
Paula Rey Ortiz Medina, titular de la SFP, dijo que el acuerdo de austeridad incluye el uso adecuado de vehículos oficiales en todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal; de ahí la determinación de que ningún servidor o servidora pública de cualquier nivel tenga vehículo asignado.
Las y los titulares de las dependencias -explicó- ya fueron notificados para que todo el personal, incluyendo ellos, se abstenga de hacer uso de vehículos oficiales para cuestiones personales, en tal caso deberán utilizar su automóvil particular, sin derecho a vales de gasolina.
Agregó que los vehículos oficiales permanecerán resguardados durante los fines de semana y días festivos en el estacionamiento de la dependencia o entidad correspondiente, o en el lugar asignado para efecto, y esta acción será vigilada por la SFP, a través del operativo Centinela.
Además, dijo que la participación ciudadana será primordial al reportar y denunciar a cualquier servidor o servidora pública haciendo uso indebido de vehículos oficiales, como es el caso de trasladar a menores a la escuela, en centros comerciales o sitios ajenos al quehacer de la administración.
Ortiz Medina agregó que es importante que su denuncia (ya sea por escrito en los buzones ciudadanos de la SFP o en fotografías a través de redes sociales) contenga los siguientes datos: número económico del vehículo o placas, nombre de la dependencia (de ser posible), así como lugar y hora donde fue visto.
El personal que labora en la administración pública estatal -agregó la funcionaria- está obligado a cumplir con las normas y disposiciones establecidas en materia de conservación, uso y destino de los bienes muebles del estado.
Por ello, la SFP solicitará semanalmente a las dependencias y entidades la relación de los vehículos que, por asuntos oficiales, estarán habilitados para circular durante los fines de semana o días festivos.
Quienes circulen en unidades oficiales durante días y horas no laborales y no aparezcan en dicha relación se harán acreedores a las sanciones correspondientes, de acuerdo con el artículo 96 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.
Las sanciones de ley incluyen, desde una amonestación privada o pública, hasta realizar trabajo comunitario, suspensión laboral de tres días a seis meses e, incluso, la inhabilitación de seis meses a un año, entre otras, según la gravedad del caso.