Por Sara Lovera y Gloria Analco
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Ciudad de México, mayo (SEMlac).- Las causas del drama que ha enlutado a cerca de 30.000 hogares de México por muerte materna, en los últimos 23 años, quedaron al desnudo cuando, ante la opinión pública, se expusieron 21 casos de mujeres que, en solo seis meses, dieron a luz en la calle.
A raíz de tales hechos, organizaciones civiles han denunciado que la prioridad del sistema de salud es favorecer la participación de los proveedores del sector privado, mientras que las mujeres pobres e indígenas son «vidas desechables» que los negociantes solo ven como «daños colaterales».
Nuevas evidencias aportadas por investigaciones académicas y organizaciones como Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, vinculan al Seguro Popular (un sistema que se cobra, pero es del gobierno) con mecanismos que están privatizando los servicios de salud y que, además, no está respondiendo a las necesidades de la población.
«La mayoría de las mujeres sin seguridad social está inscrita a dicha instancia y, de todas maneras, mueren por causas relacionadas con el embarazo y el parto», dijo Eva Guadalupe Santiz, perteneciente a esa organización.
Si parir en la vía pública es ya de por sí un drama, las muertes de mujeres tocan a las familias en el centro mismo de su propia existencia personal e interpersonal, sin haber tenido la posibilidad de ser adecuadamente atendidas, porque ninguna intervención del Estado, en los últimos 30 años, ha contribuido a mejorar los niveles de salud de la población.
Para muchas mujeres, los servicios de salud deficientes y escasos han significado la destrucción de su existencia humana, la imposibilidad de realizar su vida en el mundo. Es una separación violenta de la madre de sus hijos, su esposo, de su entorno familiar, es el final dramático por causas que pudieron evitarse.
De acuerdo con cifras oficiales, de 1990 a 2013 fallecieron en México 29.869 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Pero lo realmente sobrecogedor es que en el origen de muchas muertes maternas se encuentra la discriminación, lo mismo que en los casos de las que han tenido que dar a luz en la calle, en vehículos, baños o salas de espera, al ser rechazadas en los centros de salud por ser pobres o indígenas.
Esta situación puede agravarse aún más si se considera que en este país viven en pobreza 53,3 millones de personas, según las últimas cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a lo que hay que añadir 11,5 millones en pobreza extrema. Solo 23,2 millones de personas no son pobres ni vulnerables.
Todo ello reclama acciones inmediatas del sector salud para ponerse a tono con esa realidad y dar una respuesta eficiente a la demanda sanitaria de la población en su conjunto.
Mientras algunos representantes del sector oficial afirman que el Seguro Popular ha incrementado significativamente la inversión pública en el sector y está garantizando una atención de mayor calidad técnica e interpersonal, las organizaciones civiles han detectado que el sistema carece de suficiente infraestructura y recursos humanos para responder eficientemente a la demanda de la ciudadanía, sobre todo en estados del sureste como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, entre otros.
En los centros de salud, por ejemplo, faltan medicamentos y equipos para la atención básica de las embarazadas, mientras que en muchas clínicas no hay servicio nocturno y otras cierran los fines de semana.
Además, pocas unidades de salud funcionan las 24 horas del día, aunque solo con una enfermera o un técnico, y es muy frecuente que el personal de salud carezca de capacitación para el manejo de las urgencias obstétricas.
Esperanza Delgado, de la Coalición por la Salud de las Mujeres, dijo que a pesar de que cada año el sector oficial de salud ha incrementado su presupuesto, en su mayoría para la operación del Seguro Popular, no hay garantía de que llegue a su destino.
El panorama no es halagüeño para alcanzar el compromiso del Estado Mexicano para lograr la meta número cinco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), de reducir tres cuartas partes -entre 1990 y 2015– la razón de mortalidad derivada de la maternidad, para lograr que ninguna mujer muera por complicaciones obstétricas prevenibles y reducir esa tasa de 89 a 22 por cada 100.000 niños nacidos vivos.
El panorama se complica aún más después de escuchar decir al propio titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Gabriel O’shea Cuevas, que por tantos afiliados al Seguro Popular –53 millones hasta 2012–, «lamentablemente la infraestructura en salud se quedó corta y la afiliación fue enorme, y no fue a la par, y ahora tenemos un gran problema en los estados».
Una prueba de la inoperancia del Seguro Popular es que, de 2009 a 2011, se redujeron las muertes asociadas a causas maternas de 1.207 a 971, pero estas se incrementaron en quienes estaban afiliadas al Seguro Popular, de 33 a 48 por ciento, contrario a la cifra de las personas que carecen de seguridad social, que decreció de 33 a 20 por ciento.
Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), organismo de la ONU, México enfrenta como principal rezago el desarrollo humano, lo cual se proyecta en sus altos índices de muertes maternas, con un promedio de 1.000 mujeres que mueren cada año por razones prevenibles en el 80 por ciento de los casos, síntoma de que las políticas públicas han tenido en el abandono y la exclusión a amplios sectores de la población.
Esta realidad de marginación ha venido golpeando a México desde hace más de tres décadas, pero ante la sociedad la tragedia quedó expuesta con crudeza cuando se hizo público el primer caso, el pasado mes de octubre, de una mujer que dio a luz en el jardín de un hospital.
El acontecimiento cobró enormes dimensiones cuando circuló en las redes sociales una fotografía donde podía verse el momento preciso en que Irma López Aurelio, de origen mazateco, había arrojado a su recién nacido sobre el pasto, retratando en su rostro el dolor, la angustia y la desesperación por haberlo hecho ella sola y en esas condiciones, luego de que le negaran la atención médica.
Después, increíblemente, tuvieron lugar otros partos en la vía pública, uno detrás del otro, hasta sumar 21 casos en varios estados de la República, algo que venía ocurriendo tiempo atrás, pero no se había dado a conocer como en los meses recientes.
Así se ha hecho evidente que las indígenas y las pobres son sistemáticamente discriminadas por el sistema de salud en el país, y eso explica una de las razones por las cuales México se encuentra lejos de alcanzar la meta de 22,3 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos propuesta para 2015.
La Razón de Mortalidad Materna (RMM) logró reducirse a la mitad entre 1990 y 2011, al pasar de 89 a 43 defunciones maternas por cada 100.000 nacidos vivos.
En 2012 fueron 960 las muertes; las defunciones de 2013 todavía están en proceso de validación, mientras que hasta la semana 15 de 2014 se habían registrado 274 decesos, con una tasa de RMM calculada en 43,1, prácticamente el doble del tope que se había propuesto el Estado mexicano, de alrededor de 550 defunciones en 2015.
Con los casos de mujeres pariendo en la calle se encendieron las alarmas en México: el presidente Enrique Peña Nieto ordenó «cero rechazo» en los hospitales a las mujeres embarazadas; legisladoras del Senado pidieron cárcel para los infractores y la Cámara de Diputados se apresuró a tratar de armonizar las leyes nacionales con las internacionales para frenar la «violencia obstétrica».
Organizaciones feministas, encabezadas por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, por su parte, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que las mujeres en México «enfrentan serios obstáculos para ejercer sus derechos reproductivos», por lo que algunas de ellas se estaban muriendo y dando a luz en la calle.
Las denuncias por «violencia obstétrica», un término poco conocido y difundido en México, se suceden constantemente y son el pan de cada día.
Las mujeres atraviesan por mucho dolor, shocks traumáticos y severos trastornos psicológicos que se manifiestan en angustia y confusión por los maltratos recibidos en los centros médicos. Se trata de estados emocionales que remiten a una propensión de agravar todavía más las dificultades que un parto puede presentar.
Encima, cualquier reclamo suyo es considerado como actitud pretenciosa que no cabe en su situación, como muchas de ellas lo han manifestado en numerosas encuestas de instituciones académicas, las cuales tienen el propósito de que las mujeres consigan ejercer sus derechos de sexualidad y reproductivos que, en muchos casos, les son conculcados.
Con esos hechos, la imagen de México se proyectó muy pobre frente a otros países de América Latina que han conseguido sistemas de salud más equitativos, como Uruguay y Chile, donde se presentan las tasas más bajas de mortalidad materna y que han respondido positivamente a los esfuerzos hechos, en los últimos años, por organismos multilaterales, organizaciones internacionales avocadas a la salud y los derechos de las mujeres, centros académicos y grupos feministas para vincular la muerte materna a los derechos humanos.
Ese esfuerzo conjunto consiguió que, bajo el amparo de las Naciones Unidas, se lograra incluir las muertes durante la maternidad en la plataforma de los derechos humanos.
Sin embargo, por el contexto social y político de México ha sido muy difícil su promoción en más de 30 años de políticas hegemónicas neoliberales y sucesivos gobiernos que han llevado a cabo el adelgazamiento de políticas, programas y servicios sociales gubernamentales, incluidos los servicios de salud.
Por ese motivo, las políticas gubernamentales han ignorado las reivindicaciones de derechos por parte de sectores sociales marginados que constituyen la mayoría de la población.
Por otro lado, ello ha profundizado la desigualdad social que tiende a parcializar y excluir también a las mujeres del goce de sus derechos sexuales y reproductivos, sin que se observe que esa situación tenga alguna transformación positiva.