Por: Gabriel Contreras Velázquez

Zacatecas, Zac.- Con una estrategia de mínimo desgaste, David Monreal ha llevado su campaña electoral al margen de cuestionamientos sobre la presunta corrupción en el sexenio de Miguel Alonso. Señalamientos van y vienen, mientras mediatiza a figuras ya conocidas -como Cuauhtémoc Calderón y Pedro Inguanzo Varela- para que sean otros y no él quien espete acusaciones a partir de graves supuestos. La información que sustente las imputaciones sigue ausente, aún más los expedientes que inicien investigaciones en concreto.

El golpeteo táctico se respalda únicamente en lo que algunos funcionarios saben al respecto y lo que otros se atreven a relatar entre sus conocidos, pero se ha privado a la ciudadanía (y por sí misma ella lo ha permitido) de denuncias que focalicen los distintos fenómenos de nepotismo, cohecho, soborno, diezmo, peseta, etc., que son conocidos en distintos sectores de la sociedad zacatecana. Los casos de Calderón e Inguanzo son el ejemplo claro de cómo se puede convertir el descontento en un recurso político potencial en tiempos electorales.

Pero fuera de la elección, la presumible corrupción en Zacatecas no es novedad. Más allá de las pocas acusaciones que luego dieron lugar a investigaciones por cohecho y nepotismo, empujadas por Soledad Luévano meses atrás, Morena no le ofrece a Zacatecas transparentar todas las sospechas que dice conocer. Incluso el líder carismático y moral, Andrés Manuel López Obrador, en más de una ocasión ha tomado el recurso de la “impunidad” rampante como bandera de campaña local.

El gobernador Miguel Alonso una y otra vez es señalado por simpatizantes, militantes y representantes de Morena, pero nadie ha iniciado, congruentes a sus inculpaciones, sendas y debidas investigaciones. Prefieren alimentar el mediatismo que el Estado de Derecho.

¿Por qué el diputado Cuauhtémoc Calderón, si dice contar con la información precisa, no inicia las indagaciones correspondientes? ¿Por qué Pedro Inguanzo Varela tardó años en hacer del conocimiento público sus sospechas de uso ilícito de recursos para el enriquecimiento del gobernador y sus familiares?

¿Por qué parece que todo esto es una mala representación teatral de una obra que tiene como nudo narrativo diversas y preocupantes sospechas e indicios de corruptelas? ¿Acaso no debería ser Morena el partido que, al encuentro con el descontento ciudadano, encausara toda la inconformidad en la aplicación efectiva de la ley? ¿Por qué esperar a que David Monreal sea gobernador? ¿Por qué no antes, cuando conocieron la problemática que hoy denuncian sólo en conferencias de prensa y mítines?

¿Será acaso porque los Monreal no están preocupados por el cumplimiento de la ley sino únicamente porque la inconformidad se convierta en votos? ¿Qué es más importante, un robusto Estado de Derecho o someter el discurso de las irregularidades como una vértebra más de la campaña?

Sin embargo, la inconformidad y la victimización han sabido tener de pie a Morena. Al romper alguna de esas coyunturas, la estrategia se disloca completamente. Ello no lleva en automático a pensar que Morena sea la respuesta a los vacíos legales y a la falta de aplicación de la ley. En la premisa de impune corrupción durante el sexenio de Miguel Alonso han actuado más como cómplices que como “defensores del pueblo”.

¿Qué actitud tomarán ante otros problemas igual de preocupantes como la escasez de productividad en la mayor parte del campo en Zacatecas, el disminuido ingreso familiar en buena parte de la población, la inseguridad latente en todo el territorio, los mínimos recursos estatales para operación gubernamental, el pago de deuda pública, la educación, y los que agregue usted?

La última expresión de este malestar generalizado tuvo espacio en la pasada marcha de los trabajadores de Gobierno del Estado y sindicatos. La crispación escaló de tal manera que obligó al mandatario estatal a escabullirse a las instalaciones del hotel Santa Rita para monitorear desde ahí –y con la seguridad necesaria- estas demostraciones públicas, mientras que el Secretario General de Gobierno, Jaime Santoyo, se resguardaba en un restaurante cercano.

Nuevamente Morena aprovechó la inconformidad ciudadana para exaltar el ánimo público, sin resultados concretos en el debido procesamiento de una problemática que impacta en la legitimidad del sistema político en el estado: la corrupción.

Los trabajadores y sindicalizados fueron invitados a descargar su disgusto, al mismo tiempo que algunos gremios promovían abierto apoyo a la candidatura de David Monreal. El enfado ciudadano, nutrido por las crecientes conjeturas e informaciones de anomalías en el presente sexenio, encontraron buena caja de resonancia en la legítima manifestación pública. Y nada más.

Ahora bien, los otros candidatos a gobernador no se pueden desentender de un fenómeno político de estas dimensiones. Acusar la corrupción como lo hace Rafael Flores, o asegurar que en su gobierno no habrá más impunidad como promete Alejandro Tello, sin promover la correcta aplicación de la ley no es otra cosa que consentir con el actual estado de cosas.