Al señalar como preocupante el hecho de que son cada vez más los aspirantes de educación superior los que quedan fuera de las listas de admisión, David Monreal Ávila, Senador de la República le solicitó a la Secretaría de Educación Pública que en coordinación con sus homologas estatales implementen estrategias que amplíen la oferta académica en las universidades públicas del país.
Precisó el legislador que en el país son pocos los intentos para la implementación de programas que fortalezcan las universidades públicas y para muestra vale la pena recordar que la última gran universidad fue creada en 1972, “desde entonces el Estado no ha creado otra universidad federal, y aunque se han incrementado los recursos a las universidades estatales, la educación superior no ha crecido en México”, palabras del Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.
Dijo que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó en el esfuerzo por aceptar 45, 959 alumnos admitidos en todas sus modalidades, como lo son: el sistema presencial, el abierto y el de educación en línea; no fue el caso así del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en virtud de que solo dos de cada 10 lograron ingresar de los casi 90, 000 interesados en ingresar.
Por ello, Monreal Ávila cuestionó, ¿Por qué son rechazados más de la mitad de los estudiantes que aspiran a ingresar a una universidad pública? La respuesta, según las instituciones educativas es que, no son aceptados por no aprobar los exámenes de admisión, lo que resulta relativamente cuestionable, que más de 50% de los aspirantes no tengan los conocimientos suficientes para poder continuar sus estudios.
Y explicó “En el supuesto de que lo anterior fuera cierto y existiera una falta de conocimientos y de preparación académica por parte de los alumnos que desean ingresar a la educación superior, esta situación expone las deficiencias y falta de programas que existen en la educación básica y media superior”.
Dicho lo anterior, se observa que la mayoría de las familias mexicanas no cuentan con los recursos económicos suficientes para apoyar a sus hijos y puedan estudiar una licenciatura en universidades privadas, ya que con un salario mínimo de 67.29 pesos (Área geográfica “A”) o 63.77
pesos diarios (Área geográfica “B”), resulta imposible pagar las colegiaturas y demás gastos que la educación privada implica.
Cualquiera que sea la situación por la que los jóvenes no son admitidos en las universidades públicas, y la problemática del desempleo que vive el país, provoca frustración e impotencia, que desemboca en la generación de personas que ni estudian ni trabajan en el mejor de los casos, o del ingreso de los jóvenes a las filas del crimen organizado.
Es claro que el gobierno debe cumplir la obligación de promover la educación superior, impulsando no solo mayores presupuestos, si no también estrategias que permitan ampliar la oferta educativa de las universidades públicas y no condenar a la juventud mexicana a la economía informal, emigración ilegal o al crimen organizado.
Por ello la Secretaría de Educación Pública en coordinación con sus homologas estatales deben implementar estrategias que amplíen la oferta académica en las universidades públicas del país. Asimismo, exhorto a la Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, erogue un presupuesto adicional a las universidades públicas del país, a fin de ampliar la matrícula de estudiantes.
