Ofrece PGR disculpa pública a indígenas acusadas y detenidas por secuestro

PGRZacatecas, Zac.-El procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, señaló durante el acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública de Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan, que a pesar de no haberse podido probar su participación en los delitos que les fueron imputados, se determinó su culpabilidad y fueron privadas de su libertad durante un tiempo que ningún acto público podrá regresarles. Posteriormente, les fue negada por parte de la Procuraduría General de la República, una indemnización por el daño causado.

Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan fueron acusadas y detenidas por el presunto delito de secuestro de seis agentes de la extinta Agencia federal de Investigaciones (AFI), hace 11 años, pasando tres en prisión.

Durante el evento, agradeció el procurador también la presencia y la labor que día con día realizan las personas defensoras de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, nacionales e internacionales, para proteger los bienes esenciales que garanticen una vida digna, libre de violencia y discriminación.

Así como a los medios de comunicación que acompañan a la Procuraduría General de la República en el cumplimiento de esta obligación jurídica ineludible; pero ante todo, de un acto de justicia y humanidad insoslayable, dijo.

Expuso el funcionario que Alberta, Jacinta y Teresa, al exigir lo que por justicia y por derecho les corresponde, dieron un mensaje de verdadera democracia a nuestro país y movilizaron al Estado hacia su verdadera función: cumplir con lo que mandata la Constitución.

Sus casos rebasaron la esfera personal, por tratarse de bienes que, como Estado democrático constitucional, nos interesa preservar, como es el debido proceso.

Tal y como lo señaló el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Procuraduría General de la República contravino en el pasado, el principio de presunción de inocencia en agravio suyo, interfiriendo injustificadamente en su proyecto de vida.

Dicho órgano jurisdiccional determinó que ustedes tuvieron la razón. Que la Procuraduría hizo mal su trabajo, lo que les ocasionó daño moral.

Por lo tanto, resulta un deber ineludible en términos constitucionales y de las sentencias emitidas con motivo de la negativa de indemnización solicitada, cuyo cumplimiento nos reúne en este momento, reparar el daño moral causado en relación a la difusión que en su momento se diera a través de los medios informativos, del señalamiento de responsabilidad de los delitos que les fueron indebidamente imputados por la autoridad.

Derivado de esas manifestaciones, la PGR incurrió en una actividad indebida y generó con ello una afectación a su honor, a su propia imagen y a la percepción generada en su comunidad respecto de ustedes; por ello, sirva este acto para ofrecerles públicamente una disculpa en español y en hñähñú, como medio de reparación del daño.

Solicito al público asistente se ponga de pie para dar paso al acto formal de reconocimiento de inocencia.

Considerando la petición de Alberta, Teresa y Jacinta de desarrollar en dos momentos el acto que hoy nos congrega en este primer momento y en mi carácter de titular de la Procuraduría General de la República y en cumplimiento de las sentencias dictadas el 20 de noviembre de 2013, por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; a ustedes: Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, reconozco públicamente su inocencia respecto de los delitos que se les atribuyeron y por los que de forma incorrecta, fueron privadas de su libertad.

Lo anterior, en cumplimiento de la sentencias distadas por el Tribunal de Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el 20 de noviembre de 2013 y con estricto apego a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver que las pruebas en su contra no resultaban suficientes para demostrar la existencia de las conductas que les fueron atribuidas de manera infundada.

Reconocimiento de inocencia y disculpa pública a Jacinta Francisco Maciel

Nuevamente solicito al público asistente se ponga de pie para dar paso al acto formal de reconocimiento de inocencia y disculpa pública.

Atendiendo a su petición, a usted Jacinta Francisco Marcial, reconozco públicamente su inocencia, respecto de los delitos de los que se les acusó y por los que fue privada de su libertad, lo anterior en cumplimiento a la sentencia del 28 de mayo de 2014, emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en concordancia con la determinación del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, en la que acreditó la existencia de violaciones flagrantes al debido proceso.

En plena observancia a su demanda, sirva esta acto para ofrecerle, Jacinta Francisco Marcial, una disculpa pública por haber sido sujeta a un proceso penal por delitos que no se acreditaron, tal y como lo ordenó el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Con la finalidad de asegurar una justicia integral, así como dar absoluto cumplimiento a las obligaciones vertidas en las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, he instruido a la Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República y a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, difundan este mensaje en español y en hñähñú, así como los extractos de las sentencias mencionadas, en los medios de comunicación, con la misma relevancia y espacio, así como a la misma audiencia que se hizo en su momento la denegación de reconocimiento de inocencia.

Lo anterior, con el ánimo que hechos parecidos no ocurran nuevamente.

Alberta, Jacinta y Teresa:

Si bien es cierto que el acto que, de forma dolorosa nos reúne en este día, se apega estrictamente a los términos determinados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en las sentencias correspondientes. También lo es que la razón que lo motiva es el firme compromiso de acatar de formal cabal el deber que impone el artículo, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a todas las autoridades del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y en consecuencia prevenir, investigar, sancionar y, ante todo reparar las violaciones a los mismos.

En este sentido, la PGR se compromete a garantías efectivas que aseguren que hechos como éstos no vuelvan a repetirse, como lo es el diseño de una nueva arquitectura institucional al interior de la Procuraduría General de la República, que asegure una justicia incluyente y efectiva como está en proceso y reconoció Mario Patrón.

Esta acción resulta irrenunciable para alcanzar los fines constitucionales del proceso penal, establecidos en el artículo 20, apartado A, fracción I: lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las personas inocentes, procurar que las personas culpables no queden impunes, que los daños causados por el delito se reparen y lograr la solución pacífica de los conflictos sociales.

Esa es nuestra primordial aspiración: proteger y garantizar la dignidad humana, como son las mujeres indígenas.

Se busca justicia y verdad, concluyó.

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