Continúan pérdidas económicas y laborales por trabas del GDF, denuncian publicistas

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Derivado de la negativa que al día de hoy mantiene la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal para recibir la documentación requerida para la portación de publicidad móvil en transporte de carga, las 47 empresas que conforman el Consejo Mexicano de Publicidad Móvil continúan enfrentando una significativa pérdida económica y laboral al no poder realizar su actividad empresarial, que de acuerdo al marco regulatorio de la ley de movilidad vigente en la Ciudad de México, es totalmente legal, afirma Salomón Alcalá, presidente de la organización.El medio de publicidad móvil representa una importante fuente laboral al crear más de 15,000 empleos directos e indirectos con los que miles de familias mexicanas, en su mayoría jefes de familia, personas de la tercera edad y madres solteras, han forjado un patrimonio y seguridad financiera como respuesta a la falta de empleo que en México existe.

Sin embargo, este patrimonio se ha visto gravemente afectado por la actitud prepotente y negativa que las autoridades en la materia han manifestado, generando una incertidumbre para quienes buscan trabajar de forma legal y apegada a las leyes.

En el Distrito Federal existen por lo menos 100 personas y/o empresas físicas con actividad empresarial en el ramo de la publicidad móvil que le dan trabajo a profesionistas, técnicos, operativos, entre otros. De este padrón, siendo muchas de ellas microempresas, algunas han cerrado sus operaciones a partir de noviembre de 2014, a raíz de la prohibición sin fundamentos legales ni jurídicos que avalen la decisión gubernamental.

Las mermas económicas se contabilizan en 15 millones de pesos mensuales derivados de la pérdida de contratos al no poder ofrecer sus servicios como empresas, el pago de multas y gastos de corralón al remitir sus unidades de trabajo, de las cuales algunas de ellas aún no han sido liquidadas en su totalidad, volviendo este negocio en un viacrucis cuando este debería ser como un oasis en medio del desierto que representa el desempleo y la crisis económica por la que atraviesa el país.

En materia de derechos humanos, los integrantes del Consejo Mexicano de Publicidad Móvil denuncian la violación de los mismos tras el atentado sufrido en mayo pasado donde al tratar de buscar un acercamiento con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el cual ha ignorado el diálogo al hacer caso omiso de los escritos que este consejo le ha hecho llegar a sus oficinas.

El 25 de mayo, afirman, fueron violentamente reprimidos por parte de granaderos quienes detuvieron la caravana pacifica de vehículos que pretendía llegar ordenadamente y de forma organizada al Zócalo Capitalino, coartando así el derecho constitucional a la libre manifestación.

La movilización de publicistas fue violentamente reprimida por los representantes de la Secretaría de Seguridad Pública quienes amagaron a los manifestantes con llevarse 6 vehículos particulares al corralón para permitirles realizar la movilización, sin embargo, tras llevarse los vehículos las autoridades no permitieron que la marcha iniciara su camino, es decir se llevaron los 6 vehículos y no les dieron oportunidad de manifestarse.

Al día de hoy, la Secretaría de Movilidad mantiene cerrada la ventanilla para la expedición de permisos para portar publicidad en transporte de carga, rubro en el que se rigen los empresarios de publicidad móvil, de acuerdo a la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal que establece los requisitos y las condiciones para los mismos. Desde abril de 2015 el personal de la Secretaria de Movilidad del Distrito Federal suspendió la recepción de dicha documentación, canceló los permisos que ya estaban en trámite, además de amenazar con revocar los ya existentes por órdenes del gobierno central, negando así el derecho a trabajar de forma legal a las 47 empresas que conforman este Consejo.

Ante la arbitrariedad y cerrazón con la que se han topado los integrantes del Consejo Mexicano de Publicidad Móvil, buscan una pronta solución a su problemática dado que el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Movilidad han emprendido una cacería de brujas en contra de la actividad que a la luz de la ley de Movilidad es legal, convirtiendo al Distrito Federal en un paraíso de inconsistencias e incongruencias donde al parecer lo que debiera estar avalado y permitido por las leyes es prohibido por la interpretación equivoca y necia de sus funcionarios.

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