Zacatecas, Zac.- El abogado José Esteban Castruita Bautista, representante legal de la señora María Guadalupe Álvarez Haro, ofreció una conferencia de prensa acompañada de su cliente para denunciar una situación por demás inusual dentro de los tribunales. Al tiempo de acusar de abuso de autoridad y negligencia a los jueces de distrito de la capital Josué Barrón Oliva, Maximiliano Villavicencio Salinas y Antonio Guerrero Gutiérrez, expuso que con sus decisiones se ha afectado el patrimonio de su defendida, ya que en su domicilio se encuentra cumpliendo medidas cautelares una persona con la que no tiene absolutamente ningún tipo de relación, situación que no ha sido enmendada por los representantes del Poder Judicial, a pesar de las diligencias presentadas para corregir la medida.
Aseguró el abogado que con fecha 8 de marzo de este año se le hizo del conocimiento al Juez de Control Josué Barrón Oliva que había decretado equivocadamente la medida cautelar consistente en resguardo en domicilio a una persona sujeta a un procedimiento penal por delito grave, hecho que se realizó de manera arbitraria y equivocada en el domicilio propiedad de su representada, Guadalupe Álvarez, ubicado en calle del Oro número 114 de la colonia Sierra de Álica de la ciudad de Zacatecas.
La imputada, prosiguió Castruita Bautista, no tiene relación contractual alguna ni de ningún tipo, de manera que se solicitó a dicho Juez de Control que se le resguardara en otro domicilio que no fuera de su representada, pues se le está causando “un grave daño en su derecho patrimonial y además se le están ocasionando perjuicio económico”.
A quien le tocó acordar la petición fue al Juez de control Maximiliano Villavicencio, en fecha 10 de marzo, quien le negó a su representada su derecho a reclamar la propiedad, no dándole personalidad en la causa penal que se ventila en contra de la imputada, no obstante que se le hacía saber que comparecía en calidad de tercera perjudicada, “apartándose de su actividad de Juez de Control y de Garantía”.
Posteriormente, por una promoción de marzo del año en curso se insistió ante el juez de control, haciéndole ver que se le estaba negando su derecho a su representada, violando con ello los derechos humanos y las garantías constitucionales de legalidad y de los procedimientos esenciales del procedimiento, pero se volvió a negar y rechazó la solicitud sin motivarla ni fundarla.
Ante ello, se solicitó una entrevista con el presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Armando Ávalos Arellano para que tomara cartas en el asunto, por lo que se interpuso un amparo. Aún sabiendo de este procedimiento, no se solucionó el asunto.
Con fecha 26 de abril, informó Esteban Castruita, se solicitó al Juez de Control revisión de la medida cautelar en el sentido de que la resguardada ya no se encontraba en el supuesto del segundo párrafo del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que debía ser internada en el Centro de Reclusión para Mujeres, en Cieneguillas. En esta ocasión le tocó responder al Juez de control Antonio Guerrero Gutiérrez, quien “demostrando su fina ignorancia en los juicios orales”, confirmó dicha medida cautelar por un lapso de dos meses más, sin fundar su resolución.
“El juez de control expone su falta de capacitación y desconocimiento del nuevo Sistema de Justicia penal y falta de capacitación, ya que dispone de manera arbitraria y abusando de su autoridad en el patrimonio de la representada, sin que nada tenga que ver en la causa penal”, argumentó el abogado.
Añadió que actualmente se interpuso una denuncia administrativa ante el Pleno del Tribunal superior de Justicia en el Estado, en contra de los citados jueces de control, a fin de que se les finquen responsabilidades administrativas y en su oportunidad penales, “toda vez que el magistrado presidente es indiferente para haber iniciado un procedimiento administrativo de oficio y en contra de dichos jueces de control cuando se le hizo de su conocimiento”.
Finalmente, sostuvo que fundado en lo anterior, decidió acudir a los medios de comunicación para dar a conocer esta serie de negligencias, arbitrariedades y abuso de autoridad por parte de los funcionarios del órgano judicial.
“A ver si de esta manera el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado pone atención en el actuar de los jueces de control, que están actuando de manera negligente, y que se les finquen responsabilidades penales”, dijo. Además, deberán pagar los daños y perjuicios ocasionados a Guadalupe Álvarez.
