José Santos Cervantes, líder del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP),  en conferencia de prensa  informó que este miércoles  un grupo de  20 personas representados por  Francisco González, provenientes  de la comunidad La colorada, perteneciente al  municipio de Chalchihuites, se reunión con personal de la secretaria general

gobierno del estado, tras las afectaciones en sus viviendas, causadas  por la empresa Plata Panamericana, de capital canadiense.

Aunado a ello los afectados proporcionaron   documentos, emitidos por  la dirección de  catastro, y del  registro público de la propiedad y del comercio del ayuntamiento de Chalchihuites, con los cuales  demuestran que el  área de mil 150

hectáreas  en donde la empresa dice tener su propiedad de  772 hectáreas “ es falso  ya que no hay absolutamente ningún antecedente al respecto, ni en el registro público de la propiedad,  ni en catastro”

Los pobladores, afirmó Santos Cervantes, fueron convocados, luego de  un bloqueo que realizaron  en la entrada de la mina.

La intención  del bloqueo  por parte de los lugareños, fue  para llamar la atención  tanto de los representantes de la empresa minera,  como de gobierno del estado.

Con anterioridad, recordó   el líder popular, que se cuenta con sendas minutas firmadas por  la empresa Plata Panamericana, la cual se comprometió con la  reparación de  los daños causados en los  hogares o bien pagarles una indemnización a los habitantes de  la comunidad citada.

“ Las casas fueron  destruidas con muebles y enceres domésticos, allá impusieron  las mismas condiciones que en la comunidad de Salaverna, perteneciente al municipio de Mazapil para desalojar,  crearon una nueva Colorada,  una  nueva unidad habitacional que igual se entregó en comodato”

Más adelante Santos Cervantes, detalló que se realizó un estudio sobre  tenencia de la tierra, empero  “ no existe absolutamente nada para que acrediten  ser los propietarios de esas  mil 150 hectáreas”.

La dirección de  catastro municipal de Chalchihuites, “certificó  que ese predio de mil 150 hectáreas son terrenos nacionales,   con esos  documentos se demuestra   que las escrituras que dice tener  la empresa y que según ellos,  prueban

que están pagando el impuesto predial, son falsas”

Los afectados concluyó,   recurrirán a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que realice la  medición y deslinde, ya que se cuenta con  un certificado de posesión de parte de la autoridad municipal,  que comprueba  que los únicos posesionarios son  los habitantes de la comunidad La Colorada.