Zacatecas, Zac.-El Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP) en Zacatecas, dio a conocer este lunes en conferencia de prensa que está a favor de los impuestos que recientemente se comenzaron a aplicar a las empresas mineras, pero no a cambio del Área Natural Protegida. Considera que los gravámenes de Godezac publicados en la Ley de Hacienda, son justos y legítimos.
A las empresas mineras no les asiste la razón cuando se oponen a pagar, ya que el gravamen se aplicará a las empresas que contaminen. “Si no contaminan, no tienen por qué preocuparse. Además, se grabará la extracción de agregados pétreos, materiales que no se encuentran reservados a la Federación y con los que hasta ahora “hacen negocio redondo”.

Encabezados por José Santos Cervantes, señalaron que el gobernador contradice su propia Ley de Hacienda en los impuestos ecológicos cuando se opone al decreto de Área Natural Protegida, ya que ha dicho que se afectaría la actividad minera.

Es decir, lo que propone el ejecutivo es que las empresas mineras tengan manga ancha para la extracción de minerales porque en la medida que contaminen su gobierno cobrará más impuestos. Pareciera que la finalidad es recabar impuestos sin importante el mantenimiento y conservación de la biodiversidad. Si quiere Tello el respaldo popular frente a las empresas mineras que contaminan, tendrá que defender el medio ambiente al mismo tiempo, sobretodo en el territorio del Área Natural Protegida del semidesierto zacatecano, dijo Santos Cervantes. Si las empresas no quieren pagar, que se les retire la concesión y las retome el Estado mexicano.

Defender esta área es un deber sagrado y un compromiso que nuestro país adquirió en la conferencia de las partes, en Cancún, en los planes sectoriales.

Señaló que los legisladores que aprobaron la nueva ley cometieron un error garrafal por la cantidad de 300 millones de pesos, que tendrán que corregir. En la ley publicada no coinciden las cifras de los impuestos ecológicos que se supone serían recabados, por remediación en la extracción, 400 millones de pesos, de la emisión de gases a la atmósfera, 130 millones de pesos; de la emisión de contaminación al suelo, subsuelo y agua, 200 mdp; y al depósito o almacenamiento de residuos, otros 200 millones de pesos. En total, esto suma 930 mdp, aunque en la ley de ingresos dice que son mil 230 millones.

 Acostumbran legislar sobre las rodillas, y no se dieron cuenta que 500 millones que correspondían a uno de los impuestos lo redujeron a 200 millones sin cambiar el total de la suma.

“Pero resulta que ahora Tello nos está cobrando por alcantarillado”, expuso el líder, algo que la ciudadanía no se ha dado cuenta, pero ya se está pagando el impuesto ecológico. Esto es un doble impuesto, ya que en la zona de la Jiapaz ya se pagaba por el agua y el alcantarillado. Desde 2017 aparece un rubro que se llama alcantarillado en el recibo del agua, y que equivale al 20% de la tarifa.

Además, si se atrasa, se hace un recargo sumamente abusivo por gastos de cobranza, como si fueran a cobrar a la casa. Eso también se tiene que revisar en el congreso.

Otros impuestos son totalmente injustificados, agregó, como el impuesto adicional para infraestructura, ya que este rubro es obra pública, la que se paga con impuestos que se cobran anteriormente a la ciudadanía. Cobran impuestos sobre impuestos.

También pretenden, según eso, atacar el problema del alcoholismo con un impuesto final en la venta de bebidas alcohólicas, pero este es un impuesto más al IEPS y el IVA. Así no se combate, sino con medidas de carácter social y educativo, no grabando los productos.

El puesto a la UAZ ya lo incrementaron del 5% al 10%, pero cuando nosotros pagamos impuestos de esa bolsa que junta el gobierno le da la parte que le corresponde a la Universidad, aparte de lo que le toca a Gobierno Federal. Ahora le subieron al 10%, y cuando vamos a inscribir a nuestros hijos nos cobran ese rubro, de manera que se pagan más impuestos. Lo más lamentable es que las cuotas de inscripción se manejan de manera discrecional en todas las unidades académicas. No hay un control.

“El gobierno de Tello está condenando al pueblo a pagar impuestos doble o triplemente”, advirtió José Santos, por lo que planteó que los diputados revisen la Ley de Ingresos y de Hacienda 2017 para que no se afecte al pueblo. “Que sea el capital el que pague y no el trabajo”, comentó.

Deben suprimirse o reducirse notablemente partidas presupuestales dispendiosas como las de pago de estímulos a servidores públicos por más de 678 millones de pesos, o a herramientas legislativas por más de 61 millones de pesos, entre otras, reasignándose esos recursos para la atención de necesidades sociales impostergables.