Agenda Política

Gabriel Contreras Velázquez

“Seguimos manteniendo como desafío el repensar cuál es la mejor manera para utilizar el tiempo del Estado que está previsto para que los mensajes de los partidos políticos, como actores principales de la vida democrática, puedan alcanzar a la población a través de los medios primordiales de acceso a la información que tienen los ciudadanos en nuestro país, que son los medios electrónicos.”

Estas palabras del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral sellarían la aprobación del Modelo de Comunicación Político-electoral. Enfrentaba la crítica que haría el representante partidista del sol azteca ante el consejo general nacional, Camerino Eleazar Márquez, al señalar lo que el senador Javier Corral –quien más ha profundizado en el estudio legislativo de este fenómeno jurídico político- viene reiterando desde hace un par de años: la “spotización” de los contenidos, y el uso y abuso de los infomerciales o de la inserción de menciones pagadas en programas de variedades y de espectáculos para la promoción de candidaturas políticas.

El INE no tuvo la oportunidad de reabrir el debate sobre el modelo de mensajes que los partidos políticos utilizan en periodos ordinarios (esto es cuando no hay precampañas y campañas electorales), ya que la reforma obligaba a pasar de spots de 20 segundos y programas de cinco minutos, donde se exponían las plataformas políticas de los partidos, sólo a mensajes de 30 segundos.

Con esta modificación, lo que los partidos han establecido es la homologación de los tiempos de duración de los mensajes con contenido político electoral, tanto para periodos no comiciales, como para las elecciones que están por comenzar en unos meses. Ello permite la estandarización de un patrón de comunicación que sustenta la promoción de la imagen de los candidatos, más allá de los asuntos que pretendan exponerse mediante estos mensajes.

La institucionalización de la publicidad electoral es lo que tenemos en frente de este ajuste jurídico nacional. Ya que si bien lo que los emisores delegarían a la ciudadanía mediante sus comunicaciones corresponde al derecho al voto, y a ser votado, el núcleo de su información se encuentra estructurado de manera comercial (siempre dirigido a la preferencia de los votantes); no necesariamente política. Esto es, que la naturaleza del mensaje tenga que ver con una elección, no implica directamente que dicha comunicación politice el ambiente donde se produce la opinión pública.

Gracias a esta forma de generar y controlar las comunicaciones en tiempos electorales, las empresas dedicadas al marketing (político o no) son quienes prácticamente monopolizan los mensajes (en su estructura y contenido) que impactarán la decisión de la ciudadanía a la hora de emitir su voto.

Sin embargo, no estoy ilustrando un fenómeno novedoso. La plusvalía del marketing comúnmente llamado “político”, ha sido la escuela con la que se han inventado y sostenido una sustancial cantidad de candidaturas de todo tipo de partidos alrededor del mundo, desde hace más de medio siglo (recordemos el debate Nixon vs Kennedy, hacia las presidenciales norteamericanas de 1960).

Lo que sí resulta a la vez contemporáneo, y desconcertante, pero entendible, es la necesidad de los partidos y candidatos de pasar del modelo de mensajes comerciales de 30 segundos, a espacios publicitarios encubiertos mediante entrevistas, infomerciales, inserciones pagadas en espectáculos televisivos, etc.

Dentro de esta iniciativa perspicaz, lo que los actores políticos nos muestran es que los mensajes de 30 segundos efectivamente son insuficientes para poder dar cierta impresión al auditorio (una manera práctica de decir: ciudadanía dividida en segmentos poblacionales) al que se dirigen.

Es en este fenómeno donde el poder del Estado pierde legitimidad, y traslada sus funciones a manos de particulares. El “tiempo del Estado” exigido a los concesionarios de radio y televisión, no es más que el espacio de exposición que el INE está obligado a dar a los partidos políticos como parte de sus prerrogativas. Lo cual no ha limitado a los sujetos involucrados en un proceso electoral a explotar las pautas comerciales conocidas como “publicidad encubierta”.

Debido a que el poder del Estado -depositado en la figura del INE, mediante la legislación que el otorgan los partidos políticos- no ofrece resistencias ejemplares a los estímulos publicitarios, quienes más han obtenido ganancias con el modelo político electoral avalado son precisamente los concesionarios de radio y televisión.

No se trata de debatir sobre la manera en que los medios “inflan” la imagen de un candidato, sino de la restricción que los partidos políticos se autoimponen, en un modelo de comunicación enquistado en la publicidad. Indirectamente debilitan a su órgano rector frente al poder fáctico de los medios, permitiendo que los intereses económicos tengan dicho sustento y relevancia en los procesos electorales.

Como consecuencia la nueva ley electoral reafirma el poder de los medios de comunicación sobre una autoridad electoral que se achica.