Cimacnoticias | México, DF.- Para proteger los derechos de las niñas es necesario aumentar la edad permitida para la unión civil, combatir la pobreza y ofrecerles oportunidades de desarrollo.
El Estado tiene la responsabilidad de evitar uniones y matrimonios a edades tempranas y para ello, dicen especialistas, puede valerse de diversas estrategias que van desde reformas legislativas y políticas públicas hasta incidir en la cultura.

El primer paso, asegura la diputada del PRD y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara baja, Verónica Juárez Piña, es homologar los códigos penales y civiles de los estados para establecer una edad mínima para el matrimonio.

Actualmente el artículo 148 del Código Civil Federal (CCF) establece que la edad para contraer unión civil es 14 años para las mujeres y 16 para los hombres.

Esta regla es distinta dependiendo de cada entidad. En ocho estados se replica la norma federal, en seis la edad mínima es 16 años para mujeres y hombres. En Baja California Sur es de 18 años para hombres y 16 para mujeres.

En otras 17 entidades la edad mínima es de 18 años para hombres y mujeres. Sin embargo, en las legislaciones locales existe la excepción de hacer caso omiso a la edad si los padres están de acuerdo en la unión.

Por ello la legisladora dice que hay que modificar las leyes estatales para que la edad mínima sea de 18 años para ambos sexos, y se elimine la excepción del consentimiento parental, ya que la decisión debe ser sólo de los contrayentes.

El pasado 21 de abril las senadoras Angélica de la Peña y Alejandra Barrales (ambas del PRD), Diva Hadamira Gastélum (PRI) y Martha Elena García (PAN) propusieron reformar el CCF y aumentar a 18 años la edad mínima para el matrimonio a nivel federal.

EVASIÓN DE LA JUSTICIA

Pero la diputada Juárez Piña asegura que otro problema a atender es que muchas uniones infantiles son producto de violaciones sexuales, porque en muchas comunidades rurales se acostumbra que el agresor de una niña se case con ella para evitar ser acusado de algún delito.

Es por ello que en enero pasado la legisladora presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal (CPF) y equipar el delito de estupro con el de violación sexual, y que ambas conductas se castiguen con penas de ocho a 30 años de prisión.

Actualmente el estupro se define en el CPF como la relación sexual consentida entre un adulto y una persona mayor de 15 años y menor de 18, y se sanciona con tres meses y hasta cuatro años de cárcel.

Sin embargo la persona puede ser eximida si se casa con su víctima, por lo que Juárez Piña afirmó que esta tipificación no corresponde a la realidad porque pese al consentimiento y la promesa de matrimonio se trata de un abuso a la niñez y la adolescencia.

Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, afirma que otra estrategia para que las niñas no tengan que casarse o unirse son los programas de educación sexual, que se deben difundir desde las instituciones de salud y de educación pública.

En su opinión se deben instaurar mecanismos que permitan la educación sexual desde la infancia y garanticen la accesibilidad a los servicios de anticoncepción para las y los menores de edad, lo que evitaría embarazos tempranos y uniones civiles.

En casos de las niñas que ya presentan embarazos, dice, las instituciones de salud deberían crear un registro federal de niñas embarazadas para incorporarlas a programas especiales que las ayuden en su desarrollo sin tener que recurrir al matrimonio.

PROGRAMA FALLIDO

El Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven) tuvo el espíritu de abrir posibilidades de desarrollo a las niñas y adolescentes embarazadas y en riesgo de casarse.

Pero a partir de este año, este programa que daba una beca de 850 pesos al mes durante 10 meses a estudiantes embarazadas de entre 12 y 18 años, desapareció para integrarse al Programa Nacional de Becas.

El activista señala que el Estado necesita desarrollar campañas de concientización para desnaturalizar como algo “normal” los matrimonios infantiles, y visibilizar sus graves consecuencias para la niñez.

Apunta que una estrategia más es cumplir con los acuerdos internacionales que México ha firmado y que exista un órgano regulador o rector de la política pública en materia de derechos de la infancia, y que se ocupe de temas como las uniones tempranas.

Jennifer Haza Gutiérrez, directora de la Fundación chiapaneca Melel Xojobal, añade que es necesaria una mayor articulación entre instituciones, información de calidad para jóvenes y adolescentes, más inversión pública en la niñez y acceso efectivo a los servicios de salud.

La doctora en Antropología por la UNAM Jahel López Guerrero enfatiza que se debe empezar a trabajar en los contextos precarios poniendo atención en los indicadores de desarrollo de salud, y de empleo para poner fin a este flagelo.

Abundó que deben dirigirse investigaciones y acciones enfocadas a todas las etapas del ciclo de vida de las mujeres y no sólo a la edad reproductiva, toda vez que la niñez y adolescencia son etapas de aprendizaje, experiencia y preparación para la toma de decisiones.

En el tema de cultura indicó que es importante que la formación durante la adolescencia esté llena de contenidos relacionados con el ejercicio de derechos, autonomía y poder propio, y no sólo valores vinculados con el matrimonio y la maternidad.

Otra estrategia para incidir en la cultura, en opinión del sociólogo Claudio Stern, ex director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, es usar los medios de comunicación para difundir programas, series y hasta novelas con contenidos menos conservadores y más educativos.