Por: Gabriel Contreras Velázquez
Zacatecas, Zac.-El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lleva a una nueva etapa la interpretación de la norma de fiscalización electoral que los propios legisladores de izquierda impulsaron en 2012, y a quienes ahora se aplica, para flexibilizar en lo posible una sanción que resulta “excesiva”: la pérdida de registro por la no presentación o presentación extemporánea de los informes de ingresos y gastos de precampaña.
Sanción que los partidos acordaron para evitar “futuros fraudes” como el que aseguran cometió el PRI en la pasada elección federal, en el caso MONEX. Resulta ahora que la legislación es más un inconveniente para desarrollar sin obstáculos su caótica vida interna, que una preocupación plasmada en por un cúmulo de irregularidades en un proceso electoral anterior.
Con ello la partidocracia confirma que el estado de derecho está obligado a responder a sus prioridades, antes que a la puesta en práctica de las reglas que creen necesarias para el desarrollo democrático de los procesos electorales en los que participan.
El núcleo central de la defensa del fresnillense fue la argumentación alrededor de la afirmativa de que él no realizó precampaña del 2 de Enero al 10 de Febrero, plazo destinado a ese fin en el Calendario Electoral del Proceso Local 2015-2016. Asegura que, de acuerdo a la vida interna de Morena, su unción como “representante de la soberanía nacional” le permitía continuar con su carrera en el Senado mexicano, a la par que podría realizar actividades proselitistas en paralelo a la elección en Zacatecas, en distintas ocasiones acompañado del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, Andrés Manuel López Obrador.
Una defensa jurídicamente endeble pues en los Estatutos de Morena, aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aquella figura de “representante de la soberanía nacional” ni siquiera es contemplada. Pero el Tribunal prefirió no inmiscuirse con las contrarias formas de fiscalización de aquél partido porque pese a que en sus estatutos no se contemplan las precampañas, las pruebas irrefutables de los eventos proselitistas obligaron a los magistrados devolver el proyecto al INE para que David Monreal pueda ahora comprobar sus gastos de operación durante Enero y Febrero pasados.
No tenía más futuro ese proyecto. O el Tribunal invalidaba el artículo 229, o dejaba sin total vigencia su aplicación. Al final, el interés de unos pocos -porque otras 11 candidaturas a gobernadores de otros estados de Morena transitan sin mayor complicación- lleva a la norma a generar más laxitud en los errores de los partidos políticos mexicanos.
Los magistrados en contra de la ponencia de Flavio Galván, quien ratificó la conducta reiterada y negligente del candidato de Morena en su proyecto, evitaron que la ley funcionara en sus términos para evitar un escenario de mayor fortalecimiento de la izquierda radical lopezobradorista. Al negar la ley dieron prevalencia al desprecio que tienen por el orden jurídico cuando así les favorece, y que es consigna fundamental de la clase política alrededor del tabasqueño: si agrede nuestros intereses, nosotros pondremos en duda su razón de ser.
Tal punto era señalado con exactitud el día de ayer por la académica Jacqueline Peschard: “en el terreno político con frecuencia encontramos que, dependiendo de los actores que están involucrados con la vigencia de una norma, se pretende justificar que se aplique discrecionalmente para evitar una reacción que pueda provocar un conflicto político.” (EL UNIVERSAL, 18 de Abril, OPINIÓN, P. 26-27)
Como resultado, la interpretación de la ley con máxima salvaguarda del derecho del afectado sólo pudo rescatar un prolongado derecho de audiencia para David Monreal, pese a que el candidato siempre mostró indisposición para sujetarse a las reglas electorales.
Ahora bien, ¿por qué la situación de David Monreal fue distinta, desde un principio, a la de Soledad Luévano? En primer lugar porque, independientemente de que la candidata a la presidencia municipal de Zacatecas también se amparara en la figura de “promotora de la soberanía popular”, ella sí se ciñó a la normatividad electoral vigente.
Entrega un informe de gastos en ceros al partido. Morena no reporta ese informe ante el INE. La autoridad procede a multar al partido por su omisión e invita a Soledad a reconocer los gastos que la Unidad de Fiscalización había encontrado. La candidata confirma que sería “congruente” con la ley y acepta que realizó gastos de precampaña. Sin necesidad de impugnar fallo alguno y siguiendo la legislación su candidatura procedió sin más inconvenientes.
Es el camino a seguir por parte de David Monreal. Además de rescatar su candidatura sienta un precedente importante para la aplicación más laxa, casi por trámite, de las normas electorales de fiscalización.
En 2012 su hermano Ricardo pugnó por una fiscalización real y vinculante. Peleaba contra el flujo de recursos en la campaña de Enrique Peña Nieto. Ayer David terminó por convertir en simulación aquella reforma.
