Zacatecas, Zac.- El titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Zacatecas (PGJEZ), Arturo Nahle García, informó que el Gobernador Miguel Alonso Reyes aceptó la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de los cazadores de León, Guanajuato, que desaparecieron en el municipio de Joaquín Amaro en diciembre de 2010.
En entrevista radiofónica en el programa Espacio Abierto, el fiscal del estado mencionó que la recomendación va dirigida al gobernador y él les dio la indicación de establecer comunicación con la CNDH aceptando la recomendación.
Dijo que “aceptaremos continuar con la investigación y aceptaremos seguir buscando a los cazadores de Guanajuato”.
Sin embargo, no precisó dónde se seguirán buscando ya que afirmó que “en el predio de Las Negritas agotamos prácticamente el área y no hay qué olvidar que ahí es un lugar donde una fábrica de jugos incineraba los residuos de la fruta que utilizaba para la elaboración de su producto y todo el gabazo, los huesos y demás que tira la fábrica, estaban carbonizados, es prácticamente una hoguera”.
El procurador explicó que la recomendación emitida por la CNDH es un documento muy amplio que trae recomendaciones fundamentalmente para el Presidente Municipal de el Plateado de Joaquín Amaro y en menor medida trae seis recomendaciones dirigidas al Gobernador del Estado.
Agregó que estas consisten básicamente en dos cosas; primero, que se siga investigando, que no se le de carpetazo, que no se archive la indagatoria, en virtud de que puede haber otras personas involucradas en el hecho ocurrido en diciembre de 2010.
En ese sentido, Nahle García explicó que la averiguación permanece abierta y no se ha archivado como caso concluido.
Refirió que tampoco hay impunidad, ya que los elementos de la Policía Preventiva de Joaquín Amaro que participaron en esta desaparición fueron detenidos de inmediato por elementos de la Policía Ministerial, fueron puestos a disposición del juez, fueron procesados por el delito de asociación delictuosa, por delitos cometidos por servidores públicos, privación ilegal de la libertad y otros delitos.
Añadió que la CNDH observa que no fueron procesados por delito de desaparición forzada de personas, porque hay una imprecisión de la propia Comisión, ya que el delito de desaparición forzada no existía en el Código Penal de Zacatecas y que fue hasta la reforma de agosto del 2012 cuando se tipificó el delito de desaparición forzada de personas en dicho Código.
“De tal suerte que no podíamos consignar a los policías de Joaquín Amaro por un delito que en ese momento no existía”.
La otra recomendación, continuó, “es que sigamos buscando a los cazadores o los restos de los cazadores de Guanajuato”.
A ese respecto, señaló que “hicimos una búsqueda exhaustiva en el predio conocido como Las Negritas en el municipio de Calera, donde se encontró una gran cantidad de fragmentos óseos y uno de ellos resultó positivo a uno de los cazadores”.
Y aseveró que “en virtud de que hubo desconfianza o duda de los familiares de los cazadores, se llevaron ese fragmento óseo a ser analizado en la procuraduría del estado de Guanajuato donde se confirmó que ese resto era coincidente con el perfil genético de uno de los desaparecidos”.
Sobre ese tema, el fiscal del estado consideró que “se avanza cuando hay indicios, pruebas o una información adicional que permita ampliar la acción penal hacia otros sujetos, pero cuando no existen esos indicios, cuando no existen probanzas pues hacia dónde le damos”.
También refirió que “este caso no ha quedado impune, fueron procesados los responsables y respecto a la célula delictiva que los privó de la libertad y que todo indica que los ultimaron, nosotros creemos que son las personas que fueron abatidas por el Ejército meses después, en la cabecera municipal de Tabasco, a ellas les encontraron una cámara y otras pertenencias de los guanajuatenses.
La cámara traía unas imágenes tomadas por los propios cazadores de Guanajuato el día que fueron privados de la libertad”.
En lo referente a la capacitación a la Procuraduría sobre atención a víctimas, explicó que en 2010 cuando ocurrieron los hechos, no existía la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas y que la creación de esta área fue posterior a los hechos materia de la recomendación, además de que actualmente, la Procuraduría del Estado cuenta con legislación y un área especializada tanto en derechos humanos como en atención a la víctima del delito.
Finalmente, mencionó que de hecho, el gobernador presentó a la legislatura una iniciativa para promulgar la Ley Estatal de Atención a Víctimas que se espera esté aprobada antes de que concluya este año.
