Evitar que partidos sean “juez y parte” contra violencia política

mujeres35cesarmartinezlopez_1Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | México, DF.- Mujeres políticas de México y del continente americano condenaron la violencia y el acoso político que enfrentan las candidatas, legisladoras y funcionarias que tienen cargos públicos o aspiran a ejercerlos, por lo que llamaron a frenar estas acciones.
En el seminario “Violencia política contra las mujeres en América Latina”, que se realiza desde hoy y hasta este viernes 13 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las ponentes coincidieron en la necesidad de apuntalar el tema en los parlamentos nacionales.

La participación femenina en Costa Rica (CR), Bolivia, Argentina, Estados Unidos y México, sostuvieron, tiene similitudes porque a las mujeres que incursionan en política se les violenta, amenaza, acosa y hostiga, y se les cuestiona su vida privada.

Al respecto, Laura Albaine, académica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, explicó que los países de la región avanzan hacia la paridad de género en candidaturas a puestos de elección, pero este principio “no resuelve las controversias existentes”, acotó.

Al presentar un trabajo sobre la paridad de género y la violencia política en Bolivia, CR, Honduras, México y Ecuador, Albaine observó que con este principio surgen nuevas disputas por el poder y nuevos fenómenos como la violencia hacia las mujeres.

Además mencionó que las leyes que sancionan la violencia política tienen una diversidad de enfoques, y puso como ejemplo que en Bolivia, CR y Perú se puede hacer una denuncia penal, pero hay casos en los que las sanciones pueden ser una amonestación escrita, un descuento, una suspensión temporal del cargo o la prisión.

También señaló que no es deseable que las leyes digan que los partidos son los que deben sancionar la violencia política de género, ya que ello implica que son juez y parte, pues es en estos espacios donde hay más agresiones contra las mujeres.

La también asesora en el diseño e implementación del Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres (Ley 474), en Buenos Aires, dijo que es necesario que estas iniciativas de ley que nacen a nivel local se lleven al plano nacional.

Por su parte, Erika María Brockmann Quiroga, fundadora y presidenta del Directorio del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, en Bolivia, señaló que en el caso de su país la violencia de género contra las mujeres políticas arreció cuando hubo más participación femenina en este ámbito.

Así fue como en noviembre del año 2000, ante las agresiones a las concejalas, las impulsoras de la cuota de género vieron la necesidad de contar con una ley y buscar un marco de protección, aunque se toparon con argumentos masculinos que las criticaron por querer “un camino fácil” para ascender.

Incluso apuntó que al enfrentar este problema también sale a la luz la lógica de los partidos que trabajan con la fórmula “amigo-enemigo”, es decir, difunden la disciplina y fidelidad a la agrupación y muestran como “enemigas” a quienes no están de acuerdo.

Brockmann, quien fue parlamentaria entre 1997 y 2006 por el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, siendo la cuarta mujer senadora titular en la historia del país andino, destacó que ante ello es necesario que las mujeres sigan trabajando y aborden temas álgidos para ellas y para la sociedad.

En tanto que Jannine Otálora Malassis, magistrada de la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que en México desde 2014 ya hay un esfuerzo de las senadoras por incluir el término de violencia política de género en la ley.

A pesar de que ya hay propuestas legislativas, la magistrada destacó que quizás lo deseable sería tener una ley sobre violencia y acoso hacia las mujeres políticas, porque así el tema tendría mayor fuerza política y social, aunque reconoció que ello sería muy complicado.

Expuso, por ejemplo, que en la discusión de la reforma política electoral de 2014, que elevó a rango constitucional la paridad de género, se propuso la paridad a nivel municipal pero la falta de consensos hizo que no se aprobara así.

Otálora Malassis también destacó que la difamación puede acabar con una campaña política y llevar a la derrota de una candidata, por lo que aseguró que es necesario analizar la viabilidad de que haya medidas precautorias en estos casos.

En el semanario se presentarán diagnósticos respecto a esta problemática y se propondrán estrategias de prevención y sanción; además participan mujeres políticas de Perú, Guatemala, Honduras y Suecia, así como autoridades electorales de diversas entidades de México.

 

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