Gobernadores deben garantizar derechos de comunidad LGBTTTI

  • Presenta Tagle Martínez punto de acuerdo en el Senado

Por: Gloria Analco
polpubllgbtirodrigo-1428x804-810x456SemMéxico.- En México se han cometido aproximadamente mil 310 asesinatos por odio homofóbico entre 1995 y 2015, mientras que el 75 por ciento homosexuales, 50 por ciento de lesbianas y 66 por ciento de trans han sufrido algún tipo de bullying homofóbico.
Frente a esta situación que prevalece y a la que le ha dado seguimiento “Letra S”, una organización sin fines de lucro que se ha dado a la tarea de presentar cada año un informe sobre homicidios cometidos contra la comunidad gay, el Senado de la República introdujo un punto de acuerdo en el que exhorta a los gobernadores a actuar.
Solicita su urgente intervención para garantizar “la integridad, el respeto y protección a los derechos humanos de las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual”.
Invita a los Ejecutivos estatales a erradicar la violencia arraigada en la intolerancia a la diversidad por la identidad de género, la cual, señala, “ha permanecido invisible por cuestiones morales, prejuicios y por el concepto de género que se encuentra enraizado en la sociedad”.
El punto de acuerdo, introducido por la senadora Martha Tagle Martínez, señala que la OEA ha manifestado que la expectativa de vida de transexuales en México es de 35 años y México ocupa el segundo lugar mundial en agresiones contra mujeres transexuales.
A la vez que en la última década la comunidad LGBTTTI ha logrado obtener el reconocimiento de sus derechos, pero la ignorancia y los prejuicios persisten en la sociedad, lo cual los hace un grupo vulnerable ante la discriminación y la violencia.
El Informe de Crímenes de Odio por Homofobia de “Letra S”, que fue elaborado a partir del seguimiento hemerográfico de notas informativas sobre esos homicidios, fue la pauta para emitir el urgente llamado a los Ejecutivos estatales de actuar cuanto antes.
El punto de acuerdo, precisa que el fenómeno de la discriminación en la niñez y adolescencia “es lacerante y de honda repercusión en el tejido social”, además de ser “una amenaza que pone en peligro la convivencia y estabilidad social”.
Considera que las conductas discriminatorias en la infancia y la adolescencia derivan en delitos y violaciones a los derechos humanos en la edad adulta, crímenes de odio que menoscaban la integridad de la dignidad humana.
Por tanto, el derecho a la diferencia debe de tomar un papel fundamental en la agenda del país con fines de educar de acuerdo a parámetros de respeto y tolerancia, sin prejuicios hacia la diferencia desde temprana edad, lo cual “hará de nuestra sociedad un México mejor”.
Destaca que el problema de la mayoría de los crímenes en contra de la comunidad LGBTTTI es que no se denuncian y en su mayoría son catalogados como “crímenes pasionales”, práctica arcaica al interior del Ministerio Público.
Situación además que es replicada por la sociedad, medios de comunicación y la opinión pública que en conjunto por ignorancia e intolerancia justifican inconscientemente estos crímenes, atribuyéndoles una conducta lasciva e inmoral.
“La impartición de justicia no debe estar condicionada por la orientación o preferencia sexual”, señala el punto de acuerdo.

Con información de www.semmexico.org

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