Zacatecas, Zac.-Durante los trabajos de la séptima Sesión Plenaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el Senado de la República, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, señaló que esos trabajos serán trascendentes para la agenda del Primer Periodo de Sesiones, de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Felicitó a los representantes populares salientes por los excelentes resultados alcanzados en la Legislatura que concluye, donde se dio un impulso fundamental a las reformas promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto, las cuales habrán de consolidarse como el cambio estructural más amplio que se haya realizado en décadas, dijo.

Agregó que en su comparecencia ante la Comisión de Justicia, en marzo pasado, después de que el Presidente la designara como Procuradora General de la República, expuso que su gestión estaría guiada por cuatro ejes principales: Procuración de justicia eficaz; Respeto y defensa de los Derechos Humanos; Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y un marco de estricta transparencia y rendición de cuentas.

Además, el pasado 8 de julio, entregó a la Comisión de Justicia el Programa de Trabajo Institucional, que es la guía de objetivos y esfuerzos de la PGR, para consolidar las reformas del Orden Jurídico Nacional, aprobadas en los últimos años.

En este documento, destacó la importancia de mantener una relación cercana y directa con el Poder Legislativo, con el ánimo de transparentar de manera permanente la actuación de la Procuraduría. Por otro lado, para establecer un trabajo conjunto, en pro de un mismo fin: el perfeccionamiento del sistema de procuración de justicia.

Es necesario establecer acciones conjuntas. La lucha contra el delito no se emprende a partir de una instancia, orden de gobierno o poder. Es una tarea que nos convoca constantemente a todos, incluso a la sociedad misma. Contar con un marco legislativo adecuado, se traduce en una garantía de primer orden, ya que del mismo depende la seguridad de las personas y el ejercicio pleno de sus derechos, dijo. Asimismo, son la base para el diseño de políticas públicas, con orientación al bienestar general.

Necesitamos trabajar juntos, para que las reformas pendientes se puedan consolidar, agregó, y es imperativo completar la legislación necesaria para la implementación total del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Este nuevo sistema es el cambio más relevante de las últimas décadas en el sistema de justicia mexicano.

Dirigiéndose a los representantes populares, expresó que “su participación y colaboración será fundamental para impulsar este proceso histórico. La Ley Nacional de Ejecución Penal, es fundamental para consumar el tercer paso dentro del nuevo sistema: la parte de la ejecución de la sanción”.

Como ustedes saben, es una ley de sumo compleja, cuyos retos son lograr un equilibrio que garantice el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y, al mismo tiempo, permita una plena reinserción social.

Se trata de un cambio profundo, en el que la noción de reinserción social, adquiere una nueva dimensión, como un derecho de la persona para reincorporarse a la sociedad.

Igual de importante, es la cuarta Ley Nacional, la referente al Sistema de Justicia para Adolescentes, que establecerá el procedimiento aplicable a los menores de edad, a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho delictivo. De esta manera, se contará con una herramienta jurídica necesaria para enfrentar los problemas sociales de violencia, desde una edad temprana, ya no mediante un sistema represivo, sino uno reparador y restaurador.

Ahora bien, expuso Arely Gómez, no se puede entender un cambio tan importante, como es el sistema de justicia penal de corte acusatorio, sin que las leyes ya expedidas entren a un proceso de revisión por su aplicación cotidiana. Sobre todo las leyes procesales, que siempre están sujetas a ajustes que permitan su perfeccionamiento y mejor aplicación.

En este sentido, son importantes las reformas de la llamada “Miscelánea Penal”, que consisten en una serie de adecuaciones a diez leyes, cuyo fin es lograr el correcto funcionamiento del sistema procesal penal. “Recordarán ustedes que esta Miscelánea ya fue aprobada por el Senado y está pendiente en la Cámara de Diputados. Sin embargo, para este momento requiere nuevos ajustes”, aseveró.

Otra de las reformas prioritarias para la PGR, es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que contempla su armonización con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la ampliación del catálogo de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, así como la inclusión de herramientas que ayudarán al Ministerio Público a investigar y perseguir los delitos cometidos bajo esta forma delincuencial.

En este periodo, también se prevé la discusión de las leyes generales en materia de desaparición de personas y tortura. Dichas leyes, permitirán cumplir con la obligación del Estado Mexicano de adoptar todas las medidas necesarias para atender los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Además, dotarán de herramientas eficaces de investigación al Ministerio Público. No debemos tolerar que estos delitos queden impunes, por la falta de una legislación adecuada.

Aprovecho, señaló la funcionaria, para comentar que el pasado miércoles 19 de agosto, se registró un avance sustancial en este tema. Durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, aprobamos los protocolos homologados para la investigación de casos de tortura y para la búsqueda de personas desaparecidas en toda la República. Estos instrumentos son resultado de un amplio proceso de consulta, en el que participaron organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia.

Es fundamental, para la consolidación del trabajo de procuración de justicia en México, la modernización de los instrumentos jurídicos que he mencionado, además de otros, como: la ley contra la trata de personas, la ley contra el secuestro, la ley contra el robo de hidrocarburos, la modernización de la extinción de dominio, disposiciones contra el lavado de dinero, sólo por mencionar algunas.

Hizo hincapié en otros dos temas. El primero, la desaparición de normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. “Hasta que el último responsable sea consignado, se seguirá investigando. Mi llegada a la Institución coincidió con el inicio de los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con quienes mi compromiso ha sido trabajar de la mano, con plena apertura y transparencia”, externó.

En estos casi seis meses, la PGR has sostenido con ellos 45 reuniones de trabajo, en las cuales se han establecido intercambios muy valiosos para el desarrollo de la investigación. Cabe comentar, que nos han realizado 152 peticiones, de las cuales se han cumplido en un 80 por ciento y estamos trabajando en el desahogo de las restantes, mismas que requieren de la colaboración de otras instancias y autoridades, prosiguió.

Por ejemplo, instruí se acumularan todas las causas penales en un mismo juzgado, como ellos lo solicitaron. Además, he instruido que las muestras recabadas de diversas prendas y objetos, pertenecientes a los normalistas, sean remitidas al Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, en Austria. La diligencia de entrega, para el análisis correspondiente, se realizará en las próximas 72 horas, por el Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR.

Por otra parte, informó que se ha detenido a ocho personas, cuya participación fue clave en estos hechos. El expediente del caso creció 38 tomos, para llegar a 123, con 14 anexos, en total. Precisamente, sobre el expediente, elaboramos ya una versión pública, que está siendo revisada por el INAI y que muy pronto se dará acceso a los solicitantes. “Soy consciente de que estos hechos han lastimado a la sociedad. Por ello, me he reunido con los familiares, y he abierto las puertas de la institución, para que puedan conocer en todo momento el curso de la investigación”. Estos delitos deben ser castigados con todo el peso de la ley, el Estado Mexicano no tolera la impunidad. Estamos obligados a llegar a las últimas consecuencias.

En cuanto al segundo tema, la evasión de Joaquín Guzmán Loera, comentó que a partir de ese mismo día, 11 de julio, se h trabajado arduamente y personalmente ha revisado el tema. “Cada día sostengo reuniones con mi equipo de trabajo para evaluar los avances de las investigaciones”, señaló.

De igual manera, se estableció una coordinación general para la investigación, que está divida en dos líneas de investigación: una relacionada con los hechos ocurridos al interior del penal, y otra, los que comprenden el exterior del mismo. Anticipó que en los próximos días se darán a conocer los avances de las indagaciones.