La solución de los problemas sociales se concretará cuando los operadores jurídicos obliguen a que se cumplan las leyes: González Oropeza

manuel-gonzalezZacatecas, Zac.- Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que la solución de los problemas sociales se concretará cuando los operadores jurídicos tomen el reto y obliguen a que se cumplan las leyes, tal y como lo hizo en su momento la Sala Superior cuando mandató a los partidos políticos a que cumplieran con la paridad de género en la integración de las listas de candidatos a puestos de elección popular.

“La verdad es que la Ley no es la solución mágica de los problemas sociales, ya nuestro rector Alfonso Caso lo dijo, y lo que sucede es que evidentemente quizá los científicos sociales buscan que el derecho pueda decretarse y hacerse, pero el derecho es una categoría que está en el mundo del deber ser, no en el mundo del ser y ese es el problema. Pero ese deber ser propicia las condiciones para que sea, el problema es que los operadores jurídicos no tomamos ese reto”, indicó.

Al moderar la séptima mesa redonda del ciclo “Los Derechos Políticos vistos desde las Humanidades”, que se llevó a cabo en el Auditorio Mario de la Cueva, ubicado en la Torre II de Humanidades, en Ciudad Universitaria, González Oropeza recordó que el tema de la igualdad del hombre y de la mujer en el ámbito electoral estaba en la normatividad desde 1992.

“Y su aplicación no se había logrado en el ámbito político hasta que existe un Tribunal que obliga a los partidos políticos a que registren paritariamente a hombres y mujeres, pero ya estaba la norma allí. Entonces no se va a solucionar, desafortunadamente, esta situación solamente por las leyes. Pero sí algunas leyes retrógradas pueden impedir este desarrollo”, sostuvo.

Esto último, precisó, se ve claramente en las comunidades indígenas del estado de Chiapas, ya que su legislación electoral lejos de estar inspirada en el artículo 2º de la Constitución, basada en el sistema normativo de las comunidades, les impone a todas esas comunidades indígenas el sistema de partidos políticos, lo que ha generado que se presenten problemas en diversas poblaciones.

En este sentido, el Magistrado recordó que el derecho normativo ya está reconocido en el derecho federal y estatal, pero se delegó su implementación a los estados para que ellos fueran los que regularan y llevaran a feliz término toda esta reglamentación de los derechos indígenas.

“Desafortunadamente los estados todavía no han despertado de su marasmo centralista y esperan que la federación haga todo, cuando no puede, porque además el fenómeno indígena, lo digo como un fenómeno social, es variadísimo: 52 lenguas, diversas costumbres, 470 municipios en Oaxaca solo y cuántos más en Veracruz y Chiapas y cada estado ha hecho lo posible, aunque se puede hacer más”, aseveró

Los derechos humanos importantes para entender los beneficios que da el derecho a una sociedad

Fernando Castañeda Sabido, Catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al dictar la conferencia “Derechos Políticos y diferenciación social”, aseguró que son importantes los derechos humanos para entender los beneficios que da el derecho a una sociedad, porque “es un error pensar que los derechos humanos de alguna manera por sí mismos se pueden resolver”.

“Estos derechos humanos se tienen que convertir en agendas políticas, se tiene que permitir que esas agendas políticas realmente tengan capacidad de acción, de participación y se tienen que abrir a la participación política real y al diseño de políticas públicas y con ello podemos aspirar a construir un espacio de lucha por la igualdad y por la inclusión social”, señaló.

Por su parte, José del Val Blanco, Director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad y la Interculturalidad de la UNAM, al impartir la conferencia “Los Derechos Políticos de los pueblos indígenas”, señaló que es necesario tener muy presente que en el reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas en México sigue ausente una definición clara de los pueblos como un ente jurídico pleno, como sujetos de derechos colectivos, “lo que imposibilita su vinculación normal con las instancias del Estado, ya sea en los niveles administrativos, legislativos o jurisdiccionales”.

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