Foto: Misael Camarillo / MIRADOR
Zacatecas, Zac.- Genera inquietud la descomposición cada vez más acentuada al interior de Gobierno del Estado, donde algunos funcionarios de primer nivel están amparados bajo completa impunidad, por lo que se hace un llamado enérgico a la procuradora del estado para que se dé seguimiento a la denuncia penal que se presentó en contra del anterior director de Tránsito y el actual secretario de la Función Pública, señaló Geovanna Bañuelos de la torre, comisionada política del Partido del Trabajo en Zacatecas, durante su conferencia de prensa de este lunes.
Añadió que Guillermo Huizar está apostando a que transcurra el tiempo y con ello a la desmemoria colectiva y al final de cuentas a que no pase nada. En sus últimas declaraciones públicas mencionó que aún valoraba presentar una denuncia ante el Ministerio Público por las irregularidades detectadas en la auditoría de Tránsito del Estado, a pesar de que hay elementos constitutivos de delitos graves cometidos por un servidor público como peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y los que resulten.
La ausencia de seguimiento por parte del secretario al asunto no tiene otra lectura más que el encubrimiento a Agustín Jaime Ortiz. La querella que se interpuso ante la autoridad, señaló, fue precisamente por el delito de encubrimiento por parte del secretario de la función Público.
De esta forma, Leticia Catalina soto tiene la enorme responsabilidad de actuar en consecuencia y de hacer valer la ley. “De ninguna manera los zacatecanos podemos permitir más abusos de autoridad corrupción y podredumbre dentro de la administración estatal”.
Por otro lado, dijo que “consideramos que el relevo en la Secretaría de Economía es la reiterada y pusilánime forma de actuar del mandatario estatal. Salidas rápidas que pretenden contrarrestar y zanjar el efecto mediático ante el descrédito”.
Dijo Bañuelos que a todas luces el actuar de Patricia Salinas, quien participó en la asignación de más de 6 millones de pesos a través de un fideicomiso del impuesto sobre la nómina del estado para ser entregados al joyero Daniel Espinoza, de quien es socia, es una evidente conflicto de interés y abuso de autoridad al aprovecharse del cargo que ostentaba.
También es evidente que la Secretaría de la función Pública debió iniciar una indagatoria al respecto, pero hizo todo lo contrario, ya que actuó en contubernio. Por lo anterior, “consideramos que la Procuraduría del estado debe indagar la alteración de documentos oficiales, el actuar indebido de un servidor público como lo es Guillermo Huizar por avalar con su firma dos actas de asignación de recursos de fideicomiso, pues en una de estas actas, la de la Unidad de Transparencia del Ejecutivo estatal, Salinas se excusa de participar en la votación, argumentando, que obviamente sabe, que no quiere crear conflicto de interés o tener alguna injerencia sobre un caso en especial”.
Al momento en que Huizar signa esta documentación evidente intención de exonerar a la ex secretaria de Economía deja de lado su función, que es la de combatir la corrupción, proceder en favor de la transparencia y trabajar por un gobierno honesto.
“Esta alteración es, además de grave, perversa y malvada, más cuando se trata de inmiscuir a diferentes presidentes de Cámaras empresariales en un acto a todas luces carente de ética”, expuso, Geovanna Bañuelos. Dicho de otra forma, el fiscal de la transparencia se convierte en pervertidor de primer nivel y la autoridad estatal es patrocinadora oficial de la corrupción.
“Coincidimos con especialistas, agregó, en que derivado de este caso se pueden configurar posibles delitos de conflicto de interés, fraude, peculado, alteración de documentos y encubrimiento de un funcionario público. Además, es obvio que existe una asociación delictuosa por estar inmiscuidos varios servidores de primer nivel.
Por ser la función pública un órgano fiscalizador, al incurrir en un acto de corrupción “solicitaremos a la bancada del Partido del Trabajo, y también hacemos un exhorto al resto de los diputados, para que citen a comparecer en el Pleno del Congreso del estado a Guillermo Huizar Carranza, y por consiguiente, se abra un juicio político en su contra”, advirtió.
“Después de este procedimiento, solicito públicamente la renuncia de Guillermo Huizar para que se abra la indagatoria y se otorgue la sanción correspondiente al actual secretaria y a la ex titular de Economía”.
Necesitamos una renovación a fondo en la SFP, comentó, con nuevas atribuciones y un marco legal que sea más efectivo, pero también se requiere de un titular que tenga voluntad y compromiso para castigar la impunidad que ha imperado en este sexenio.
En la plataforma de los candidatos del PT, dijo, impulsaremos una ley donde el conflicto de interés sea un delito que se castigue con cárcel, y en este contexto es urgente realizar cambios al interior del gabinete alonsista por lo expuesto. Todas las denuncias que se han presentado van sustentadas con sus debidas pruebas, señaló.
De igual forma en la Secretaría de Finanzas, cuyo titular carece de sensibilidad ante las demandas sociales y por no liberar en tiempo y forma recursos que deben ejercer particularmente alcaldes de oposición. Además, por el manejo irresponsable que se ha dado a las finanzas públicas, en concreto, la deuda pública, que se ha ido incrementando.
Por otro lado, comentó haberse enterado de la corrupción en la Dirección Estatal de Protección Civil; por tratarse de recursos y víveres destinados a damnificados es importante que intervenga la PGR, pues no se descarta que tengan un destino electoral, mientras que deberían ser orientados para las personas más vulnerables.
Reconoció la valentía de los trabajadores que han denunciado las irregularidades del director de la dependencia y se pronunció por que a la brevedad se pueda investigar el destino de los programas que se manejan en la dependencia. “Por supuesto, pedimos la renuncia de Felipe Muñoz Ruvalcaba”.
