A partir de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el año pasado, todas las autoridades judiciales tienen la obligación de darle vista al Ministerio Público con el solo hecho de que algún detenido con señal de que fue torturado, que recibió trato cruel o inhumano durante su detención. Esto hace que se hayan iniciado diversas indagatorias a pesar de que no hay denuncia formal, señaló la procuradora de Justicia en Zacatecas, Leticia Catalina Soto Acosta.
Agregó que por esta razón se creó en la Procuraduría la Unidad de Investigación Especializada en el Delito de Tortura, la cual tiene ya un mes y medio trabajando, y es aquí donde se concentran todos estos casos, aunque por el momento no se tiene expediente alguno cerrado en el que se haya concluido que elementos de seguridad hayan cometido el delito de tortura en la detención de un presunto delincuente.
Sin embargo, expuso que existen dos casos relativos al tema con la liberación de dos presuntos secuestrados, a quienes el Tribunal de Justicia advirtió secuelas de tortura psicológica, y una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas en contra de la Policía estatal Preventiva y la Propia procuraduría por tratar de manera cruel a varios sujetos detenidos por el mismo ilícito de secuestro. Además, la mayoría de las investigaciones no se inician por denuncia formal, sino hasta después de que alguno de los detenidos refiere al juez haber sido objeto de tortura o malos tratos durante su detención.
Por otro lado, indicó que con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial el ilícito de tortura resulta inoperante, ya que policías ministeriales, la agencia del Ministerio Público u otros agentes de seguridad están imposibilitados para tomar cualquier tipo de declaración a una persona detenida hasta que ésta sea puesta a disposición del juez.
Al ahondar en el tema, la funcionaria sostuvo que la mayor parte de las personas que acusan haber sido víctimas de este ilícito son aquellos que se catalogan como presuntos responsables de delitos como secuestro, tráfico de estupefacientes, homicidio, portación de arma prohibida o delincuencia organizada.
En entrevista, Soto Acosta informó que los peritajes para acreditar el ilícito de tortura deben ser aceptados de manera voluntaria por los denunciantes, ya que, entre otras cosas, es necesario realizar una inspección física y tomar fotografías del cuerpo desnudo para constatar la presencia de algún tipo de lesión o secuela del maltrato.
Justo en estos momentos, dijo Catalina Soto, miembros de la fiscalía se encuentran recorriendo los centros de reclusión donde se encuentran los reos que argumentaron haber
sido víctimas del delito de tortura, en primer lugar, para que ratifiquen su dicho, y en segundo lugar, para ver si aceptan que se les aplique el protocolo de Estambul. De igual forma, se verifican los certificados médicos que se deben elaborar tanto al ser llevados ante la Representación Social como al tiempo de su ingreso en los penales.
La procuradora de Justicia dio a conocer, en otro tema, que en lo que va de este año se han registrado tres feminicidios en Zacatecas, siendo los autores de las muertes las parejas sentimentales de las víctimas. Esto, en dos de los casos. También dijo que en uno de los expedientes se consignó la participación de un grupo de la delincuencia organizada.
Finalmente, y a propósito del proceso electoral que se lleva a cabo en la entidad, dijo la procuradora que la instancia a su cargo ha recibido a la fecha 23 querellas por la supuesta comisión de delitos electorales. Casi todas se refieren a la compra de votos. Pese a que se hacen las averiguaciones correspondientes, en ninguna de las denuncias se ha localizado a persona alguna en flagrancia, es decir, entregando despensas y solicitando el voto. Sin embargo, sí han denuncias de que fueron localizadas láminas, cemento, material para construcción y despensas.