PGR debe indemnizar a mujer otomí presa injustamente

IMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | México, DF.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ordenó hoy a la Procuraduría General de la República (PGR) indemnizar y reconocer públicamente la inocencia de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, quien en 2006 fue acusada de secuestrar a seis policías federales.

Con ocho votos a favor y dos en contra, el pleno del TFJFA consideró que el Estado mexicano cometió actos irregulares que llevaron a que Jacinta permaneciera en prisión durante 37 meses en el Centro de Readaptación Social Femenil de San José El Alto, Querétaro, por lo que condenó a la PGR a reparar el daño moral y material que le causó a la indígena.

Jacinta, junto con Alberta y Teresa, fue detenida el 3 de agosto de 2006 acusada del delito de secuestro de seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) y condenada en diciembre de 2008 a 21 años de cárcel y dos mil días de multa, pena que fue revocada por el Tribunal Unitario de Circuito en abril de 2009 al advertir irregularidades en la valoración de pruebas.

Jacinta, presente en la votación de las y los magistrados, dijo a la prensa que por fin se reconoció que ella no cometió delito alguno y que estuvo en prisión de manera injusta. “Estar feliz, no, estoy aquí porque pido justicia, no es por el dinero, siempre he trabajado”, aclaró.

Al terminar la sesión, la mujer agradeció el apoyo de la gente de su pueblo, Santiago Mexquititlán, en el estado de Querétaro, que fue testigo de la injusticia. “No sé qué decirle a ellos (los responsables de la falsa acusación); yo les diría que hagan bien su trabajo como debería ser”, señaló al referirse a las autoridades que la inculparon.

Al respecto, Andrés Díaz, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –organización que acompañó la defensa de la indígena–, destacó que la injusticia que comenzó en 2006 se cierra hoy 28 de mayo con la creación de un precedente para que las personas presas siendo inocentes exijan la reparación del daño.
En opinión del defensor, hay muchos otros casos de fabricación del delito que siguen impunes, tema sobre el que ya se pronunció recientemente el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, al declarar que sabe de irregularidades por parte de servidores públicos, por lo que el activista consideró que en esta ocasión la Procuraduría debería acatar la sentencia.

El tribunal consideró que el fallo es un parteaguas en la administración de justicia y deja al descubierto la violación a los Derechos Humanos (DH) que se comete con la prisión preventiva.

La magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, quien elaboró el proyecto por el que se resolvió el juicio y se ordenó la reparación del daño a Jacinta, detalló que se trataba de una sentencia importante con base en los tratados internacionales en materia de DH y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ahora el TFJFA debe notificar a la PGR de la sentencia. El presidente de este órgano, el magistrado Manuel Hallivis Pelay, aseguró que se hará lo más pronto posible ante un fallo de tal relevancia que sentará jurisprudencia, ya que en noviembre de 2013 se emitieron dos fallos similares que beneficiaron a las indígenas Alberta y Teresa, también presas por el supuesto secuestro de los agentes federales.

Aunque las tres mujeres fueron acusadas por el mismo delito, los casos siguieron procesos legales distintos, ya que Jacinta obtuvo su libertad luego de que la PGR retiró las acusaciones en su contra, mientras que Alberta y Teresa salieron libres tras impugnar su sentencia ante la SCJN, que al analizar el tema las declaró inocentes.

Los hechos que dieron origen a la falsa acusación ocurrieron el 26 de marzo de 2006 cuando los comerciantes del tianguis de Santiago Mexquititlán se opusieron a un operativo policiaco y al despojo de su mercancía sin justificación alguna. Días más tarde los agentes detuvieron a las tres mujeres por el presunto delito de secuestro.

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