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En conferencia de prensa, José Narro Céspedes dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), exigió al Gobierno del Estado y a la Procuraduría Agraria disponer de convenios justos, entre ejidatarios y compañías mineras establecidas en Zacatecas, además de exhortar a diputados locales de la LXI (61) Legislatura, a constituir un punto de acuerdo para conformar una comisión especial, para tratar el tema de la minería en el estado.

En este sentido, Narro Céspedes cuestionó la función de Miguel Alonso Reyes gobernador de Zacatecas, en materia de la instauración de grandes corporaciones mineras en el estado.

“No podemos dejar en manos del ejecutivo, este tipo de problemas que atañen a todos los zacatecanos, porque hay una actitud parcial de parte del gobierno estatal, con las compañías mineras”, afirmó el dirigente del FPLZ.

Por ello, el líder frentista informó que la organización campesina va emprender una lucha justa con más de 350 ejidatarios del municipio de Mazapil, en contra de la mina Camino Rojo que está en el ejido de San Tiburcio, a 50 kilómetros de Peñasquito.

“El día de ayer fueron desalojados violentamente, ejidatarios que están en contra de la mina camino rojo”, expuso el ex diputado federal.

Se continúa impulsando una política de saqueo en México, porque en un primer pacto entre ejecutivos de la mina Camino Rojo, del consorcio canadiense Goldcorp, se pactaron mil 600 hectáreas, pero la compañía extranjera tomo más de dos mil 700 hectáreas, añadió Narro Céspedes.

“Aparte hacen un contrato de compra-venta, cuando las tierras ejidales no tienen el dominio pleno, entonces el documento carece de toda validez”.

Así, el también dirigente de la corriente perredista Unidad Democrática Nacional (Udena), mencionó que durante el desalojo de ejidatarios, se ocupó a la policía municipal como policía privada de la empresa canadiense.

“Usan a la policía estatal como policía privada, tenemos una policía que en vez de proteger a la ciudadanía, andan protegiendo a las mineras que aplican una política de despojo y saqueo en Zacatecas”.

Por lo tanto, el perredista calificó la acción como grave, porque el gobierno estatal protege a las grandes empresas, preservando los grandes intereses de las empresas extranjeras.

“Vamos apoyar a los compañeros, después del desalojo y fueron 7 los compañeros golpeados, por lo tanto, vamos a intervenir legalmente en las cortes internacionales” sentencio el dirigente de Udena.

De esta manera, denunció que los 350 ejidatarios desalojados y de los cuales siete fueron golpeados por parte de autoridades estatales, abogados de la organización campesina procederán un juicio en el Tribunal Unitario Agrario (TUA), para anular dicho contrato.

En otro sentido, Narro Céspedes aludió que los casos de muerte por influenza AH1N1 en Zacatecas “podrían ser más a lo que informa el gobierno del estado”.

Nosotros, creemos que es una irresponsabilidad del gobierno, querer tapar el sol con un dedo (sic).

Es una enfermedad que se ha extendido, que se ha masificado. Porque, en el caso de la influenza, tuvimos que suspender una reunión en Tlaltenango, porque había nueve personas que habían fallecido por influenza.

“Hay maestros que han fallecido, antier falleció un maestro de la escuela de derecho, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y creo que la actitud de la autoridad del estado es de alta responsabilidad”, dijo Narro Céspedes.

Entonces, entendemos que el gobierno quiera evitar una catástrofe como la que se presentó en mayo del 2009, agregó el líder frentista.

Por ello, refirió que en el Estado de Hidalgo se han suspendido clases y “en zacatecas no hay medidas cautelares”.

Ante un brote epidémico en todo el país, el gobierno del estado no está tomando medidas de prevención por los casos de muerte de la influenza, finalizó Narro Céspedes.