México, D.F.-Al señalar que en la reparación del daño para personas que han sido víctimas del delito y violación a sus derechos humanos ha habido un sinfín de irregularidades, el Senador David Monreal Ávila, solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que rinda un informe detallado del número de personas a las que se ha apoyado, así como el gasto que de ello ha derivado.

Explicó que el 9 de enero del año 2013 fue publicada la Ley General de Víctimas, la cual busca que los tres órdenes de gobierno velen por la protección de las víctimas, les proporcionen ayuda, asistencia o reparación integral.

Además, precisó, tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de garantías violadas, debida diligencia, no repetición y todos los demás consagrados en la Constitución y en tratados. 

Sin embargo, a poco más de dos años de haber sido publicada dicha Ley, los resultados son insignificantes, tanto en la disminución de víctimas por violación de sus Derechos Humanos, como en la atención del pago de las personas que han sufrido daños o perjuicios por parte del Estado.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), publicados en un semanario, en la presente administración, entre el 2013 y 2014, 13 personas al día desaparecieron; en promedio cada hora con 52 minutos ocurrió una desaparición, lo que arroja un total de 9 mil 384 personas que se desconoce su paradero, y representa el 40% de los 23 mil 272 desaparecidos entre 2007 y octubre de 2014. Lo que demuestra el fracaso de la estrategia de seguridad.

En este sentido, refirió Monreal Ávila, apenas el pasado 27 de enero, el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, aprobó la primera reparación del daño integral “con medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición, a una víctima directa de violaciones a sus derechos humanos, específicamente por falta al debido proceso y a la libertad personal, así a como a sus padres”. En dicha resolución, “se determinó otorgar una cifra que asciende a 805 mil 582.65 pesos, a fin de compensar los conceptos de: daño moral, lucro cesante, pago de gastos y costas judiciales, así como gastos de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación”.

Asimismo, también existen reportes periodísticos que han dado fe de los viacrucis que tienen que vivir los familiares de personas que han sido desaparecidas o víctimas de violación de sus Derechos Humanos, esto ya no para exigir castigo y justicia a los responsables de dichos delitos, sino para pedir la reparación del daño por parte del Estado mexicano.

En este sentido, el presente Punto de Acuerdo, tiene por objeto que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informe a esta soberanía cuánto es lo que ha gastado en restituir, rehabilitar o compensar a víctimas de violación de Derechos Humanos, así como los apoyos provisionales que ha erogado, y el número de personas que han solicitado ayuda a la Comisión y no han sido atendidas.

Finalmente, David Monreal advirtió que la Comisión tiene la enorme obligación de rendir cuentas claras del manejo de los recursos que recibe, sería un error colosal que las víctimas que acuden a esta instancia fueran víctimas de sobornos, corrupción o daño, ya que los casos que llevaron a las víctimas hasta ese lugar, fue precisamente actos de corrupción, impunidad y violación a sus derechos fundamentales.