el problema de inseguridad en Zacatecas.

A partir de ese momento se reabre otro capítulo de la diplomacia interestatal, como estrategia de cicatrización, más que de coordinación continua, para únicamente reducir la temperatura de las declaraciones y señalamientos entre estados vecinos. Los departamentos de comunicación de ambos gobiernos se dedicaron a enviar señales de empatía, para aplacar la reyerta. Nada fuera de lo común, en una situación que podía haber crecido.

Si el gobierno de Alonso Reyes no se propone el estudio de las cifras que arrojan los índices que tenemos a la mano, no esperemos otra cosa que la retórica del auto elogio por parte de los funcionarios del gabinete. Un elemento constante en esta administración, y que es exaltado anualmente, durante el día en que el mandatario rinde un informe de sus labores.

Mientras tanto, quienes desarrollamos nuestra vida cotidiana en Zacatecas seguiremos dando una opinión negativa de las condiciones de seguridad, misma que, parece, no ayudará ni habrá de satisfacer al gobernador en su sexenio… El problema de jactarse de la función pública, cuando no es más que una obligación.