Buscan docentes promover amparo para impedir evaluación, por irregularidades

Fotos: Misael Camarillo / MIRADOR

Ya que se han detectado algunas anormalidades en el proceso de notificación a maestros de la entidad para que se presenten a sus respectivas evaluaciones de permanencia, como el hecho de que se les ha hecho saber la fecha por correo, teléfono o por información del director de sus planteles, en lugar de manera personal, un grupo de docentes busca dar por cancelado el examen, valiéndose de la vía legal.

Así se dio a conocer este jueves durante la reunión de trabajo que sostuvieron con el profesional del Derecho Oswaldo Beltrán, quien, tras conocer el asunto, señaló que los profesores pueden tramitar un amparo, mediante el cual podría ser suspendida la evaluación en su primera fase.

Aclaró que la notificación a docentes debe ser, de acuerdo a la ley, de manera personal, a nombre del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), y no por teléfono, correo o indicación del director o supervisor de zona, ni a nombre de la Secretaría de Educación (Seduzac) en la entidad, como se ha venido haciendo.

Especificó el abogado que la única razón por la cual se notificaría a un docente por correo (electrónico, certificado, fax o teléfono) es que se encuentre en el extranjero, de acuerdo al artículo 172 del Código de Procedimientos civiles vigente.

Además del tema legal, aseveró el profesionista, se requiere que el magisterio esté unido para que se sienta una movilización política que signifique un problema para las autoridades. Lo que se busca en primera instancia es echar abajo el artículo octavo transitorio de la Ley General de Educación, que es el que en específico se refiere a la incorporación al nuevo sistema de las reformas en educación.

Por otro lado, indicó que es inconstitucional que a un docente se le pretenda reubicar en funciones administrativas si no se aprueba el examen de conocimientos, pero el asunto se verá en su momento.

En concreto, dijo, se trata de la promoción de dos amparos, uno para impedir la aplicación de la evaluación en base a las anormalidades señaladas, mientras que el otro sería para ir directamente en contra de la reforma en educación, inconstitucional desde su origen, pues en la Constitución se habla de la no retroactividad de la ley en perjuicio de alguna persona.

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