Zacatecas, Zac.-En conferencia de prensa, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos, dio a conocer a la ciudadanía la recomendación general que se hizo a los presidentes municipales e integrantes de los 58 ayuntamientos de la entidad, derivada de la visita de supervisión realizada a los separos de las policías preventivas.
De acuerdo a las disposiciones legales, dijo, le corresponde a la CDHEZ la supervisión de los separos preventivos para garantizar que las personas que se encuentren privadas de su libertad en estos lugares sean respetadas en cuanto a sus derechos humanos, garantizando con ello su dignidad humana.
Así, durante los meses de febrero, marzo y abril del presente año, se llevó a cabo la señalada supervisión en los 58 municipios, conforme a la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria que utiliza la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para el tema, analizándose, entre otros aspectos, la existencia y capacidad de las instalaciones necesarias para el funcionamiento de los separos preventivos, las condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a los detenidos, las condiciones e higiene del área médica, la existencia de personal médico, normatividad que rige los separos preventivos, personal policiaco y la existencia y capacidad del personal del área de Trabajo Social.
Además, se revisó que existiera y la capacidad del personal de psicología, de área jurídica y del área de la prevención del delito. Esto es, se analizaron las situaciones de infraestructura, normatividad y personal que labora en las policías preventivas, además de otros aspectos.
Lo anterior, en virtud a los antecedentes que existen en el estado, y los cuales demuestran que de 2008 a 2017 han muerto 12 personas en los separos de 13 municipios. En 2008 falleció una persona en Atolinga, otra en Villa Hidalgo y una más en Concepción del Oro. En 2001 murió una persona en Chalchihuites, en 2012 otra en Cañitas de Felipe Pescador, otra en Río Grande y una más en Jerez. En 2013 falleció una persona en Fresnillo y en 2014 una en Zacatecas.
En 2015 perdió la vida una persona en Guadalupe y otra en Apozol, además de que en 2016 murió una persona en Sombrerete. “Particular importancia reviste la muerte de una persona en los separos preventivos del municipio de Zacatecas acaecida el 29 de enero de 2017”, sostuvo.
También señaló que es obligación de las autoridades municipales implementar una serie de acciones y medidas que tiendan a prevenir las violaciones a los derechos humanos de las personas, máxime de los detenidos en los separos como producto de faltas administrativas, en cuyo caso sólo se podrán aplicar sanciones como multas, arresto de hasta 36 horas o trabajo en favor de la comunidad. Así, es responsabilidad de dichas autoridades garantizar la vida y la integridad física, psicológica y moral, así como la dignidad de los detenidos, aseguró la ombudsman.
Luego de la supervisión, se detectaron 25 observaciones, entre las cuales se encuentra el hecho de que las condiciones de las instalaciones son deficientes, pues en 16 municipios la infraestructura se puede calificar como mala y en 34 como regulares, lo que representa 86.20% . En 20 municipios, 34.44%, van de mala a regular en lo que tiene que ver con la ventilación.
En 18 municipios la iluminación, que representa 31%, es mala o regular, y en 13 municipios, 22%, no se cuenta con tasa sanitaria al interior de la celda. En 57 municipios no se cuenta con lavabo al interior de las celdas, lo que representa 98%. También en 18 municipios no se cuenta con privacidad en el uso del servicio sanitario y en 35 no se tiene suministro de agua para saneamiento sanitario, y en 11 municipios no se tiene una plancha para los detenidos puedan sentarse o acostarse.
En 26 municipios no se cuenta con puertas adecuadas para prevenir el suicidio, y en 31 municipios no se cuenta con ventanas adecuadas para el mismo fin. En 29 del total de los separos no hay espacio para albergar mujeres, de maneta que conforme llegan se les puede ubicar también con hombres.
Tampoco se cuenta en 27 municipios con espacios para albergar menores de edad, lo que viola los derechos humanos de este sector, agregó Domínguez Campos, y en 33 municipios no se tiene circuito cerrado de videograbación, mientras que en ocho sí se tiene el equipo, pero no funciona. Esto significa que no hay un monitoreo permanente de los detenidos en cada una de las celdas.
Algo muy importante es que en los 58 municipios no se tienen los suficientes elementos policiacos, pues apenas se tienen mil 378 elementos de los cuales mil 145 son hombres y 233 son mujeres. No hay personal femenino en 21 municipios.
Además, hay 26 municipios que cuentan con menos de 10 elementos policiacos para cumplir las funciones de seguridad pública y prevención del delito. Incluso, aseveró, se tiene un municipio donde solamente existe un elemento de policía, que además es mujer, y cumple diversas funciones como la de juez que impone las sanciones a los detenidos.
En dos municipios sólo hay dos policías y en otros dos hay nada más tres, informó la titular de la CDHEZ, al tiempo que señaló que en otros dos municipios apenas sí son cuatro elementos policiacos, y siete ayuntamientos tienen sólo cinco policías.
