Por: Gabriel Contreras Velázquez
Zacatecas, Zac.-Previo al diseño de una estrategia de “reforzamiento” de los parámetros de seguridad en distintos municipios del sur del Estado, dada conocer el día de ayer mediante un comunicado oficial, el Grupo de Coordinación Local llamó a conocidos presidentes municipales de aquella región para señalarles diversas “omisiones” con que han permanecido frente a la penetración de bandas de la delincuencia organizada en sus demarcaciones territoriales.
La reunión con algunos de los presidentes no generó una mesa armoniosa, ni mucho menos cómoda. Inculpados –más que entrevistados- entre otras cosas, por permitir la libre operación de “puntos” de narcomenudeo en sus circunscripciones, los disentimientos pasaron más bien al ámbito político.
El Comandante de la Onceava Zona Militar, Antelmo Rojas Yáñez; la Procuradora estatal, Leticia Soto Acosta; y el Secretario de Seguridad Pública estatal, General Jesús Pinto Ortíz; evidenciaron la politización más que judicialización, en el abordaje de temas de interés público, frente al recrudecimiento de la violencia generada por el enfrentamiento de bandas de criminales, en los últimos meses, en Zacatecas (la disputa entre los cárteles del Noreste y del Golfo de México).
El ejemplo es tomado desde la circunstancias particulares del edil de Loreto, Eduardo Flores Silva, quien en su condición de priista “converso” -al acercarse a expresiones distintas a las de su partido, y saltando las trancas del Gobierno Estatal- se ha dedicado a gestionar recursos para la inversión en infraestructura social en su demarcación, apoyado especialmente por Ricardo Monreal (jefe delegacional de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México), y José Isabel Trejo (coordinador de asesores de la bancada de Acción Nacional, en San Lázaro).
Los dineros son trazables nítidamente. Como señalábamos en entregas anteriores, la Delegación Cuauhtemoc no es un cajero automático para gozo de las causas monrealistas, sino sólo la oficialía que reparte los cheques con fondos aportados desde el Senado de la República, donde despacha su hermano David.
Y por el lado del ex diputado federal, “Chabelo” Trejo, “los moches” han sido mejor estructurados administrativamente (con asesoría de contadores especializados) a concesión de obra pública, siempre y cuando ésta se realice con una constructora en específico, ligada particularmente con el político albiazul zacatecano.
De ahí que la reacción política de la administración de Miguel Alonso se volcara hacia los márgenes donde pueda presionar con más intimidación y desafío, a quienes desobedecen su serenidad y parsimonia para gestionar y distribuir recursos a los municipios de su partido –éstos en franca crisis financiera.
Según fuentes internas, la inteligencia desde la cual se desprenden los señalamientos y acusaciones oficiales contra algunos actores políticos (en este caso: ediles), es recopilada, cuidada, clasificada y evaluada por la procuradora estatal. Es ahí donde apresta la politización del espectro de seguridad.
En el caso del alcalde de Loreto, ello incidió en el distanciamiento oficial, seguido por la exclusión del grupo “selecto” de presidentes municipales priistas, el pasado viernes, en una reunión entre ambos niveles de gobierno, en la capital zacatecana.
El ostracismo del loretense de entre los priistas, además fue aderezado de un tufo doctrinario cuando el gobernador lo acusó de “traidor”, ante la evidencia de su búsqueda de recursos con otras “alternativas” políticas. Sin embargo, la llave de asfixia de Miguel Alonso a su camada de ediles (aplicable hasta nuevo aviso, como se estableció en aquella reunión) no debería de levantar ámpula ante escenarios de desobediencia, que fueron pronosticados en el ánimo de los asistentes “de seguir así la cosa”.
Mayor desgaste pues en condiciones financieras, políticas y de seguridad a nivel municipal. La mezcla de estos tres incentivos previene de incertidumbre en la correlación de fuerzas hacia el próximo Proceso Electoral, en un primer momento. Pero sus alcances pudieran ser más perjudiciales que ello.
Sopesar elementos que indican la franca politización de la estrategia de seguridad en Zacatecas, así como de la impartición de justicia, a escasos días de iniciar precampañas políticas, habla de la manera en cómo la seguridad pública es evaluada y operada desde el Grupo de Coordinación Local.
No sólo se priva a la ciudadanía de procesos confiables de investigación, en cuanto los señalamientos contra los ediles persisten únicamente a manera de de presión política, sino que además el mismo Grupo de Coordinación Local es a su vez contra acusado de convenir en el proceso de omisiones hacia la aplicación de la seguridad pública.
Entre los presidentes municipales hay consenso al valorar a la Policía Estatal como grupos de “extorsionadores” por decir lo menos, y no en pocas ocasiones se han identificado a policías estatales y ministeriales (junto con los municipales), involucrados en crímenes del fuero federal.
Es en ese contexto donde oficialmente se dice “resolver”, “reforzar”, “prevenir”, etc., etc., las condiciones de inseguridad en que se encuentra inmersa la población zacatecana.
Estamos por conocer hasta dónde llega la tentación judicial de presionar rumbo a Junio del 2016.
