Foto: Cátedra UNESCO
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- A tres años de su emisión, el Estado mexicano sigue sin cumplir las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), para abatir el feminicidio, los embarazos en adolescentes, la muerte materna (MM), y la violencia contra las periodistas y defensoras de Derechos Humanos (DH), así como para garantizar los derechos políticos de las mexicanas.
Así lo aseguraron defensoras de DH, periodistas, funcionarias, académicas y activistas, quienes coincidieron en Ciudad Universitaria de la UNAM en el X Encuentro Anual de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos: 2015 un paradigma hacia la Agenda Global de Desarrollo Post 2015. De la Plataforma de Acción de Beijing a CEDAW 2016, para hacer un balance del cumplimiento de las recomendaciones de 2012 al Estado mexicano.
Durante su participación, Martha Tagle, integrante de la Red Mujeres en Plural, destacó que en materia de derechos políticos el Comité de la CEDAW recomendó hacer efectivas todas las medidas necesarias para que las mujeres pudieran acceder a puestos de decisión y liderazgo, y si bien han existido adelantos en materia legislativa, aún persisten simulaciones para cumplir este mandato.
Tagle expuso cómo a raíz de una reforma constitucional en materia político-electoral, en las más recientes elecciones los partidos se vieron obligados a postular a más mujeres y de acuerdo con la información preliminar de los resultados electorales, la Cámara de Diputados quedaría conformada por 42 por ciento de mujeres, lo que representa un incremento de 5 por ciento con respecto a la Legislatura anterior.
Sin embargo, acotó, los partidos encontraron la forma de “simular” el cumplimiento del mandato constitucional, pues postularon a mujeres en distritos electorales “perdedores”, y en aquellos casos en los que ellas presentaron impugnaciones y promovieron juicios para hacer cumplir la paridad, finalmente las fuerzas políticas decidían “castigar” a quienes promovieron el juicio y poner en la candidatura a mujeres que “ellos creen que pueden controlar».
A esto se sumó que el presupuesto etiquetado en los partidos para el fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres se gastó en la compra de material y recursos que nada tienen que ver con el empoderamiento de las mujeres.
Marusia López Cruz, directora regional de Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés), habló de las recomendaciones en materia de protección a defensoras y periodistas, y enfatizó que el sólo hecho de que “se deban tomar medidas para proteger a quienes defienden los Derechos Humanos es un signo de debilidad democrática muy fuerte”.
Recordó que mucho del avance en materia de DH es un trabajo que se ha realizado desde las y los defensores, y ahora cada vez en el país hay más riesgos a la integridad y la vida de las personas y más atentados contra la libertad de expresión.
Y es que el Comité de la CEDAW recomendó que se garantizara la aplicación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y que el Mecanismo de Protección tuviera perspectiva de género, no sólo en el texto, sino en la práctica, y que se investigaran y se hiciera justicia en los casos de violencia contra periodistas y defensoras.
Sin embargo, desde su creación, el Mecanismo no ha contado con personal suficiente, capacitado y sensibilizado en perspectiva de género, ni tampoco con los recursos necesarios para su funcionamiento.
Lucía Lagunes Huerta, directora general de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), advirtió que “no es casual” que tanto las defensoras como las periodistas sean dos grupos constantemente atacados por la labor que realizan. Informó que el 56 por ciento de quienes atentan contra las periodistas son funcionarios.
Señaló que además de la violencia y agresiones de tipo directo, las periodistas también se enfrentan al no reconocimiento de su derecho a libertad de expresión, toda vez que las mujeres son minoría como fuentes de información en las noticias, a lo que se suma que ellas representan tan sólo el 24 por ciento de las noticias que se transmiten en el mundo.
El derecho a la libertad de expresión y el derecho a una vida libre de violencia son los grandes desafíos del gobierno mexicano en materia de recomendaciones internacionales, ya que el Estado mexicano no ha hecho nada por garantizar el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión de las mujeres.
En materia de las recomendaciones emitidas para garantizar la salud, especialmente sexual y reproductiva de las mujeres, Silvia Loggia, integrante de Ipas-México, recalcó que de manera inicial las observaciones eran limitadas en algunos aspectos y no abordan la complejidad de los retos que enfrentan las mexicanas, sin embargo sentaron las bases para hacer exigibles algunos derechos.
La especialista señaló que muchos de los avances logrados no son suficientes, pues no resuelven los problemas estructurales que tiene el sistema de salud, lo que se traduce en que el panorama de violaciones a DH y mala calidad de atención no se haya modificado sustancialmente.
Anualmente se registran 900 muertes maternas (casi la totalidad relacionada con violaciones a DH), lo que deja a 3 mil niñas o niños huérfanos debido a las pérdida de sus madres, y de los 2.1 millones de nacimientos que se registran cada año, cerca de 250 mil a 300 mil mujeres tienen complicaciones en el parto.