En similares condiciones se encuentran otros municipios, de maneta que en 26 ayuntamientos apenas existen 153 elementos.
No hay personal médico en 53 municipios, contando solo cinco ayuntamientos con el servicio. Estos son Fresnillo, Guadalupe, Loreto, Tlaltenango y Zacatecas. No se cuenta con área médica en 55 municipios y sólo 3 sí cuentan con el espacio. No hay personal de psicología en 54 municipios y no lo hay de Trabajo social en 55 municipios. Personal jurídico no lo tienen 50 municipios, y en cuatro municipios no se cuenta con juez comunitario.
Por otro lado, sostuvo que no se cuenta con reglamentos ni protocolos actualizados que permitan llevar de la mejor manera los procedimientos ante cualquier circunstancia.
Así las cosas, la CDHEZ, recomendó a los alcaldes y miembros de los ayuntamientos, que deben cumplir y hacer cumplir lo establecido en la Constitución Política de los EUM, en su artículo primero, en el sentido de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, según los principios universales. También es obligación del Estado el prevenir, investigar y sancionar las violaciones al tema.
Además, se debe garantizar el derecho a la libertad y seguridad de todas las personas, pues de acuerdo a normas internacionales, nadie puede ser detenido de forma arbitraria, salvo norma de por medio. Así, no deberán las autoridades realizar detenciones arbitrarias de personas.
Del total de quejas entabladas contra los policías municipales de 2014 a 2017, que son 437, 56.52% fueron señaladas por los quejosos como detenciones arbitrarias por parte de los elementos policiacos, advirtió Luz Domínguez.
La tercera recomendación consiste en que se debe cumplir y hacer cumplir el derecho a la seguridad pública, seguridad jurídica y legalidad de las personas, lo que conlleva a las autoridades a implementar medidas para prevenir violaciones a los derechos humanos. Al nivel municipal sólo corresponde aplicar sanciones por las violaciones a los reglamentos de policía, consistentes en multa, arresto o trabajo en favor de la comunidad. Al ser detenida una persona debe ser puesta de inmediato ante el juez comunitario para que se establezca la sanción correspondiente, lo cual no ocurre en ocasiones debido a que el juez está en lugar distinto al de los separos.
También se estableció por parte de la CDHEZ que los ayuntamientos deben respetar el derecho a la vida y la integridad física, psicológica y moral de los detenidos, y su custodia y atención deben cumplir con los estándares internacionales, es decir, que hay que proporcionar un trato humano a quienes están en los separos. Esto es básico, enfatizó la titular de la CDHEZ para evitar que persona alguna pierda la vida al interior de los separos, que sea torturada o maltratada por los elementos policiacos o sea agredida por otros detenidos u otros servidores públicos.
Cabe señalar que de 2014 a 2017 se recibieron 487 quejas ante el organismo en las que los quejosos señalaban haber sido lesionados al interior de los separos por parte de elementos de la policía en 37%. Muchas de las víctimas tienen denuncias penales ante el Ministerio Público por las lesiones que se les ocasionaron, ya que éstas son de las que tardan más de 15 días en sanar.
La quinta recomendación va en el sentido de que se tomen las medidas administrativas y presupuestales necesarias para mejoras las condiciones de infraestructura y mobiliario de los separos, garantizando la vida y la integridad, además de la dignidad de los detenidos.
La sexta señala que se deberán crear espacios para albergar a las mujeres detenidos y a los menores de edad. Los detenidos deberán ser certificados al ingresar a los separos para verificar las condiciones físicas en las que están, y de ser necesario deben ser canalizadas al área médica.
Éste elemento es muy importante, añadió Domínguez Campos, ya que algunas de las personas que han muerto al interior de los separos ya traían alguna afectación física que al final de cuentas les costó la vida.
También deberán equiparse los separos de todos los municipios de equipo de videograbación que funcione las 24 horas del día, con lo que se estará monitoreando permanentemente a los detenidos. Sin embargo, es necesario respetar el derecho a la privacidad, y esto puede llevar a evitar suicidios, riñas u otras situaciones. También se evitará que el personal policiaco agreda a los detenidos. Del mismo modo, el sistema podrá garantizar la integridad física de los propios policías, ya que se dio el caso que un detenido en los separos de Chalchihuites agredió al director con arma de fuego y el funcionario perdió la vida.
La recomendación señalada fue presentadas a las autoridades, incluidas las municipales de los 58 ayuntamientos, así como estatales, y tiene el carácter de pública. Se emite con el objetivo básico de que se respeten los cambios y modificaciones que propicien la violación de los derechos humanos.
Tiene que haber un cambio de cultura, subrayó, en todos los funcionarios y policías, basado en el respeto a la ley y el estado de Derecho, además de los derechos humanos. Hay que tomar en cuenta que están bajo su resguardo la vida y la integridad de las personas detenidas, comento. Ante todo, se debe evitar la muerte de alguna otra persona en las instalaciones de las policías preventivas.
