Agenda Política

Gabriel Contreras Velázquez

Elemento común entre los candidatos de todos los partidos en el actual periodo de campañas enfrentar el rechazo ciudadano. ¡Vaya! No hay entrevista donde el tema no sea tratado con la misma regularidad con que se cuestiona a los candidatos sobre propuestas, diagnósticos, el clima político, etc.

La sensible falta de credibilidad y confianza hacia las instituciones por parte del votante es un elemento in crescendo en la vida político electoral mexicana. Y no es extraño ni ajeno.

El panorama que pintan los partidos se prestaría incluso para una anticipada catarsis fuera de los límites de la partidocracia, sin embargo, la sociedad mexicana no es proclive a manifestar sus diferencias en los espacios públicos, sino en sus círculos familiares, de trabajo y recreativos. O sea, más en lo privado. La identidad colectiva mexicana no da para más en estos momentos, según parece.

Se me increparía que los hechos violentos ocurridos en Ayoztinapa, hace unos meses, podrían ser el ejemplo de la premisa contraria a mi razonamiento. Sin embargo, recordemos que el malestar social que brotó en las calles tuvo como semilla la ya ensayada y muy efectiva movilización normalista, que logró aglutinar otras expresiones sociales (las redes sociales resultaron un elemento clave en todo este escenario) en nutridas marchas que concluyeron sin una demanda colectiva (y colectivizada) más allá de la aparición con vida de los jóvenes.

Hubo despresurización social, y mucha, pero la sociedad que se volcó a los espacios públicos no logró cristalizar demandas específicas que motivaran transformaciones en el régimen político que tanto se criticó.

¿Qué pasa entonces con ese “déficit de confianza y credibilidad”? Como lo llamaría el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Pues que mantiene en vilo la legitimidad de la política en México.

Y aún bajo esas condiciones, los partidos viven momentos de extraña descomposición (extraña porque la dinámica de desgaste en que se encuentran no parece ceder), pero también pareciera que con ello tienen lo suficiente para mantener vigentes sus privilegios sobre la representación política, y los derechos que obtienen con ese cuasi monopolio.

Desde la tarea de legislar, hasta la de vivir en las antípodas de lo que la ley sanciona, México parece evocar en su clase política al régimen de privilegios contra el que tanto luchó la burguesía rebelde alrededor del mundo, en los siglos 18 y 19. Claro, luchaba por su inclusión (con ello su transformación), no por su total abolición.

El caso del Partido Verde es el mejor y más claro ejemplo (no el único) de cómo la partidocracia en México ha encontrado formas válidas (por legales, no por legítimas) de subsistencia, en pleno desarrollo de la crisis de credibilidad en el seno ciudadano.

Al día de hoy podrían acumular, si es que el Tribunal Electoral no modifica en forma –difícil que la modifique de fondo, pues las condiciones políticas cargarían un fuerte costo en la legitimidad, al menos en la percepción pública, a la Sala Superior si va a contra sentido de lo discutido en el Consejo General del INE- la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral, el acumulado de casi un billón de pesos en multas por accionar su estrategia electoral en los pequeños márgenes ambivalentes de la legislación que a ese respecto dicta.

Nada que pueda preocupar realmente al Partido, quien no ha mostrado modestia ante este asunto de las sanciones, sino que ha aprovechado para victimizarse (por estrategia electoral). Y no angustia y aflige a ese instituto político, pues a inicios de año (enero) dieron a conocer que contaban con un “ahorro” similar a la multa que hace unos días asestó el INE (320 millones de peso), por actuar con “dolo” en la difusión de spots sobre los logros de sus diputados y senadores, con recursos obtenidos por “entes ilegales” como es su grupo parlamentario.

Sanciones ejemplares la autoridad no está imponiendo, porque la ley (hecha a medida de los partidos) prevé que monetariamente, más que política y jurídicamente, un partido debe de ser amonestado. Y financieramente, el partido estará blindado el próximo año al aumentar sus prerrogativas si mantiene una tendencia favorable del voto como la que acumula hasta hoy (8%-10%).

En cuanto a que le quiten o no el registro, no hay per se una violación grave y sistemática a la ley, sino distintas conductas con un mismo fin pero amparadas en vacíos de la ley, como lo aclaró hace tiempo el ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.

He ahí un bosquejo del régimen de privilegios de nuestra clase política. Una partidocracia que aunque haga agua, acredita las condiciones para su vigencia y actualidad, en un país donde poco se recurre al espacio público para exigir nuevas condiciones políticas.

No es el régimen político que este país necesita. Es “lo que hay”.