Zacatecas, Zac.-Amalia García Medina, ex gobernadora del estado de Zacatecas, comentó sobre la Controversia Constitucional que se interpuso por parte del presidente Enrique Peña Nieto en el tema del Impuesto Minero en la entidad, que debe hacerse una gran revisión en materia hacendaria, además de revisar la Ley de Coordinación Fiscal, ya que ésta se ha considerado por muchos como injusta.Habría que poner en el centro, en primer lugar, grabarse a quienes más recursos obtienen, es decir, las ganancias de quienes más tienen, y una verdadera reforma hacendaria debe considerar que estas empresas contribuyan más. No solamente las personas físicas, sino también las morales, y el Impuesto Ecológico va orientado en el sentido de que aquellos que tienen enormes ganancias contribuyan más con el país, y específicamente con Zacatecas.

Ya hace algunos años entidades con riqueza petrolera lograron un recurso compensatorio por la explotación de esos recursos naturales. Quedaba pendiente que se discutiera el mismo tema para las entidades con riqueza minera. Se avanzó, pero muy poco en la Legislatura federal pasada. Ahora en Zacatecas se ha propuesto de nueva cuenta el asunto para nuevamente discutir estas medidas compensatorias indispensables a estados que tienen una riqueza, pero a los que se les canaliza muy pocos recursos de la Federación y tienen enormes necesidades.

“Me parece que es un impuesto que espero llevar a una discusión sobre la Ley de Coordinación Fiscal y también a una discusión sobre la reforma hacendaria que grabe a quienes más tienen y que deben contribuir más. El camino es adecuado, y debe llevar a la suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) a hacer una reconsideración no sólo del rumbo que ha tomado Gobierno del Estado de Zacatecas y el Congreso local, sino a una discusión general en la materia”, dijo.

Sobre la controversia constitucional presentada por el Gobierno federal, dijo que la Federación lo que pone en el centro es la concentración de decisiones, hay una centralización de decisiones que es lesiva para los estados. El debate se presentó desde hace tiempo, y es oportuno que en la SCJN se dé el debate sobre el recurso interpuesto en un sentido diferente. Esto es, debe plantearse qué tanto deben participar las entidades federativas de la riqueza de la nación.

Lo que hoy se canaliza a los estados es el 20% de la recaudación federal participable, cantidad que es ínfima, y se necesita una mejor distribución de fondos para las entidades, cuando están contribuyendo con tanto.

Es natural que Gobierno federal haya interpuesto la controversia porque pretende mantener un control centralizado en materia política y de los recursos, pero “esto no lo comparto, no de ahora, sino nunca”.

Dijo Amalia García que cuando fue gobernadora planteó la posibilidad de regresar la responsabilidad de los pagos a maestros al Gobierno de la República, porque lo que aportaban era insuficiente para responder a las obligaciones. Sin embargo, la Federación tuvo que dar marcha en la falta de atención a Zacatecas, y “el presidente Fox me llamó, en su momento”.

Lo realizado por el gobernador Alejandro Tello, agregó la ex mandataria, apunta a un gran debate y una discusión en el sentido correcto, y como parte del planteamiento de una distribución más justa hacia los estados, una mayor participación de los fondos, y una compensación por la explotación de estos recursos naturales también deben considerarse, lo mismo del debate de a dónde van esos recursos, los cuales deben ser para garantizar educación, salud, seguridad y empleo digno. La gente respalda esta aplicación, porque se van a mejorar las condiciones de vida y el desarrollo.

Manifestó que está de acuerdo con la decisión de Gobierno del Estado y de la Legislatura, al mismo tiempo que espera que se dé un debate nacional de mayores proporciones, indispensable en estos momentos del país.

Sin embargo, no se han tenido voces de otros gobiernos estatales que se pronuncien en este sentido, y habría que propiciar un debate de los expertos en materia de reforma hacendaria. Que más aporte quienes más ganan para una mejore repartición de los recursos, insistió.

Por otro lado, dijo que no le queda duda de que el recurso de la controversia ha sido por iniciativa de los grandes intereses económicos, y lo presentó el Gobierno de la República por la presión de las empresas mineras. Esto resulta muy lamentable y preocupante y no debería ser. Lo que las empresas mineras señalaron es que presentarían una controversia y ha sido el Gobierno federal quien la presenta.

Es “una raya más al tigre, y pareciera que Gobierno federal está al servicio de los intereses de los grandes capitales y resulta penoso”, aseveró, en lugar de entrar en diálogo con los estados.

En caso de que la SCJN eche para atrás la iniciativa del Impuesto Ecológico, agregó García Medina, quien pierde es el país, no Tello o sólo Zacatecas, porque se pone en el centro que no se quiso hacer una verdadera reforma fiscal con una nueva visión.

Lo ideal sería, además, que los gobiernos como el de Zacatecas explicaran claramente hacia dónde se canalizaría ese recurso. La población no quiere más endeudamientos, pero tampoco debe usarse el recurso para pagar deudas que no se han revisado a fondo, en asuntos del pasado. La SCJN debería convocar a un análisis no sólo de la Constitución, sino dar el espacio para revisar la materia hacendaria en México, lo mismo que en materia de coordinación fiscal.

Quienes perderían serían muchos mexicanos, por lo que se pronunció con la determinación del gobernador. Ojalá que exista un mayor pronunciamiento en el país por más justicia en la distribución de los recursos y que se pague más por parte de quienes ganan más.

Por ahora los estados no reciben a cambio ni una mínima parte de los recursos que aportan, y en el caso de Zacatecas, históricamente se señala que con la riqueza minera seguramente se financió la primera revolución industrial y el desarrollo del capitalismo en Europa, con la riqueza de las minas de plata y otros minerales que llegaron por el Atlántico hacia España, los Países Bajos y luego a Inglaterra.

Es decir, argumentó la ex gobernadora, que esta riqueza ha contribuido con la transformación del planeta y con la riqueza del país, por lo que es “absolutamente justo que en pleno siglo XXI se le reconozcan recursos a las entidades que generan tanta riqueza”.

Más aún, el planteamiento que hay en Gobierno y Congreso del estado es interesante, ya que determinaron establecer un impuesto ecológico y evitaron una controversia por los impuestos que se originan en la minería. Esta es una decisión inteligente, y se espera que en la SCJN se analice que es un impuesto ecológico y no de extracción minera, que le corresponde a la Federación.

La entrevista con la ex mandataria del estado se dio la mañana de este lunes en el programa radiofónico “A Tiempo”, con el periodista Francisco Elizondo, quien dio paso a preguntas del auditorio. Una de ellas fue que por qué no se impuso este impuesto ecológico cuando llegó la empresa Gold Corp a Zacatecas, a lo que respondió Amalia García que se dio una gran batalla con el Gobierno federal, parecida a la actual.

Fue una discusión muy intensa, pues es la Federación la que tiene las atribuciones sobre la riqueza del subsuelo. Ahora ya no, sino que son las compañías privadas las que tienen el monopolio de las riquezas mineras y del petróleo, además del gas. Sin embargo, ha sido Gobierno federal quien ha tenido el control, y por eso se espera que en un gran debate se señala que genera inquietud que las concesiones se otorgaran sin tomar en cuenta las opiniones de los estados.

En el caso de Zacatecas una de las inquietudes de muchos en su gobierno, dijo, es que cualquier concesión federal debería pasar por la opinión de la entidad, cosa que no se dio. Las relaciones se tensaron también por otras compañías mineras.

Se ponía como ejemplo el caso de Costa Rica, que tiene una gran riqueza minera y petrolera, pero decidieron ahí no explotarlas para proteger su entorno y medio ambiente. Esta decisión se dio hace 50 años, es decir, se tenía una visión muy avanzada. En México no se ha procedido así ni se ha cuidado el entorno de las poblaciones donde está esta riqueza”. No se trata de un pleito con las mineras, sino de un hecho de justicia”, expuso, el que se garanticen recursos para Zacatecas, y en la materia la que tiene que ver con el medio ambiente y la remediación, obligación que es internacional por el Protocolo de Kioto, por ejemplo, donde Estados Unidos se ha negado a suscribirse, debe considerarse el tema de medidas de control a la explotación ya al daño al planeta, dejando de lado los intereses económicos y la ganancia.

Somos muchos en el planeta los que consideramos que quien contamina no sólo tiene que pagar, sino remediar y suspender esa agresión al medio ambiente. Externó su simpatía por todo aquello que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y de la remediación.

Otra de las preguntas del auditorio señala que si es cierto que su administración y la de Ricardo Monreal son las causantes del déficit económico que se padece en la entidad, respondiendo la ex gobernadora que “son cosas que llevaría mucho tiempo tratar”, pero la deuda que dejó Monreal fue de aproximadamente 500 millones y la que dejó ella fue de 682 millones.

Esto se estableció en la información que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero son temas de otro ámbito.

Finalizó la ex mandataria comentando que más allá de debates y de diferencias políticas que pudiera haber con Godezac, esta decisión que ha tomado la administración estatal y el Congreso debería respaldarse por todo el mundo. “En lo personal yo la respaldo”, concluyó.